La radio y la televisión públicas viven un momento crucial, de grave incertidumbre. El gobierno del PSOE ha puesto en marcha su necesaria e inevitable reforma y eso ha dado paso a una cruda batalla, una nueva fase de la guerra por el control del mercado audiovisual. Pero la reforma no va a definir, únicamente, […]
La radio y la televisión públicas viven un momento crucial, de grave incertidumbre. El gobierno del PSOE ha puesto en marcha su necesaria e inevitable reforma y eso ha dado paso a una cruda batalla, una nueva fase de la guerra por el control del mercado audiovisual. Pero la reforma no va a definir, únicamente, quienes van a dominar el negocio de la comunicación por radio y televisión. Está en juego también el propio sistema democrático, sus derechos y libertades y sus valores consustanciales. Estamos ante el dilema de si va a ser posible, finalmente, hacer la transición en este terreno y acabar con el modelo, disimulado pero aun vigente, que impuso el Franquismo al servicio de su aparato de Propaganda, sobre el que se construyó Radio Nacional y Televisión Española. Hemos visto ya algunos cambios, claro que menores y tibios, hacia la desgubernamentalización. Pero, si las reformas en marcha no garantizan una radiotelevisión pública fuerte, independiente y de calidad, podemos pasar de un postfranquismo dirigista, controlador y liberticida a un sistema propio de la predemocracia neoliberal, en el que prima el mercado y sus dueños y señores, privados, por supuesto, encargados de poner las cosas en su debido sitio. Esto es, una radiotelevisión pública baratita, enana y testimonial, que deje el campo libre a la radiotelebasura, la radioteleventa y la radiotelecomecocos al servicio de la globalización y del negocio de los grandes grupos de la comunicación privada, por encima de los derechos e intereses de los ciudadanos. En esta guerra, los partidarios de su propio bolsillo, pujan con fuerza, con todos los medios a su alcance, entre ellos, lamentablemente, sus peones instalados en el mismo Gobierno y en el Partido Socialista.
Los cambios que se avecinan, van a estar reglados por tres normas legales aun en fase de proyecto o discusión parlamentaria. La Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, inspirada el Informe del llamado Comité de Sabios o Comité de Expertos, la Ley General Audiovisual, y la Ley de Creación del Consejo estatal de los Medios Audiovisuales.
En la Cuarta Convención de Periodistas celebrada en Noviembre en Gijón, se instó al gobierno a mantener una RTVE fuerte en consonancia con los modelos europeos vigentes de RTV pública. Y se expresó la preocupación de que el modelo que se esté configurando, en el fragor de la lucha de intereses a la que hacía referencia, no está basado en la necesidad de un servicio público que asegure la estabilidad democrática, sino en los intereses de los operadores privados. Un dato en medio de la guerra: el sólo anuncio de la posible reducción de publicidad en TVE hace que esos operadores evalúen en 200 millones de euros el monto que va a ser liberado y que va a caer en sus manos, según informaba recientemente el diario económico Expansión, propiedad de un poderoso grupo multimedia.
El Foro de Periodistas, reunido en Gijón, pide una RTVE independiente de los gobiernos y controlada por el Parlamento. Advierte de la amenaza de reducción de su estructura y de su producción propia que pesa sobre RTVE, en beneficio del sector privado y afirma que ese no es el modelo europeo que prescribe una radiotelevisión pública que juegue un papel esencial en la cohesión de los estados y que esté al servicio de la ciudadanía. Lamenta el constante deterioro de la oferta pública de RTVE y el recorte de medios y recursos. Y exige al Gobierno paralizar cualquier decisión que afecte al tamaño, estructura, plantilla y capacidad de producción propia de RTVE.
La radio y la televisión pública son necesarias
La Constitución Española establece la necesidad de la existencia de la televisión y la radio públicas, para garantizar la efectividad de los derechos y libertades. No se puede dejar en manos del sector privado la defensa de esos valores. Y si no, ahí tenemos el mal ejemplo de la COPE. Es necesaria una RTV pública que garantice el pluralismo político y la participación. En un modelo básicamente privado primaría el interés económico. Claro que, todas las radios y televisiones, por esta misma razón, deben ser servicio público, aunque sean de propiedad privada. Y a día de hoy, todas son aun, por ley, servicio público. Pero, lamentablemente, y si no se remedia, los proyectos de ley presentados por el Gobierno de Zapatero cambian esa situación y limitan el servicio público a los medios de titularidad pública. Hay que decir, no obstante, que los Consejos Audiovisuales, de carácter estatal o de cada autonomía, deberán vigilar que los medios privados no violen las normas fundamentales. Habrá que ver si el Consejo Audiovisual Estatal que se anuncia, tiene capacidad sancionadora; de momento, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, el proyecto del gobierno central excluye la posibilidad de que el Consejo sea el que conceda y retire las licencias de emisión a radios y televisiones privadas.
Ya lo decía, la Unión Europea apuesta por un sector público audiovisual fuerte. En el Protocolo 27 del Tratado para la Constitución Europea se puede leer que «el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación«. El mismo protocolo pide financiar el servicio público, de modo que no afecte a las «condiciones del comercio y de la competencia en la Unión en una medida que sea contraria al interés común…»
Pero es la Constitución Española la que señala con claridad los derechos que deben defender y fomentar los medios públicos de comunicación. En su artículo 20 afirma que el parlamento debe controlar que se garantice «el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España«. Y establece que deben proteger los derechos de libre expresión, creación y libertad de cátedra. El derecho a comunicar o recibir una información veraz, a la regulación de la cláusula de conciencia y del secreto profesional. A proteger el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia(¡Qué tal la telebasura!). Que nunca podrán restringirse estos y otros derechos «mediante ningún tipo de censura previa«. Esto dice la Constitución de 1978, pero, como en tantos otros artículos, aun hoy este tampoco se respeta ni en los medios públicos ni en los privados.
Creo que el proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal sí promueve el respeto a esos principios y derechos, aunque los limita al ámbito de los medios de propiedad estatal y deja al albur los que manejan los gobiernos autonómicos. El Gobierno Zapatero no se ha atrevido a entrar en ese berenjenal y lo vamos a lamentar todos.
Ese proyecto establece que la nueva Corporación RTVE deberá promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos, garantizar la información objetiva, veraz y plural, facilitar el debate democrático y la libre expresión, promover el derecho de acceso, la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España, apoyar la integración social de las minorías, fomentar la igualdad entre hombre y mujer, difundir los derechos de los consumidores, primar la difusión de las producciones audiovisuales europeas y en lenguas originarias españolas…..Un amplia y digna panoplia, que si no se desvirtúa por el camino de las reformas legislativas, promete el advenimiento de una buena ley, en este aspecto. Claro que, como ya pasa con la Constitución, una cosa es un papel, oficial y todo, lleno de buenos principios y otra su aplicación práctica. Y la guerra por la audiencia, impuesta por una escasa e inadecuada financiación, puede llevar, lleva de hecho, a la radiotelevisión pública a promover, producir y/o comprar y emitir productos que no se diferencian en nada de los del sector privado.
También es necesario el control social y profesional
Por eso es tan necesaria una RTV pública fuerte, como una RTV pública de calidad e independiente de los gobiernos, con órganos de control social que velen por que se respete todo cuanto ha sido legislado. Órganos de control como unos Consejos Audiovisuales con personalidad jurídica y capacidad suficientes, con competencias en la asignación de licencias y capacidad sancionadora. Y también son muy necesarios los órganos de control y participación de los profesionales.
La independencia de los profesionales de los medios es fundamental. No es posible una radiotelevisión pública independiente y libre sin que los derechos y deberes de quienes la hacen estén garantizados. La sociedad se protege si eso ocurre, tanto en los medios públicos como en los privados. Los Estatutos y los Consejos o Comités de Informativos serán una realidad en la RTV pública, como se establece en el propio proyecto de ley que ya está en el Congreso. Pero la calidad de esos órganos dependerá de la presión de los propios profesionales. En TVE llevamos años luchando por ello. La situación de opresión claramente antidemocrática que sufrimos en la etapa del inefable Alfredo Urdaci, nos llevó a los profesionales de los Informativos a crear el Comité Antimanipulación, que se convirtió, tras una elecciones con una amplia participación, en el Consejo Provisional de Informativos. Este Consejo elaboró un buen Estatuto de Informativos, que aun espera en el cajón, pese a las promesas de la nueva Dirección. La señora Carmen Caffarel no ha sido capaz ni de sacar adelante su propia versión edulcorada del Estatuto ni de hacer que sea elegido un Consejo de Informativos en toda regla. La enseñanza, en este caso, como en casi todos, es que sin pelear nada se consigue; que sin lucha no hay conquistas. Y en el caso de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, lo mismo. La manifestación de miles de personas que, el 17 de Diciembre pasado recorrió Madrid de Atocha a Sol, por una RTVE fuerte, independiente, plural y de calidad, indicó que ese es el camino: presión, presión y presión. Porque nadie regala nada.
* Javier Sáenz Munilla es periodista y miembro del Consejo Provisional de Informativos de TVE-Torrespaña