El año pasado hubo menos denuncias por violaciones a las libertades de expresión y de prensa en África austral, pero la situación es disímil en cada país, según la evaluación de una organización especializada. Los principales avances se registraron en Angola, «que vive una apertura luego de décadas de conflictos», indicó la directora regional del […]
El año pasado hubo menos denuncias por violaciones a las libertades de expresión y de prensa en África austral, pero la situación es disímil en cada país, según la evaluación de una organización especializada.
Los principales avances se registraron en Angola, «que vive una apertura luego de décadas de conflictos», indicó la directora regional del Instituto de Medios para África Austral (MISA), Kaitira Kandjii.
MISA es una organización no gubernamental con sede en Windhoek, capital de Namibia, que aboga por la libertad de prensa en las 14 naciones de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)
«En 2002 se aprobó en Angola una ley de acceso a la información, un lindo gesto de las autoridades pero que aún requiere de muchas mejoras», añadió Kandjii.
MISA recibió 155 alertas de violaciones a la libertad de expresión y la de prensa en 2005 en los 11 países del SADC que cubrió la investigación, según su informe titulado «¿Así que esto es democracia? Informe sobre el estado de la libertad de prensa y de expresión en África austral».
«Esta es una disminución en 8,3 por ciento respecto de las 169 alertas registradas el año anterior y un aumento de 57 por ciento respecto de las 84 que recibió en 1994, cuando la organización comenzó a evaluar el asunto en la región», indica la publicación.
Los países examinados son Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe.
«Un desglose de las 155 alertas revela, entre otras cosas, que 16 periodistas fueron atacados, 14 detenidos y 36 censurados, mientras se contaron nueve victorias, ya sea porque se adoptó alguna normativa positiva o porque se retiraron los cargos contra algún periodista», informa MISA.
«No murió ningún periodista a causa de su trabajo en 2005», agrega el estudio.
Sin embargo, «tenemos algunos desafíos serios con las leyes de algunos países de la región, entre ellos Swazilandia y Zimbabwe», dijo a IPS William Bird, director del Proyecto de Control de Medios, organización no gubernamental con sede en Johannesburgo, centro financiero de Sudáfrica.
MISA concuerda con que Zimbabwe es uno de los peores países de la SADC para el trabajo periodístico.
«A pesar de que Zimbabwe encabeza la lista con el mayor número de violaciones individuales, MISA documentó allí una reducción de 62 por ciento en el número de violaciones en general, de 120 en 2002 a 46 en 2005», dijo la organización.
Pero no se trata necesariamente de una señal positiva. Kandjii atribuye esta disminución «al hecho de que los medios independientes han sido silenciados con eficacia mediante la enérgica aplicación de la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad y la de Seguridad y Orden Público».
El gobierno le apretó las cuerdas a los medios al aprobar un nuevo código penal en junio pasado. Esto «hace que la tarea de recolectar información sin temor ni favoritismos sea cada vez más difícil para los pocos periodistas que sobrevivieron» a las otras dos leyes, indicó a IPS.
Además, otra ley de Zimbabwe eleva las penas de los periodistas hallados culpables de publicar informes que se consideren insultantes al presidente o que lo desautoricen.
Zimbabwe ha estado asolado por una crisis política y económica en los últimos años, en los cuales adoptó un polémico programa de reforma agraria. Allí también se celebraron elecciones cuestionadas por activistas y por la comunidad internacional.
En Swazilandia, la última monarquía absoluta de África, el parlamento y el rey Mswati III dieron luz verde el año pasado a una nueva Constitución que aprueba la libertad prensa y de expresión.
Pero «la gente es muy escéptica » respecto de que las autoridades efectivamente la respeten, señaló MISA.
«A pesar de que el gobierno se muestra amigable con los medios críticos y opositores, los dirigentes siguen con una política encubierta y no declarada de asimilación de periodistas mediante amenazas. Además, los contratan como secretarios privados en los ministerios o se les ofrecen ingresos extra», agregó la organización.
«Estas estratagemas parecen dar resultado a tal punto que sus promotores sembraron desconfianza en la profesión, polarizaron los medios y dividieron a los periodistas», continúa.
Los litigios también son descriptos como amenazas a la libertad de prensa en este país.
En el país, los partidos de oposición han estado proscriptos durante más de tres décadas. El rey Mswati III ha sido muy criticado por sus extravagancias y despilfarros, a pesar de que, según la Organización de las Naciones Unidas, dos tercios de la población vive en condiciones de extrema pobreza.
Mientras que el Protocolo sobre Cultura, Información y Deporte del SADC adoptado en 2002, pretende aumentar el acceso a la información en la región, sus ventajas todavía están por plasmarse.
«Algunos países todavía tienen que ratificarlo». Además, «hace falta cambios en la práctica. Los funcionarios de bajo rango siguen negando el acceso a información. Pedimos a los gobiernos que cambien su forma de actuar y sus viejas tradiciones e inicien la apertura», agregó Kandjii.
También tiene esperanzas de que las leyes anticorrupción promulgadas en Malawi, Namibia y Zambia impulsen la libertad de información, ya que ellas obligan a los gobiernos a brindar ciertos detalles a las organizaciones que investigan acusaciones sobre asuntos turbios.
Pero ¿acaso se han beneficiado los periodistas con estas leyes?
«Estamos contentos con la existencia de estas leyes, pero no creo que los medios hayan recurrido a ellas con frecuencia», dijo a IPS, Joe Thloloe, presidente del Foro Nacional de Editores Sudafricanos, con sede en Johannesburgo.
«La falta de recursos y de personal es la causa de que no se amparen en la ley a la hora de investigar. Hay muy pocos medios de prensa que confían en ella, como el semanario independiente Mail & Guardian y el Sunday Times. En general, la gente recurre a las formas más fáciles de conseguir datos y publicarlos», añadió.
Bird considera que la ignorancia también tiene algo que ver con esta actitud. «No creo que la mayoría de las personas de Sudáfrica sepan de la existencia de esta ley. Hay que organizar campañas para difundirla», agregó.
MISA también está preocupada por otros asuntos que suceden con los medios sudafricanos, especialmente la decisión de un alto tribunal que impidió que Mail & Guardian, de Johannesburgo, publicara el año pasado un informe sobre el escándalo Oilgate.
En el Oilgate, la petrolera Imvume fue acusada de desviar fondos públicos para el partido gobernante Congreso Nacional Africano antes de las elecciones de 2004.
«Esta prohibición expone el temor genuino de que los fallos judiciales, mediante la censura legal, habiliten a quienes pretenden evitar que la prensa publique información relacionada con sus conductas cuestionables o irregulares», añadió kandjii.