La injerencia de las trasnacionales en las políticas universitarias con la complicidad del Estado

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que nuclea a las universidades nacionales de Argentina como organismo coordinador de las políticas universitarias, tiene entre sus funciones el «establecer, ampliar y coordinar relaciones de todo orden con otros organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros en general, y especialmente con aquellos que puedan otorgar líneas de financiamiento, colaboraciones o donaciones de fondos e implementos y apoyo técnico, para la ejecución de programas, proyectos y actividades, en el área científica, tecnológica, cultural y deportiva»(1). Los estudiantes que participan del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) vienen exigiendo fuertemente que este organismo no sea socio de las empresas responsables de la contaminación y el daño ambiental.(2)

Las miradas están puestas hoy sobre los intereses que se esconden bajo las inversiones millonarias que las universidades nacionales estarían recibiendo -aceptadas por el CIN- producto de las actividades de la mina de Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca.

La Agencia de Noticias Biodiversidadla dialogó con Santiago Liaudat, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), sobre la injerencia de los organismos privados y las corporaciones trasnacionales en las políticas de educación superior, en la complicidad de los funcionarios del Estado y en la captación que realizan las empresas del conocimiento y el valor humano que se genera en los centros de estudio públicos para satisfacer sus propios intereses.

– ¿Cuál es la denuncia que están realizando como estudiantes respecto a la aceptación de fondos millonarios de la mina de Bajo de la Alumbrera por parte de las universidades?

Esta situación entendemos que refiere a un modelo de universidad que está puesto en función de los intereses de empresas multinacionales, y en este caso empresas contaminantes y saqueadoras. El debate que los estudiantes en diversas universidades del país venimos trayendo tiene que ver con qué modelo de universidad queremos: una universidad que esté pensada, que esté investigando y educando en función de las necesidades de nuestro pueblo o una universidad que esté pensada en función de la ganancia y de intereses del saqueo y la contaminación. El debate de fondo es éste, qué educación queremos, qué educación tenemos. Esto viene a sacar a la luz el vínculo directo que hay de intereses entre las autoridades de algunas universidades y estas empresas, en este caso mineras.

– El CIN, ¿cuenta con la participación de los estudiantes?, ¿cómo está integrado?

No, no, en absoluto. Es un órgano que es creado después de lo que fue la Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno menemista, y lo que pretende ser es un órgano de coordinación a nivel nacional de todas las universidades. Hay representantes del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual el Gobierno Nacional no es ajeno a estas políticas, sino que a través mismo de las propias universidades está siendo partícipe de esto. Este órgano no tiene en absoluto representación (de los estudiantes), como estamos acostumbrados en nuestras facultades, de co-gobierno, sino que aquí la participación es enteramente de los rectores.

Este consejo es el que traza a grandes rasgos las políticas educativas para la educación superior a nivel nacional. Lo que queda planteado en la conformación de este órgano es cómo ya las propias universidades privadas están teniendo representación detrás un eufemismo que aparece en la década del 90, que era el de las «universidades públicas de gestión privada», y en ese sentido son empresas que imparten educación.

-¿Cómo comenzó el debate dentro de la universidad, en las agrupaciones? ¿existe esta discusión con el resto de los estudiantes?

Masivamente no está este debate planteado. Te puedo trasmitir un caso. Aquí el martes pasado tuvimos en la Universidad Nacional de La Plata el funcionamiento del Consejo Superior, que es el órgano máximo de la universidad. Dimos lectura a este documento y propusimos que el Consejo se expida, y el Consejo Superior, como nos tiene acostumbrados, lo que hizo fue pasarlo a comisión y no darle tratamiento. Falta un trabajo alrededor de este tema en la universidad. Por otro lado están aquellos que tienen intereses, principalmente facultades vinculadas a los negocios extractivos, y por otro lado está la necesidad de hacer un mayor trabajo en las facultades con los estudiantes, con docentes, para trabajar esta problemática y que sea una realidad más palpable.

Resulta que nosotros mismos hace poco tiempo que estamos viendo esta problemática, la realidad acuciante con la cual vivimos hoy, y con la realidad que se nos impone. Hoy es una realidad mucho más palpable que hace un par de años, también a partir del trabajo de las asambleas ambientales a lo largo de todo el país. Esto empieza de a poco a tomar carne, a hacerse visible para los sectores más informados de la vida universitaria. Ahora está el desafío de que esto sea más masivo y que el repudio se generalice, porque si queda solamente en sectores más informados no toma la fuerza necesaria como para garantizar que no suceda más, que la universidad empiece realmente a torcer su rumbo, deje de estar mirando los intereses de estas empresas, y pase a mirar las necesidades de nuestros barrios y de nuestra gente.

– Hay algunas universidades que sin embargo han rechazado la recepción de estos fondos.

Hasta donde tenemos conocimiento lo rechazó la Universidad de la Patagonia, la sede de Esquel, y creo que ahí estaría muy vinculado al proceso de lucha que se dio desde la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), si recordamos que hace un par de años se dio una lucha muy importante para rechazar la minería del oro en base a cianuro que se quería hacer allí, la comunidad entera se puso en pie y rechazó eso. En ese caso la universidad estaría haciéndose eco de esa movilización popular que se dio en Esquel. La otra facultad que ha rechazado esto es la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba. Hace poco tiempo nos escribió gente de Córdoba avisándonos y trasmitiéndonos la realidad de esa facultad, y nos pone muy contentos que haya ocurrido eso.

-¿Conocen el destino que tendrían estos fondos, si hay algún compromiso que las universidades asumen con la empresa minera para la utilización de los mismos?

Nos enteramos directamente vía el diario Página 12(3), de todos modos esto no es secreto, se puede consultar en la página web del CIN. No es una cosa extraodinaria en la vida universitaria después de los 90. Las universidades nacionales, casi todas, no quiero generalizar, reciben fondos de empresas privadas. Esto es más controvertido y genera más ruido porque la Minera Alumbrera está procesada por la justicia federal por contaminación ambiental, venimos de una represión en Famatina en La Rioja, genera mayor repudio y enseguida se prende la luz roja, pero las universidades ya hace más de una década que reciben fondos de empresas privadas. Empresas como Repsol, empresas mineras, de agronegocios, la mayor parte de las universidades reciben esos fondos después de (sancionada) la Ley de Educación Superior sancionada entre el 95 y 96, con el eufemismo de «recursos genuinos», «recursos propios», como si los recursos que provienen del Estado Nacional para solventar las universidades no fueran recursos genuinos, como si no fueran recursos propios.

Qué tipo de contraparte seguiría con la empresa sí que no se sabe, esa parte no es pública, no se tiene conocimiento. Se ha tomado conocimiento de casos más extremos, como alguna empresa de (telefonía) celular que llevó a elaborar planes de ingeniería de alguna facultad o vínculos que después realiza la facultad con stands de las empresas, para que los graduados de carreras como geología y geoquímica tomen contacto directo con la empresa y vayan directamente a trabajar a las minas, a las empresas petroleras y demás. Es una realidad que se vive sobre todo en las facultades de ciencias exactas y vinculadas al trabajo con la tierra, con el trabajo extractivo, sea el caso de la minería, sea el caso de la industria petrolera, ahí se vive mucho más esto, y con la agronomía, donde las empresas ya tienen directamente stands dentro de las facultades. Vinculan a los graduados con esa salida laboral entre comillas «que te venden», con la panacea de un mundo feliz, que encubre todo lo que nosotros estamos queriendo plantear aquí, que esconde todo un modelo económico extractivo y contaminante, basado en el saqueo, y que desconoce a las comunidades que están al pie de los cerros, que están sufriendo directamente la contaminación, que indirectamente sufrimos todos.

– ¿Sentís que hay un interés corporativo para limpiar la imagen de estas empresas y mostrar una imagen «comprometida» con la educación, asegurando por otro lado estudiantes que aspiren a ese tipo de salida laboral?

Sí, por supuesto. En el caso de estas inversiones en educación que hacen las empresas, que son prácticamente inversiones, buscan un rédito en vincular a los graduados, y por otro lado está esto de «lavarse la cara». Uno está acostumbrado, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que eventos de las universidades, eventos educativos, estén financiados directamente con los logos en los volantes, en los panfletos que te distribuyen, por empresas multinacionales. No es raro encontrarse en las facultades con «congresos» donde directamente tienen el logo y están sponsoreados por empresas como Minera Alumbrera, Repsol, Monsanto. No es extraño y de hecho se va conformando en algo cada vez más habitual, por eso todo el trabajo que tenemos que empezar a generalizar de repudio y de toma de conciencia alrededor de este tema.

Cuando se invierte, los medios nos venden esto de «que bueno que estas empresas inviertan en educación», y un poco intentan desacreditar las denuncias de los que estamos sufriendo esta situación. Al mismo tiempo sabemos nosotros que esto encubre un sentido económico netamente, no hay una inversión en busca de la mejora educativa, sino de la mejora para su bolsillo.

– ¿Esto podría condicionar cualquier análisis crítico o incluso investigaciones que puedan realizarse al interior del ambito estudiantil a la hora de analizar a empresas como Minera Alumbrera ó a industrias como la minería?

Sí, si, claro. De hecho, hace alrededor de dos meses hubo un docente de la UBA (Andrés Carrazco) perseguido dentro de la propia universidad porque estaba haciendo investigaciones que mostraban los efectos nocivos de lo que está ocurriendo con el agronegocio, lo que ocurre en nuestras comunidades del interior. Después aparece de forma mucho más invible cuando uno intenta renovar su cargo, intenta buscar un beca, y hay una lista negra de docentes que por sus trabajos, por su ideología, por su forma de pensar, no tienen acceso a determinados cargos en la universidad. Eso ocurre y es moneda corriente en las universidades. Ocurre en las universidades más grandes y en las universidades más chicas del interior, que por ahí tienen menor vida democrática y ocurre con mucha más fuerza.

Es directo el vínculo de esta inversión económica y el control directo o indirecto de planes de estudio, de perfiles de egresados, de inserción laboral, de investigación, de extensión. Las empresas pasan por sobre órganos, aunque sean populares, aún del mismo Estado, delinean las políticas de la educación superior a nivel nacional. Uno se encuentra con que las empresas terminan direccionando este conocimiento, esta ciencia que se produce dentro de nuestros laboratorios y aulas universitarias, en función de hacer crecer sus ganancias y no en función de las mejoras del bienestar general.

– ¿Ustedes tienen vínculo con las asambleas que vienen resistiendo el avance de los emprendimientos extractivos?

Yo te puedo hablar especialmente desde mi experiencia, sobre todo en la «Comisión de Estudiantes de Geografía» en mi facultad, tiene un vínculo muy marcado con la UAC de La Rioja, e inclusive se ha estado participando de los encuentros. Hemos hecho charlas, aquí en la universidad y en otras universidades también, con representantes de diferentes asambleas y ese vínculo existe y queremos profundizarlo.

Se está intentando conformar una red, una organización que nuclee lo que son las asambleas ambientales de la zona metropolitana. Venimos un poco rezagados con respecto a lo que ocurre en otros puntos del país, donde quizás también la producción extractiva es mucho más visible que en las grandes ciudades, pero bueno, aquí también estamos sufriendo los efectos de la contaminación. De a poco también en la zona metropolitana empiezan a organizarse asambleas y colectivos contra la contaminación. Algunos tienen un tiempo ya, otros son más recientes, esto de a poco va llegando a las universidades, y la idea es que se multiplique para que la denuncia tome cuerpo y sea efectivamente un freno para las pretensiones de estos empresarios y de las autoridades mismas de la universidad, que tienen un modelo de economía, de país y de sociedad, que es muy distinto al que pretendemos desde las asambleas ambientales y desde las organizaciones populares en general.

– ¿Cuáles son las agrupaciones estudiantiles que vienen denunciando esta situación?

En la universidad, con todo el variopinto que encontramos de agrupaciones, como que todavía no se ha instalado fuerte la militancia estudiantil alrededor del saqueo. Son solamente algunos grupos, algunas agrupaciones que empiezan a trabajarlo. Como Frente (Popular Darío Santillán) ya hace un par de años que estamos trabajando en las universidades que tenemos presencia, que son La Plata, Rosario, Mar del Plata, Comahue, la Universidad de Tandil, Luján y algunos institutos de educación superior. Se empieza a trabajar de a poco este tema, el saqueo de los recursos naturales, qué tipo de producción extractiva debería realizarse, porque no solamente decir «no a esto», sino «no a esto porque es esto otro», y salen debates que son muy interesantes alrededor de toda esta temática.

Creemos que se va a instalando una conciencia de la importancia de esto. Creo que se podría equiparar respecto a lo que ocurrió dentro de la propia izquierda, en la militancia que quiere un cambio social, con lo que fue el tema de género. Hace décadas no era visto el tema de la opresión de las mujeres como un tema a trabajar y hoy está muy extendido, y todas las agrupaciones tienen algún trabajo alrededor de la cuestión de la mujer y la violencia de género, y creo que en lo ambiental, esperemos que no pase mucho tiempo más, va a pasar algo parecido. Todos los agrupamientos van a ver la importancia de difundir esta realidad, y que la vida de nuestro país no pasa sólo por las grandes ciudades.

En nuestro interior profundo, está ocurriendo todo esto que estamos queriendo poner sobre el tapete. Es un modelo económico que es insostenible, es insustentable en el tiempo. Ese es el debate que queremos empezar a instalar en la universidad, y creemos que de a poco va tomando cuerpo.

Notas:
(1) CIN, reseña histórica
(2) Estudiantes de 8 universidades nacionales exigen al CIN que no sea socio de empresas contaminantes.
(3) El oro no brilla en la academia, diario Página/12, Viernes 5 de junio de 2009