Estudio presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constata que el marco regulatorio de la radiodifusión de los países centroamericanos no es compatible con los postulados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en primera instancia, y de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dictados en el 108° período de sesiones […]
Estudio presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constata que el marco regulatorio de la radiodifusión de los países centroamericanos no es compatible con los postulados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en primera instancia, y de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dictados en el 108° período de sesiones de la Comisión. Este estudio fue elaborado en el marco del Programa Centroamérica en Sintonía (CAeSI), que impulsan AMARC-Centroamérica (AMARC-CA) y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).
El 19 de julio de 2006, durante su 125° periodo de sesiones realizado en Ciudad de Guatemala, la CIDH otorgó audiencia a representantes de la AMARC-América Latina y el Caribe, para tratar la situación de las emisoras comunitarias, así como el estado de la legislación y reglamentaciones vigentes en radiodifusión, como soporte del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en Centroamérica.
Durante la audiencia se hizo entrega del informe sobre los marcos regulatorios en la subregión, en relación con el acceso plural de la ciudadanía a los medios de comunicación. Según informaciones de AMARC Ricardo Iglesias, abogado salvadoreño responsable de la coordinación de la investigación, explicó cuáles son los fundamentos jurídicos de derecho internacional que justifican la necesidad de reformas legislativas para disponer de marcos regulatorios más equitativos e incluyentes.
Óscar Pérez, coordinador subregional de AMARC-CA, y Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC, realizaron sendas exposiciones donde analizaron los límites al derecho a la información en otros países de la subregión y el continente.
«Si bien se reconoce en la normativa internacional», dice el informe, «que el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad, la legislación interna y los sistemas de administración y control de su funcionamiento ignoran su función radical para la democracia y la promoción del desarrollo y los derechos fundamentales». En todos los países de Centroamérica, «se ha impuesto la lógica del mercado en el acceso a las frecuencias radioeléctricas y esta lógica es tutelada por las leyes vigentes» donde «las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico son otorgadas sobre la base de criterios esencialmente financieros».
Las frecuencias se venden en subastas al mejor postor o a través de procedimientos que tienen los requisitos económicos como criterio fundamental para su asignación, «lo cual limita o impide significativamente el acceso al espectro y a la radiodifusión a sectores con escaso poder económico o a iniciativas ciudadanas cuya lógica de utilización de la frecuencia responde a criterios de beneficio y desarrollo social de las comunidades en las que se insertan, como las emisoras comunitarias».
A lo largo del turno de preguntas y respuestas, la CIDH se mostró interesada en conocer la identidad de las radios comunitarias de Guatemala, así como las formas habituales de financiación de estas emisoras en Centroamérica. Así mismo, felicitó los planteos de AMARC en cuanto a solicitar que los marcos regulatorios de Centroamérica se adecuen a los estándares internacionales de derechos humanos para combatir la adjudicación de frecuencias mediante subastas, donde sólo se tienen en cuenta criterios económicos, aspecto ya considerado por la Comisión y la Relatoría de Libertad de Expresión como «antidemocrático». Con estas acciones, se trata de evitar la mercantilización de un derecho humano fundamental.
Por último, la CIDH también instó a AMARC para que prepare la presentación de casos específicos, a partir de los cuales podrá sentar jurisprudencia internacional, y realizó una serie de consultas para continuar con el diálogo y la coordinación de acciones hasta la próxima audiencia pública.