El viernes por la noche fue la BBC. El sábado, The Mail on Sunday. A los dos medios se les ha prohibido publicar una información sensible sobre el escándalo de financiación del Partido Laborista, que podría costarle a Tony Blair el último gran disgusto de sus ya casi 10 años de mandato. Scotland Yard investiga […]
El viernes por la noche fue la BBC. El sábado, The Mail on Sunday. A los dos medios se les ha prohibido publicar una información sensible sobre el escándalo de financiación del Partido Laborista, que podría costarle a Tony Blair el último gran disgusto de sus ya casi 10 años de mandato.
Scotland Yard investiga el pago de importantes sumas de dinero a los laboristas por parte de adinerados personajes a los que, a cambio, se les habría compensado con títulos nobiliarios. Una de las principales asesoras de Blair, Ruth Turner, ha sido interrogada en dos ocasiones por los investigadores de Scotland Yard, en lo que se considera una evidencia de la presunta implicación del primer ministro en todo este entramado de financiación irregular.
La BBC pretendía emitir el viernes por la noche, en su informativo Ten O’Clock News, una información sobre un correo electrónico enviado desde la oficina de Turner que podria resultar letal para el primer ministro. Los datos habían sido obtenidos por su editor político, el prestigioso Nick Robinson.
Respetar la investigación
El fiscal general, Lord Goldsmith, ordenó a la BBC que no emitiera el reportaje, y el sábado por la noche hizo lo mismo con The Mail on Sunday, que había conseguido la misma información. El periódico fue advertido de que la publicación de ese correo podría suponerle ir a los tribunales.
Lord Goldsmith dejó claro en todo momento que no se trata de proteger a Blair, sino de que no se entorpezca la investigación policial. De hecho, habría sido el mismísimo Scotland Yard el que habría pedido la intervención del fiscal general. Ruth Turner habría enviado ese suculento correo electrónico a Jonathan Powell, responsable de los trabajadores de confianza de Downing Street. Los datos que contiene, según explicaba ayer algún medio británico, pondrían de relieve las contradicciones entre lo declarado por personas clave del caso y la realidad.
Turner, de 36 años, es, quizá, la persona más próxima a Blair, y se da por hecho que si ella está implicada en este caso, no hay posibilidad de que el primer ministro no estuviera enterado de la venta de títulos nobiliarios, prohibida por ley desde 1925. Al parecer, en Downing Street existiría un sistema secreto de correos electrónicos independiente por el que se transimitiría información sensible.