La Comisión Europea abrió el pasado 18 de marzo un nuevo expediente a España, pidiendo al Gobierno más información acerca de las tasas que se imponen a los teleoperadores y televisiones privadas para compensar la supresión de la publicidad en la radiotelevisión pública. Esta medida, ejercida por la presión de las empresas privadas de telecomunicaciones […]
La Comisión Europea abrió el pasado 18 de marzo un nuevo expediente a España, pidiendo al Gobierno más información acerca de las tasas que se imponen a los teleoperadores y televisiones privadas para compensar la supresión de la publicidad en la radiotelevisión pública.
Esta medida, ejercida por la presión de las empresas privadas de telecomunicaciones (los operadores de telecomunicaciones presentaron una reclamación a la Comisión Europea por estar en desacuerdo con la ley de financiación de RTVE que les obliga al pago de una cuota sobre sus ingresos, el 0,65 %).
En este caso, se trata no tanto de una posible infracción de la normativa comunitaria de telecomunicaciones, pero sí de una falta de ajuste a dicho marco internacional que se pretende establecer en el sector de telecomunicaciones de la UE. España tiene dos meses para responder al respecto a la Comisión Europea, en esta batalla mediática transversal, cuya tendencia parece que irá inclinándose paulatinamente hacia una mayor financiación por parte de los Presupuestos Genales del Estado. María Teresa Fernández de la Vega adelantó que RTVE recibirá los 1.200 millones presupuestados en 2010, aunque con el impacto del IVA (hasta ahora, la corporación no pagaba este impuesto).
Actualmente, los Presupuestos que se aprueban cada año cubren el 50% de los gastos totales, mientras que la otra mitad no se sabe exactamente cómo se estructura, aunque sí que proviene de un impuesto del 0,9% a las compañías telefónicas, el 3% de los ingresos de las televisiones privadas abiertas y el 1,5% de las televisiones de pago.
Si se consultan bien las cifras, sorprende que la propuesta no parta tanto de las televisiones de pago sino de las compañías telefónicas, las cuales están ejerciendo mayores presiones por no ver minimizados sus beneficios por la fuerza y presencia estatal en el sector.
En el mencionado marco de incertidumbre, las propuestas por mantener RTVE estable siguen sucediéndose. Con el objetivo de recortar en 60 millones el presupuesto, el presidente de la corporación pública, Alberto Oliart, ha propuesto a los miembros del Consejo de Administración dos medidas: la fusión de La 2 con el Canal Cultural «Cultural.es» y vender los derechos del Mundial de Motociclismo, cuyo precio (sólo los derechos), es de 20 millones de euros (1).
En torno a la actualidad de RTVE, el exdirector de los servicios informativos de TVE Manuel Piedrahita ha presentado hoy en Sevilla su obra, TVE en la encrucijada y ha reconocido que le parece que el nuevo presidente de RTVE, Alberto Oliart, «no se ha dado cuenta de lo que es meterse en la televisión pública» (2).
Por otro lado, la huelga de más de 4000 personas del pasado 27 de febrero, con eslóganes como «Oliart, aprende ya», «Estamos en la era digital» o «Documentalistas contra la externalización», y los sucesivos parones laborales en la programación de contenidos, especialmente intensos el pasado 2 de marzo (3) pretendían servir de freno a la externalización de la producción de programas y servicios del ente público, pero pasados varios días apenas se ha notado la mejoría o la intención de cambio.
Pero de lo que sin duda no se habla, ni en Bruselas ni en España, es sobre el debate ético que plantea el concepto de «servicio público» aplicado a un medio de comunicación. Casi irónicamente, RTVE ha pasado de un modelo de financiación por pubilcidad muy explícito, a un modelo sin ningún tipo de usabilidad en los espacios publicitarios. No todas las promociones son de tipo económico, y RTVE, especialmente la Primera de Televisión Española, debería aprovechar. De los pocos que se han pronunciado, el periodista económico de Lainformación, Carlos Salas, ya apuntaba esta idea de aprovechamiento de lo público para el beneficio público. Y es que, aparte de los anuncios de los diferentes Ministerios, también cabría pactar públicamente por un uso pedagógico y educativo de estos espacios desaparecidos. Del mismo modo, el modelo alemán de televisión pública, podría ser aceptable en la medida en que este rechaza la emisión de numerosos programas de espectáculos, frente al modelo francés (que predomina en los intereses de RTVE).
Marco legislativo de la Unión Europea en torno a las audiovisuales y medios de comunicación: http://europa.eu/pol/av/index_es.htm Mediapro la máxima beneficiada con el retiro de la publicidad de RTVE El comité de empresa de RTVE cifró el seguimiento de la huelga en el 90%
Fuente original: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article13859