«Hace dos años que estamos trabajando con la doctrina policial del mundo entero. En cualquier país civilizado, el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés como acá. Existen los casos donde hay excesos pero lo que no existe es que cada vez que un […]
«Hace dos años que estamos trabajando con la doctrina policial del mundo entero. En cualquier país civilizado, el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés como acá. Existen los casos donde hay excesos pero lo que no existe es que cada vez que un policía tiene un enfrentamiento, ese policía sea juzgado». Así lo afirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien agregó que, de ahora en más, el gobierno considerará como «cumplimiento del deber» a todo lo que haga la policía.
El 8 de diciembre de 2017 el policía Luis Chocobar asesinó de dos disparos a Pablo Kukoc de 18 años, en el barrio de La Boca. Chocobar estaba de civil cuando, según testigos, corrió al joven – que le había efectuado tres puntazos a un turista estadounidense – , dio la voz de alto, efectuó dos disparos «intimidatorios» al aire y luego disparó en dirección a Pablo seis veces. Dos balas impactaron en el joven que corría de espaldas, la primera lo tiró al suelo. El joven se volteó e hizo una señal a Chocobar como pidiendo que deje de disparar: El policía simplemente lo remató a quemarropa cuando Pablo estaba en el suelo indefenso.
El juez Enrique Velázquez procesó al policía Luis Chocobar por exceso en la legítima defensa y le emitió un embargo de $ 400.000 sobre sus bienes personales.
El 1 de febrero Macri recibió, en Casa Rosada, a Chocobar. Luego de esto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a avalar el respaldo del presidente al oficial: «Vamos a cuidar a los que nos cuidan«, dijo en conferencia de prensa. Horas más tarde se hizo público un video donde se ve cómo Chocobar fusila en el piso a Pablo. Lejos de volver atrás con el apoyo al oficial, el Estado argentino aseguró, de la mano del Jefe de Gabinete Marcos Peña, que «desde el principio se contó con el video, el respaldo a Chocobar se hizo conscientemente y, con toda la información necesaria, consideramos que fue correcto» y agregó al respecto que «fue un mensaje de apoyo a un policía que cumpliendo sus funciones tuvo esta situación. No creemos en el gatillo fácil. No creemos en que las señales de respaldo a las fuerzas policiales equivalgan de ninguna manera a promover que no se cumpla con la ley y la normativa».
Esta aclaración de Peña ratificó la postura del gobierno de Cambiemos y generó, hasta en sus más afines, una incomodidad por la cuasi licencia para matar a la policía, presentada como una nueva «doctrina» (palabra que nos retrotrae a tiempos oscuros de nuestra historia Argentina).
Este martes la ministra Patricia Bullrich fue entrevistada por el periodista Ernesto Tenembaum en su programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con Voz. Allí Bullrich no solo ratificó el respaldo al oficial Chocobar y su accionar, sino que realizó declaraciones que, más que polémicas, se pueden enmarcar en una clara violación a los derechos humanos y garantías básicas de la legislación nacional e internacional.
Entre las declaraciones más destacadas la ministra dijo que «el año pasado se distribuyó y se trabajó en todo el país – es decir, se homogeneizó para todo el país – un modelo policial de acuerdo a reglas de muchos años en la doctrina policial». Hacía referencia a un cuerpo doctrinario que supuestamente habría sido creado – según Bullrich – por un entrenador norteamericano, en el que se establece que «las situaciones con cuchillo son situaciones en las que el policía no debe acercarse nunca a más de 6 metros».
«Esto es una doctrina conocida internacionalmente practicada en todas la escuelas del mundo policial y ratificada por todos.», aseguró la ministra.
«Nosotros consideramos desde el Ministerio de Seguridad que la acción que llevó a cabo el policía no es una acción de legítima defensa (…) sino que creemos que es una acción de cumplimiento de deberes de funcionario público, que le cabe a todo policía que está en estado policial. Y consideramos que esto lo que hace es ratificar una mirada que tiene nuestro gobierno, que es que las fuerzas de seguridad no son lo que durante muchos años fueron, las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Nosotros estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpa hacia el policía; el policía siempre era culpable, y estamos construyendo la doctrina de que el Estado es el que de alguna manera realiza las acciones para impedir el delito. Puede haber policías que lo hagan mal, y en muchos casos lo hay, pero el principio es invertir la carga de la prueba que se había hecho doctrina en la Argentina: policía que estaba en enfrentamiento, policía que iba preso. Nosotros estamos cambiando esta doctrina, hay jueces que no lo entienden, lo vamos a cambiar en el Código Penal, vamos a sacar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales porque consideramos que solo cabe en ínfimos momentos», explicó Bullich, dejando así sentada la posición del gobierno al respecto de los nuevos protocolos o accionar policiales.
Es correcto pensar que la «legitima defensa corre en ínfimos momentos», ya que el 44% de los asesinatos por parte de las fuerzas del estado, corresponden a casos de gatillo fácil(según Archivo de casos de Correpi, año 2017), figura que el gobierno se empeña en negar, pero que cada vez se acerca más a la idea de fusilamiento (de este 44% la mayoría de los casos no solo estan desarmados, sino que reciben disparos por la espalda a la altura de cabeza, cuello o tórax a muy corta distancia). Si a esto le sumamos que otro 40% de los casos de muertes son en condiciones de encierro, principalmente en comisarias, bajo la responsabilidad también de funcionarios policiales, quitar del código penal la figura de legítima defensa para la policía, y cambiarla a «cumplimiento del deber» per se, es dar licencia absoluta para matar, en una gestión de Cambiemos donde la tasa de asesinatos por día a manos de la policía a aumentado un 37%.
La figura de «legítima defensa» está encuadrada en casos en los que un acto antijurídico, como matar a una persona, están eximidos de punibilidad debido a ciertos factores que lo amparen en esta figura. En este sentido, el Código Penal en el artículo 34 exime de responsabilidad penal a aquel que actúe en defensa propia o de sus derechos siempre que se reúnan tres circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Sobre la necesidad racional del medio empleado, la doctrina penal coincide en que no se refiere al instrumento empleado para defenderse sino a la conducta con que se lleva a cabo la defensa. Es decir, la proporcionalidad no está dada por el medio que se utiliza para defenderse sino en que la actuación de quien se defiende sea suficiente para evitar o repeler la agresión ilegítima de la que es víctima; si va más allá de eso, actúa en exceso.
Es esta, en parte, la razón por la que el oficial Chocobar fue acusado ya que el video claramente muestra ese exceso en el remate cuando Pablo estaba caído en el suelo, luego de un disparo en su tórax por la espalda. Pero es importante mencionar aparte del parámetro de la proporcionalidad del acto, por ejemplo la diferencia entre un arma reglamentaria policial, y un cuchillo, el arma de Kukoc, en este caso se ajusta aún más en términos de responsabilidad porque un policía está en ejercicio de sus funciones, preparado sicológica, técnica y físicamente para repeler una situación, discernir sobre el cuidado de la vida, y, en todo caso, aprehender a la persona que se dio a la fuga. Pero matarla es otro cantar, y rematarla queda fuera de cualquier aspecto en el plano de los derechos básicos de las personas.
El accionar judicial contra Chocobar se ve respaldado por todas las convenciones doctrinales al respecto, tanto a nivel nacional como internacional en los diferentes convenios a los que Argentina adhiere hace años respecto al cuidado sobre la vida humana. También por los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta al respecto, que remarcan que la «lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción». Además se sustenta en el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos respecto del Derecho a la Vida, el cual señala que «La privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una persona».
La ministra de Seguridad continuó durante la entrevista radial con su descargo y justificación de esta «nueva doctrina», alegando que «Hace dos años que estamos trabajando con la doctrina policial del mundo entero, y en cualquier país civilizado el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés como acá. (..) Lo que pasa es que mientras la Justicia decide, se va construyendo una doctrina policial que es convertir al policía en victimario. Y la consecuencia es que suben los asaltos, suben los crímenes, porque cuando uno baja la barrera y el policía es el victimario y el victimario no lo es, entonces el delito crece. Y así ha crecido el delito en Argentina durante años». Y agregó, olvidando que la Argentina es un país en democracia con división de poderes independientes entre sí, que «El juez que haga lo que quiera. Nosotros como política pública vamos a llevar adelante la defensa del policía en acción, que no se deje matar, como ocurre hoy».
Bullrich también desestimó al aire las cifras del último archivo de Correpi, a la que tachó de mentiroso. La organización le respondió en un comunicado: «Nuestro Archivo es público desde 1996. Año a año lo actualizamos y difundimos las conclusiones. Está disponible en www.correpi.org para cualquiera que desee consultarlo. Nunca hubo un gobierno ni un funcionario que pudiera impugnar un solo caso. Muchos lo intentaron: Corach, Storani, J. J. Álvarez, Garré, Berni. Ninguno pudo. Ahora es el turno de Patricia Bullrich, a la que invitamos a debatir públicamente -si se anima- cada caso.»
Es difícil no recalcar otro pasaje contrario a las convenciones internacionales de DDHH a las que adhiere el Estado argentino desde hace más de 20 años, donde Bullrich declara que «cada vez que la policía tiene un enfrentamiento aparecía – porque nosotros estamos cambiando la doctrina – como victimaria. Y esta doctrina lo que hace es frenar a la policía, sacarla del lugar porque ningún policía va a enfrentar a un delincuente si sabe que eso es el fin de su carrera, la de su familia, y es el fin de la idea de protección que la policía tiene que tener con la sociedad porque si el policía mira para otro lado a la hora del acontecimiento, ¿quién cuida a la gente?».
Bullrich olvida que todos y todas somos gente, Pablo de tan solo 18 años, también lo era.