¿Cuántas personas de toda edad y condición salieron a las calles el pasado sábado 2 de junio para respaldar al gobierno de Hugo Chávez? El Presidente apeló una vez más a la movilización de multitudes para enfrentar las escaramuzas que en los últimos días ensayó la oposición con el estandarte de la libertad de prensa. […]
¿Cuántas personas de toda edad y condición salieron a las calles el pasado sábado 2 de junio para respaldar al gobierno de Hugo Chávez? El Presidente apeló una vez más a la movilización de multitudes para enfrentar las escaramuzas que en los últimos días ensayó la oposición con el estandarte de la libertad de prensa.
Aún con fotografías aéreas y cálculos por metro cuadrado, es imposible dar un número medianamente riguroso. Un dato fehaciente puede, sin embargo, ayudar a entrever las magnitudes en juego en esta franca confrontación social que transforma minuto a minuto a Venezuela: hasta el día anterior, en cuatro fines de semanas consecutivos, se habían inscripto como aspirantes a militantes del provisionalmente denominado Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) 3 millones 300 mil ciudadanos. Y al fin de la jornada del sábado, ese registro llegó a 4 millones 735 inscriptos. Es decir que un millón y medio de venezolanas y venezolanos se sumaron como aspirantes al calor de las concentraciones de masas. ¿Cuántos de los inscriptos previamente participaron de esa manifestación de voluntad política?
No hace falta conjeturar: la concentración despejó una entre las varias incógnitas planteadas por el caso RCTV, empresa periodística a la que el gobierno venezolano no renovó la concesión para continuar utilizando el canal 2 del espacio radioeléctrico de aquel país.
Según los líderes de esos reclamos, entre quienes se cuenta Marcel Granier, presidente de RCTV, el 80% de la población rechaza la decisión oficial. Durante las dos semanas previas al 27 de mayo, ese conjunto opositor, a la cabeza de 26 partidos políticos, respaldado por los principales canales de televisión, las radios de mayor enraizamiento y la prensa escrita de alcance nacional, intentó movilizar a la sociedad venezolana para torcer la voluntad de Chávez y obtener la renovación de la licencia en cuestión.
También la jerarquía de la iglesia católica se pronunció a favor de esa movilización. Esa conjunción de fuerzas tuvo su máxima expresión el sábado 19 de mayo, en Caracas, con una marcha en defensa de RCTV. La cadena televisiva internacional CNN reportó una multitud de 10 mil personas. Este corresponsal estima que la cifra es algo exagerada. Pero la diferencia carece de relevancia. El 2 de junio, en magnitudes perceptibles a simple vista y más allá de todo margen de error, fue posible comprobar cómo se posiciona la sociedad venezolana ante este acontecimiento crucial para el curso del proceso político que vive Venezuela en los últimos ocho años.
Medios y libertad
Para millones de personas que observan el hecho desde el exterior, es legítimo preguntarse si no se trata, como asegura Granier y repiten con pocas excepciones los medios en todo el mundo, de un golpe a la libertad de prensa, prólogo al cercenamiento de toda forma de expresión independiente. La opinión se forma a partir de la información. Y si esta coincide de manera abrumadora en reportar un atentado a la libertad, la conclusión es obvia.
Ahora bien, ¿está Venezuela ante un acto arbitrario, inicio efectivo de una dictadura tantas veces anunciada en los últimos años? ¿O, por el contrario, la decisión de no renovar una concesión otorgada 53 años atrás por un gobierno dictatorial, para dar paso a un canal que ensayará un concepto diferente de comunicación social, es un paso trascendental en la democratización de los medios de prensa?
Nadie duda que una porción de la sociedad rechaza la decisión oficial. Y si bien los sondeos de opinión publicitados por la oposición son desmesuradas en el afán por llevar agua a su molino, puede aceptarse la hipótesis de que una buena mayoría de los encuestados haya opinado a favor de la continuidad de RCTV.
La verdadera posición de ese ciudadano que puede haber considerado innecesaria la no renovación de la concesión, porque mira una telenovela o sencillamente tiene al canal como parte de su cotidianeidad desde hace años, se expresa sin embargo cuando la oposición lo convoca a marchar contra Chávez, y éste lo llama a manifestarse contra la dirigencia política que en 2002 condujo un golpe de Estado, no por fallido menos brutal en su condición antidemocrática.
El mundo pudo ver cientos de miles, millones de personas, marchando en toda Venezuela contra los indisimulados propósitos golpistas de quienes identifican la no renovación de la concesión a RCTV con un gesto dictatorial. Si el llamado del Presidente hubiese fracasado, no habría duda de que el pueblo venezolano rechaza el significado profundo de la medida respecto de RCTV. Y sería necesario obrar en consecuencia. Pero ¿qué hacer ahora, a la vista de que efectivamente una marea social se volcó a las calles, una vez más, para defender la línea de marcha propuesta por Chávez, que proclama la abolición del capitalismo y la edificación de un socialismo del siglo XXI?
¿Qué dirán los críticos de dentro y fuera del país? ¿Asegurarán, como lo ha hecho sistemáticamente la prensa venezolana, que las mayorías son ignorantes y estúpidas? ¿Que son arrastradas por un demagogo populista? Entonces, ¿qué es la libertad de expresión? ¿La posibilidad de una empresa de mantener indefinidamente el usufructo de un punto en el espacio radioeléctrico, para ganar fortunas y llevar a millones de televidentes mensajes ideológicos, políticos, culturales, definidos por un puñado de personas, elegidas a su vez por un gerente? ¿Eso es la democracia? ¿O acaso significa que millones de personas sin acceso a los medios puedan opinar hacia dónde quieren enrumbar su destino? He allí la verdadera cuestión que plantea al mundo el caso RCTV.
Quién controla los medios en Venezuela
En otro orden de cosas, es preciso poner en cuestión las afirmaciones respecto de un supuesto proceso de control dictatorial de los medios en Venezuela. Según registros hasta ahora no cuestionados por nadie, correspondientes a fines de 2006, el 75,8% del espacio radioeléctrico venezolano está en manos privadas.
La televisión privada en banda UHF tiene el 56,41% del total de la distribución nacional, las televisoras oficiales ocupan sólo el 7,69%. En cuanto a estaciones de radio, un documento de Conatel indica que las FM operadas por empresas privadas ocupan un 71,31%, frente a un 1,62% de medios públicos. Un fenómeno nuevo, creciente a partir de la reacción al golpe de Estado fallido en abril de 2002 y luego al sabotaje petrolero de diciembre de ese año hasta febrero de 2003, fue la aparición de medios alternativos: canales y radios creadas y conducidas por las comunidades.
Nuevas leyes y reglamentaciones, elaboradas con el propósito de «democratizar la información y la comunicación», han dado lugar a la creación de 193 medios de comunicación alternativos, 167 de ellos emisoras radiales y 28 estaciones de televisión. Así, la TV alternativa ocupa un 35,89% del espacio total y las radio comunitarias el 27,07%.
Estas cifras hablan por sí mismas. Sin embargo, hay algo más contundente que los números: cualquiera que pase 24 horas observando el funcionamiento de diarios, radios y canales de televisión en Venezuela llegará a una conclusión sin atenuantes: en ningún país del orbe es posible ver, leer y escuchar que se ataque a las autoridades de la manera practicada en ese país. Es dudoso que la libertad de expresión pueda medirse por los insultos lanzados contra el Presidente, los infundios regularmente propalados sobre los temas más diversos, las campañas alentando el desabastecimiento y hasta la inducción a atentar contra la vida de Chávez. Pero si alguien pretende valerse de tales parámetros, deberá admitir que en Venezuela hay libertad de prensa.
Degradación de la comunicación, el mensaje y los medios
Resta todavía un ángulo de observación ante el caso RCTV: ¿tiene derecho el gobierno del Estado a tomar decisiones frente al comportamiento de quienes detentan el uso de un medio de comunicación de masas? Más aún: ¿no tiene la obligación de hacerlo?
Un caso reciente en Argentina ilustra el género de dificultades que plantean las programaciones de la televisión comercial. Dice un artículo del diario argentino La Nación del 31 de mayo: «La TV argentina se devora a sí misma: entre tanto impacto exasperado, sus contenidos se envilecen y se sesgan a una procacidad sin precedentes en una caída estrepitosa de nivel ya sin freno, que nadie puede detener: productores, gerentes de programación y anunciantes no reaccionan y van por más; y el público asombrado no puede ni quiere dejar de mirar».
Y aludiendo al caso que motiva la reflexión, afirma la nota: «ShowMatch apunta decadente, tosca, groseramente, hacia bustos y colas femeninas y fomenta rudimentarios roces, toqueteos y movimientos que parodian actos sexuales entre hombres, mujeres y travestis. Lo que era y es, en origen, una danza casi prostibularia, reservada para ser representada en locales sólo para mayores de edad, ahora ha saltado como por arte de magia al ciclo de televisión de mayor audiencia (con cifras que llegan a los 35,7 puntos) y, lo que es peor, la usina de repetidoras de programas chatarra le rinde honores reproduciéndola impúdicamente una y otra vez durante todo el día».
Afirmaciones análogas pueden hacerse respecto de RCTV, cuatro veces clausurada por gobiernos anteriores al de Hugo Chávez por casos como éste. El inusitado revuelo provocado ahora por la no renovación de su concesión -que no impide, dicho sea de paso, la continuidad de RCTV por cable- es una buena oportunidad para que intelectuales, dirigencias políticas y ciudadanos preocupados por el rumbo de la civilización contemporánea pregunten y respondan qué es la libertad de expresión, qué es la democracia.