Ninguna novedad es que la prensa, en general, está al servicio de los poderosos. Esta relación esclavo-amo que pretende imponerse a través de los medios es tremendamente peligrosa. Tergiversa la realidad de la problemática nacional e internacional y condiciona el comportamiento de las personas a su antojo. Bajo este contexto se hace imperante una ley […]
Ninguna novedad es que la prensa, en general, está al servicio de los poderosos. Esta relación esclavo-amo que pretende imponerse a través de los medios es tremendamente peligrosa. Tergiversa la realidad de la problemática nacional e internacional y condiciona el comportamiento de las personas a su antojo. Bajo este contexto se hace imperante una ley sobre responsabilidad social en la información veraz en todas las sociedades.
Los niveles de mentira que podemos encontrar hoy en los «análisis periodísticos», titulares y noticias en los medios de comunicaciones nacionales, han llegado a niveles extremadamente nocivos. Incluso jurídicamente comprometedores desde el punto de vista de la seriedad, la ética profesional y en la libertad de expresión e información, «aseguradas» en nuestra nefasta, rígida e impuesta Constitución del 80, en tratados y en organismos internacionales que las consideran como Derechos Humanos fundamentales, en relación a cualquier persona natural que se pueda sentir menoscabada o engañada por la sarta de mentiras y desinformación que emiten diariamente los organismos públicos y los medios de comunicación privados en Chile. El Estado a pesar de poseer varios medios a su servicio, es «cliente frecuente» de los medios privados, donde inyecta grandes sumas de dinero en publicidad.
Por otra parte queda en tela de juicio el profesionalismo y la ética de comunicadores, periodistas y directores, que podrían ser demandados y denunciados por el «mal» ejercicio de sus funciones y fomentar conductas contrarias a un desarrollo social sano para niños y jóvenes y antidemocrático para el resto de la sociedad; siguiendo los patrones de sus líneas editoriales y sus jefaturas, en las diferentes temáticas, en un área tan estratégica como son las comunicaciones.
Es labor de profesionales veraces ejercer un control interno en el llamado cuarto poder y debería ser discusión diaria en el Colegio de Periodistas, llegando al fondo en las acciones para desenmascarar la patraña y los siniestros objetivos detrás de cada mentira, que repiten y repiten, usando viejas manipulaciones para que se conviertan en «verdad».
El papel fundamental de los medios populares o alternativos, en el rompimiento del cerco informativo impuesto dentro y fuera del territorio por las cúpulas locales de poder al servicio del capital, hacen que estos sean perseguidos, observados, hostigados y eliminados cuando se encaminan a masificar su recepción. La ley de telecomunicaciones en Chile, en ese sentido, impide la libre expresión y libre información de las personas, manteniendo el monopolio informativo en un par de holding al servicio de la mentira y la alienación del pueblo.
Desde 1971 El Mercurio, al igual que otros sectores de oposición y agentes de las fuerzas Armadas al servicio de la CIA, recibió dineros de Estados Unidos para realizar la campaña comunicacional en contra del legitimo gobierno de la Unidad Popular, campaña que permitió el golpe de estado, el asesinato de Salvador Allende, el posterior aniquilamiento «silencioso» de millares de compatriotas, organizaciones populares y la perpetuación de los poderes fácticos. Este acto, que a todas luces constituye traición a la patria, por convertirse en instrumento al servicio de una potencia extranjera enemiga, muestra la importancia y el papel estratégico que juegan los medios de comunicación para la penetración, instauración, sostenimiento del engranaje y el control que pretende la reacción en las diferentes sociedades de nuestra América.
No me sorprende entonces, cuando la prensa local y las grandes cadenas mienten y tergiversan descaradamente la información sobre los procesos revolucionarios, bolivarianos y progresistas que se están dando en el continente. Comprendo el silencio que guardan sobre la resistencia en Honduras o sobre las violaciones que comete el gobierno entreguista de Uribe en Colombia.
Bajo esta punta de iceberg de antecedentes y sin olvidar que el golpe de abril de 2002 fue orquestado desde los medios de comunicación, una ley sobre responsabilidad social en la información, se hace imprescindible ya no sólo en la Venezuela revolucionaria y bolivariana, sino en todas partes. Por último, ante la inyección de grandes capitales nacionales y foráneos para controlarnos a través de estos medios, se hace más necesario aun, la relación y cooperación de todos los medios progresistas, romper el cerco informativo y estrechar lazos desde el Rio Bravo a la Antártida.