«Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro.» Walter Benjamín. La querella de las imágenes En estos días, casi todos los referentes de los principales espacios políticos, así como destacados intelectuales, han trazado bocetos parciales de lo que […]
«Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro.»
Walter Benjamín.
La querella de las imágenes
En estos días, casi todos los referentes de los principales espacios políticos, así como destacados intelectuales, han trazado bocetos parciales de lo que constituiría un primer balance respecto del saldo político arrojado por el conflicto agropecuario. Si bien en la mayoría de esos bocetos late una percepción común -a saber, que este es el comienzo de una nueva etapa-, debemos decir que es muy poco lo que comparten fuera de ello. Así, para Claudio Lozano, diputado de Movimiento por Buenos Aires, integrante de Proyecto Sur, el legado principal de los ciento veinte días de confrontación reside en la «profundización del proceso democrático» [1] . En tanto, la socióloga Maristella Svampa fue todavía más allá, al señalar que la votación del jueves marca «el final de la era K» [2] .
Desde una perspectiva opuesta, para Rubén Dri, docente de la UBA y miembro del espacio «Carta Abierta», el resultado más claro estriba en un golpe institucional, consumado en la derrota parlamentaria, por el cual se ha garantizado el sometimiento del Estado nacional a las corporaciones que rigen la economía [3] . En la misma línea que Dri han razonado sus colegas, Eduardo Grüner y León Rozitchner, para quienes:
«Sin duda, hay un antes y un después. Con el triunfo de la derecha campestre se han dado las condiciones para producir el sentido común de que «los que mandan» son las corporaciones privadas y no las autoridades políticas electas. Insistamos: esto no es un problema sólo para este gobierno, sino para toda la sociedad, se sienta o no representada por el Gobierno. Es un retroceso gigantesco, del cual se tardará mucho tiempo en recuperarse. El discurso neoliberal de la «patria» agroexportadora -con todas sus consecuencias económicas, políticas sociales, y ahora encima con base «de masas»- volverá a reinar sin competencia seria sobre el fondo del terror que circula.» [4]
¿En qué quedamos? ¿Cómo articular lecturas tan distintas respecto de un mismo fenómeno? Sin dudas, buena parte de la distancia que separa tan dispares interpretaciones refiere a las apuestas políticas de los agentes. Lozano, en el artículo referido, deja en claro su percepción del kirchnerismo como un espacio agotado [5] . De hecho, su entero análisis recuerda al realizado por quienes, desde la izquierda postularon, históricamente, la necesidad táctica de «agudizar las contradicciones», para mostrar la «verdadera naturaleza» de la dominación. En esta clave interpretativa -el famoso «a peor, mejor», la desaparición del kirchnerismo de la escena política abriría paso a la gestación de nuevos actores que su presencia obtura, actores más comprometidos con las transformaciones «estructurales» que requiere el país. Sólo de ese modo puede entenderse su llamado a construir, inmediatamente, «una nueva fuerza política». Lo que no queda tan claro es cómo quien dice representar los ya bastardeados intereses de los pequeños y medianos productores puede votar por la derogación de las retenciones móviles -que, en el dictamen aprobado por Diputados, atenuaba, vía diferentes subsidios, el impacto de las mismas hasta llegar, en algunos casos, a guarismos menores al 25%- para forzar el retorno del esquema de retenciones fijas, del 35%, a todos los productos y para todos los productores. Pero bueno, eso queda entre Lozano, Buzzi y las «bases» de la Federación Agraria Argentina, que son, junto al gobierno, los grandes perdedores de esta coyuntura [6] .
Quienes integran el espacio «Carta abierta», en cambio, han percibido desde el comienzo un clima «destituyente», motorizado por una «nueva derecha», cuya punta de lanza inmediata residiría en el discurso monolítico de los medios masivos de comunicación [7] . En ese sentido, sus propuestas han buscado integrar el fortalecimiento del régimen político democrático como objetivo primario sustantivo -sin por ello ahorrar críticas para el desempeño del gobierno, antes y durante la coyuntura- con la enunciación de aquellas transformaciones necesarias para la consolidación del Estado como actor político independiente de los intereses dominantes, condición indispensable para la continuidad o profundización de cualquier proceso de reformas a mediano plazo.
Estado, partidos y corporaciones
Pero la explicación basada en el expediente del oportunismo, con toda su relevancia, no agota la brecha interpretativa. Tal vez, el problema principal resida en una confusión corriente en el ideario progresista: la suposición de que todo fortalecimiento de la sociedad civil a costa del Estado es necesaria y directamente progresivo. Esta premisa, de añeja raigambre libertaria, debe no obstante cumplir con un segundo parámetro para ser en verdad correcta, esto es, el aspecto de las mediaciones políticas a través de las cuales se expresa la nueva ecuación de poder. En efecto, en estos ciento veinte días ha existido un fuerte avance de la sociedad civil sobre la autoridad estatal, pero ello no ha significado un fortalecimiento de los canales democráticos, como parece suponer Lozano, sino a la inversa. Los partidos, que son desde luego, junto al Parlamento, el eje de mediación política de la democracia moderna, no se han recuperado de la crisis de representación abierta en la coyuntura de 2001, y por ello no pudieron canalizar adecuadamente los intereses sectoriales, para traducirlos en términos de demandas de bien común. En su lugar, han reaparecido las asociaciones de interés, las corporaciones tradicionales, -o, como se las llama en la jerga política criolla, los «factores de poder»- dispuestas a luchar por intereses de definido sesgo sectorial, en un tipo de acción política que, lejos de fortalecer al régimen democrático, lo debilita.
Veamos: si la función central de los partidos en un régimen representativo consiste en el diálogo, en la negociación, en el consenso, y, en última instancia, en la resolución de los conflictos a través de reglas aceptadas por todos los participantes del juego político, la conducta de las corporaciones es completamente opuesta, pues se basa en el ejercicio de una forma perversa de acción política, esto es, aquella que se realiza negándose. Las corporaciones, carentes de representación política propia en el Parlamento, siempre presentan sus demandas en términos de relaciones de fuerza, de presión económica y de confrontación política.
En el caso que nos ocupa, el lock out agropecuario declarado en marzo se tradujo de inmediato en cortes de ruta, desabastecimiento o boicot al mercado interno, y diversos tipos y escalas de presión que implicaron que los representantes de un sector de la economía se arrogasen prerrogativas de derecho público por sobre el resto de la sociedad. La indudable complicidad de los medios masivos de comunicación, cuyos propietarios se mostraron solidarios con las necesidades de la fracción más concentrada de la clase dominante, permitieron a las corporaciones dar el salto cualitativo que identificó su defensa de intereses sectoriales con una causa «nacional», inscripta tanto en las decisiones coyunturales como en la historia de la patria. Armados con este invalorable recurso, los representantes de la «mesa de enlace» pudieron incluso convocar a todos los sectores desafectos u opuestos al gobierno, pero incapaces de traducir su disidencia en una opción superadora desde las mediaciones partidarias propiamente dichas.
Esto no implica negar el papel de la oposición, o desconocer el devenir de los debates parlamentarios, sino analizar su papel exacto en la ocasión. Pues, si bien los liderazgos opositores adhirieron en bloque al reclamo sectorial, no pudieron canalizarlo ni supieron explotar el desgaste presidencial. Asimismo, si el mensaje de los partidos se traduce en un Parlamento capaz de procesar los intereses sectoriales y resolverlos a través de los procedimientos de la democracia, el fracaso del Poder Legislativo en esta tarea demuestra a las claras el cariz del proceso iniciado en marzo. En la medida en que, ni desde el partido gobernante, ni desde los sectores opositores, pudo implementarse una acabada representación de la totalidad de los intereses en disputa, la interpretación que sostiene Lozano resulta insostenible, puesto que su corolario ha sido el avance de los grandes grupos económicos ligados al negocio de la soja, sobrerrepresentados en las instancias corporativas, tanto por sobre una autoridad estatal incapaz de fijar los términos de su proyecto de regulación, como por sobre los intereses objetivos del resto de la población, carente en la coyuntura de una voz propia que le permitiese defender sus posiciones en el debate.
En efecto, en el núcleo del debate no se hallaban, pese a su ubicuidad discursiva, las retenciones a las exportaciones graníferas, sino la matriz política del actual régimen de acumulación. El ataque corporativo a la resolución aduanera 125 representó, en verdad, un cuestionamiento explícito a la intervención estatal en la economía, un rechazo al tenue intento de la autoridad pública de expandir -o, al menos, recuperar- aquellas funciones y posiciones abandonadas en el repliegue neoliberal de los años noventa, efectuado al calor de las políticas «solicitadas» por Washington y los organismos multilaterales de crédito. Si bien en lo inmediato se observa una derrota gubernamental, detrás de la misma se esconde el fracaso de un proyecto político para reconstruir un agente estatal capaz de modificar de modo eficaz, sea a través de una política tributaria, sea a través de una política de ingresos, las condiciones bajo las cuales funciona el régimen de acumulación heredado de la etapa posterior a 2001.
La reforma cultural
Con todo, las escenas más preocupantes de cara a un futuro siempre abierto no procedieron del accionar de las corporaciones, ni tampoco del desembozado apoyo que recibieron de los medios de comunicación y la entera industria cultural. Lo más grave es el apoyo social que concitó un reclamo esencialmente antisocial, explícitamente antiestatal y, al menos en su forma discursiva, antipolítico. Las cacerolas de teflón que resonaron varias veces en apoyo de la escalada corporativa, demandando un «diálogo» que equivalía lisa y llanamente a una claudicación, revelan la existencia de un sentido común arraigado en buena parte de la población, sentido común que, aunque desmentido por toda estadística, insiste en la nostalgia de los «gloriosos» años de nuestra belle epoque como «granero del mundo», y en la posición fundamental que ostentaría el campo en la economía nacional, así como en su papel en nuestra reciente recuperación. En ese sentido, la derrota política nace como una derrota cultural, como una derrota en la pugna por la dirección ideológica de la sociedad, firmemente monopolizada por los sectores agroexportadores, los agentes financieros y sus socios en los multimedios.
No en vano, tanto en este trabajo como en muchos de los análisis que circulan en estos días, reaparece la figura y el pensamiento de Antonio Gramsci [8] . En ese sentido, me parece importante detenerme en otro de los diagnósticos de la hora: la necesidad de recuperar el «terreno perdido» en el campo cultural y su relación con la profundización del rumbo económico. Gramsci, excelente analista de las relaciones de fuerzas propias del Estado moderno, señalaba ya hace tiempo:
«¿Puede haber una reforma cultural, es decir, una elevación civil de los estratos más bajos de la sociedad, sin una precedente reforma económica y un cambio en la posición social y en el mundo económico? Una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a un programa de reforma económica, o mejor, el programa de reforma económica es precisamente la manera concreta de presentarse de toda reforma intelectual y moral» [9]
La profundización del camino de transformaciones iniciado en 2003 aparece, entonces, como el único medio de garantizar su continuidad. Sólo que ahora tenemos un poco más claro que la instancia simbólica representa una batalla por sí misma, que no puede ni debe librarse al acaso del «mercado cultural», en el cual son predominantes los mismos actores, y son prevalecientes las mismas lógicas, que en el resto de la economía. Trabajar sobre la construcción de sentido, estructurar una nueva sociedad civil, más poderosa, pero a la vez más democrática, liberada de la prisión corporativa, parece la primera de las lecciones de la hora. Vendrán nuevas batallas, en las que se jugará el sentido de esta derrota. Debemos prepararnos para ello, en la conciencia de que, como señalara Benjamín, «tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer».
[1] «En la práctica, hubo un salto de calidad institucional, una profundización del proceso democrático […] Se abre un tiempo donde el matrimonio Kirchner deberá aceptar (de lo contrario, habrá más complicaciones) socios en las decisiones. Socios que no son otros que aquellos que ellos mismos habían elegido como tales. En todo caso, queda claro más claro que la democratización a fondo, la batalla por la igualdad y contra la pobreza, siguen demandando la construcción de una nueva experiencia política». Véase Lozano, Claudio: «La derrota parlamentaria del gobierno profundizará el proceso democrático», en www.rebelion.org, 21/07/08.
[2] Svampa, Maristella: «Límites, o el fin de la era de Kirchner», en www.rebelion.org, 22/07/08.
[3] Para Dri, «el sometimiento del Estado a las corporaciones, que eso, y no otra cosa, es el golpe, está en su última fase. Por supuesto, quienes han votado con la Sociedad Rural, eso no solo no lo pueden ver, sino que no existe ni nunca existió. Han simulado que se debatía nada más que las retenciones […] cuando desde hace mucho ése no era, ni es, ni nunca fue el problema, sino que siempre fue y sigue siendo eminentemente político. El núcleo del problema siempre fue si el Estado ha de regir la política nacional, y en consecuencia, ha de intervenir en el mercado, o si son las grandes corporaciones las que han de ser rectoras sin límites. En una palabra, si se vuelve al más agresivo neoliberalismo, o si éste será por lo menos atemperado mediante intervenciones del Estado». Véase Dri, Rubén: «El golpe en etapa de maduración», en Página 12, 20/07/08.
[4] Grüner, Eduardo; Rozitchner, León: «Borrador de balance», en Página 12, 20/07/08.
[5] «En realidad, cualquier mirada sensata puede cotejar que el impulso transformador inaugural del proyecto kirchnerista, hace tiempo que se mancó.» En Lozano, «la derrota…», ibídem.
[6] Para la feroz interna desatada en el seno de Proyecto Sur, no exenta de verdaderas perlas de estalinismo explícito por parte de su «democrática» dirección, véase Lapolla, Alberto: «Proyecto Sur se cayó del helicóptero: de la izquierda a la derecha en nueve meses», en www.noticiasdelsur.com, 18/07/08. También, «Lozano no tendría que haber votado en contra», entrevista a Alberto Lapolla, en Página 12, 22/07/08.
[7] Para acceder a los documentos del espacio Carta Abierta, véase cartaabiertaa.blogspot.com/.
[8] Por ejemplo, leemos en una editorial de un reconocido matutino: «Cupo recordar por estos días una definición de Gramsci: Es hegemonía cuando una clase, o fracción de una clase, logra convencer al resto de las clases, o fracciones de clase, de que sus intereses particulares son los intereses generales. Eso, exactamente eso, es lo que acaba de (volver a) consumarse en la Argentina. Pero no en la madrugada del jueves. Y ni siquiera desde marzo último, cuando en la conjunción de los desatinos gubernamentales, y el aprovechamiento de ellos por parte de la fracción gauchócrata-mediática, comenzó a tejerse el entramado que Julio Cobos coronó con la teatralización de su cinismo supremo. Esto viene y se repite desde hace más de 30 años. Es la victoria de las patronales de los milicos. Son los 30 mil desaparecidos para que se haya logrado juzgar y encarcelar a los genocidas, pero no revertir la fenomenal derrota política que supone el terror de las clases medias y populares a cualquier vía de tímidos cambios alterativos del humor de los privilegiados. Cobos y los pusilánimes que priorizaron sus hectáreas, sus chacras, la tranquilidad del vermucito y la siesta cuando vuelven al pago, la defensa falsa del funcionamiento institucional para que la coreografía periodística los ampare, traicionaron acuerdos políticos de circunstancia. Fueron infieles, pero no desleales. Debajo de la superficie -o bien arriba, en realidad- respetaron a rajatabla su cuadro de valores ideológico: no apartarse jamás de los que estarán siempre, de los que tienen la plata del poder verdadero. Los demás van y vienen, llámense Kirchner o como sea. Los Llambías y los Miguens no. Ellos están siempre. Ellos y el tilingaje que quiere ser como ellos y nunca lo será. Los pobres y el medio pelo que piensan con la cabeza de los ricos son el reaseguro de esta gente. Véase Aliverti, Eduardo: «Qué país», en Página 12, 21/07/08.
[9] Gramsci, Antonio: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1984, p. 15.