Cuentan que en la democracia primitiva el ágora, lo que podríamos definir como la plaza pública, era el espacio en el que se mantenían los debates sobre los asuntos de interés general y en el que se tomaban las decisiones democráticamente, es decir, en consonancia con la voluntad -los votos- de la mayoría. Aunque no […]
Cuentan que en la democracia primitiva el ágora, lo que podríamos definir como la plaza pública, era el espacio en el que se mantenían los debates sobre los asuntos de interés general y en el que se tomaban las decisiones democráticamente, es decir, en consonancia con la voluntad -los votos- de la mayoría. Aunque no vendría mal desmitificar a la idílica democracia ateniense, pues sólo una inmensa minoría de las personas eran ciudadanos y gozaban de derechos tales como el voto. Las mujeres, los esclavos o los niños no contaban. Era la democracia de un puñado de hombres, pero patentaron la idea y la historia no los ha tratado mal.
En la actualidad el ágora, ese espacio privilegiado para el debate público, ha devenido por la fragmentación social, el urbanismo deshumanizante y otros factores del sistema socioeconómico neoliberal hacia los medios de comunicación, con la televisión como espacio preeminente, aunque Internet y su también sobredimensionado carácter democrático -dejemos algo para otra ocasión- vayan golpeando fuerte.
Vista desde nuestra época, la democracia de Atenas era una injusticia social en toda regla, claro está que también fue un hito clave, pues la historia es un cúmulo de sucesiones y sin aquella injusticia primera no se explicaría la democracia plena, al menos en el carácter normativo, actual. Otra cosa es la práctica. Y lo cierto es que el actual ágora de rayos catódicos, o ya cabría decir de ceros y unos, merced a la implantación de la televisión digital, no goza de una gestión democrática, no ya en aquellos medios de naturaleza privada con su consiguiente carácter empresarial, me refiero a los medios públicos municipales, en los que hallamos un paralelismo con los atenienses de túnica inmaculada, revestidos como gendarmes de la democracia absoluta mientras la mayoría social es silenciada, en el mejor de los casos, cuando no mediatizada, alienada o manipulada.
Son canales públicos porque se financian con fondos públicos -2 millones de euros al año en el caso de RTV Marbella-, por lo demás actúan como inoculadores del discurso único del grupo que ostenta el poder, maltratando principios democráticos, tales como los derechos constitucionales de libertad de expresión, participación política y garantía del pluralismo.
El modus operandi es similar, en la mayoría de los casos está institucionalizado, el director es un hombre de confianza con un sueldo generoso -más de 6.000 euros al mes en el caso de RTV Marbella-, la gestión es excluyente y el run run de complacencia, las bocanadas de optimismo y la omnipresencia del alcalde o la alcaldesa generalizadas. Una auténtica dictadura mediática, mediante la apropiación de los medios de comunicación para fines partidistas.
Al hilo de estas afirmaciones, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha realizado un interesante estudio sobre pluralismo en las televisiones públicas de Andalucía, que en un aspecto cuantitativo, deja patente que los tiempos de palabra están claramente dominados por los miembros del gobierno municipal, con unas cifras relativas a tiempo de aparición de colectivos vecinales que se sitúan en porcentajes de pura invisibilidad, con una media de 0,50%.
En definitiva, la reconversión de los medios públicos en clubes de monólogos es un fenómeno bien asentado, y ya incluso ha superado la prueba de la consolidación por la vía de la alternancia, pues cuando cambia la marca que gobierna en determinado municipio lo más frecuente es que esta imprima un cambio de color y óptica del discurso, pero no de las prácticas y el modelo. Vamos, que junto al sillón y la vara de mando el paquete del regidor o regidora municipal incluye una estructura mediática de deformación de la democracia.
Ante esta situación cabría plantear la necesidad de implantar medidas a favor de la participación y el pluralismo en los medios de comunicación públicos. Me atrevo a aportar algunas recetas como:
– La creación de Consejos Audiovisuales Municipales, más allá del mero carácter consultivo, con una composición que garantice la diversidad: pluralidad política, representación vecinal, presencia de la comunidad educativa, la esfera cultural, el mundo del deporte, los sindicatos, los movimientos sociales, los ciudadanos, etc.
– Salto de calidad de los contenidos, con la necesaria garantía de espacios educativos, formativos, de fomento de la identidad local, la integración social, la perspectiva de género, etc.
– La implementación de espacios para una interactividad real, la posibilidad de interpelar y ejercer un control social de los representantes políticos. Junto a la fijación de cuotas de pantalla para todos los grupos políticos y la programación de espacios de debate que recojan la heterogeneidad del municipio.
– La apertura a la creatividad social, permitiendo la elaboración de espacios a propuesta e impulsados y protagonizados por los ciudadanos.
– El control de los abusos de la emisión en cadena de contenidos de plataformas mediáticas afines -en el caso de RTV Marbella AIERTA, con una línea editorial claramente conservadora-.
En definitiva, poner coto al discurso único y la gestión privativa de los medios públicos, mediante el ofrecimiento a la ciudadanía de plataformas mediáticas en las que la diversidad y la participación sirvan como acicates para avanzar en la transformación social.
Miguel Díaz es periodista y miembro del Consejo de Administración de RTV Marbella.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.