No había pasado ni una semana del noveno aniversario del cierre de «Egin» y «Egin Irratia» ejecutado por Baltasar Garzón cuando Juan Del Olmo, otro juez de la Audiencia Nacional con cierta experiencia -cerró «Egunkaria»-, volvía a golpear contra la libertad de expresión, secuestrando «El Jueves». Antes que nada, pues, mi solidaridad con la revista […]
No había pasado ni una semana del noveno aniversario del cierre de «Egin» y «Egin Irratia» ejecutado por Baltasar Garzón cuando Juan Del Olmo, otro juez de la Audiencia Nacional con cierta experiencia -cerró «Egunkaria»-, volvía a golpear contra la libertad de expresión, secuestrando «El Jueves». Antes que nada, pues, mi solidaridad con la revista y sus ingeniosos hacedores.
La nueva olmazada ha suscitado en el Estado español un debate indirecto sobre la posibilidad de desviarse de la empalagosa adulación monárquica imperante y otro, más importante y de fondo, sobre la libertad de expresión y los límites de la actuación judicial en ese terreno. Sin embargo, en ese debate de calado no han tenido cabida las vulneraciones más graves de la libertad de expresión ocurridas en los últimos años en Hego Euskal Herria a instancias de un Gobierno español, con objetivos nítidamente políticos. Los cierres de «Egin», «Egin Irratia», «Ardi Beltza», «Egunkaria»… son el grado más alto, el irreversible, de la agresión contra la libertad de expresión, porque ninguno puede volver a editarse ni emitir, y el daño causado, tanto al medio como a las personas afectadas, es irreparable. Pero ha habido más casos: diligencias contra GARA y «Egunkaria» por una entrevista a ETA, contra EiTB por lo mismo, contra el suplemento de «Deia» por meterse con la realeza española…
El hecho de que en el actual debate nadie -casi nadie, para ser justa con quienes sí lo han hecho- recuerde ni reivindique la libertad de los cuatro medios machacados sin posibilidad de defensa, lleva a otras reflexiones que, a mi entender, atañen de lleno a la libertad de expresión y se adentran, además, en cómo se entiende el derecho a la información y el papel de los medios en conflictos como el que nos afecta. La primera es que, tristemente, parece que se han dado ya por buenas aquellas intervenciones político-judiciales, dentro del amplio recetario de medidas «contra el terrorismo» que tanto marcan a los medios de comunicación del Estado español. Así pues, no tienen lugar en el debate, ni siquiera con una sentencia pendiente («Egin») y un juicio por hacer («Egunkaria»). Parece que esas cosas no hubieran ocurrido o fueran «del pasado» como pretende María Teresa Fernández de la Vega. Algún día, sin embargo, habrá que afrontarlas.
Junto a los supuestos límites de la libertad de expresión, se habla del derecho a la intimidad y el honor de la pareja protagonista del dibujo de «El Jueves». Sin embargo, no hay semejante protección para las víctimas de las vomitivas peroratas de tertulianos y tertulianas radiofónicas o de artículos de columnistas supuestamente ocurrentes que no saben más que insultar o desbarrar. Me vienen a la memoria escritos de Alfonso Ussía sobre mujeres de la izquierda abertzale infinitamente más insultantes y soeces que el dibujo de «El Jueves». Pero, claro, las víctimas de Ussia y similares son vascas y vascos y «terroristas». Todo les está permitido.
Tampoco hay protección a las personas implicadas ni reproche judicial o de la profesión cuando, por ejemplo, leemos un titular como este: «Nuevo golpe policial en Francia con la detención del jefe de explosivos de ETA (sic) y otro terrorista» («El País», 12-07-2007). Impactante, ¿verdad? Qué éxito del Gobierno. Pero cuando se lee el texto, la cosa va cambiando: «Fuentes de la lucha antiterrorista sitúan a uno de ellos, Iker Mendizábal, en el aparato de abastecimiento de armas y explosivos», dice la entradilla. Más adelante, más matizaciones: Mendizábal «puede ser el responsable del aparato de abastecimiento», y casi a renglón seguido: «otras fuentes policiales le sitúan como uno de los especialistas de ETA en el asalto de polvorines». Ajá. Pero en el titular es «el jefe», y lo que queda es el titular…
¿Alguien podría decir cuántas personas han sido detenidas, acusadas en titulares de prensa de gravísimos delitos o pertenencia a ETA, filtradas sus declaraciones mientras aún están arrestadas, sin que haya habido rectificación alguna cuando esas acusaciones decaen incluso en los partes oficiales? ¿Hasta dónde está pervirtiendo la contaminación de la lucha antiterrorista conceptos básicos del periodismo? No existe una actitud crítica, ni siquiera inquisitiva, ante las informaciones de Interior y sus aledaños. Se traga todo; hasta el gesto de un preso en el banquillo de la Audiencia Nacional saludando a sus familiares o a quienes están junto a él se convierte en una «juerga», una «burla» o una «actitud desafiante» al tribunal o a toda la sociedad, según convenga («Abc», «El Mundo»).
Lo malo es que ese virus de la corriente mayoritaria es contagioso, y así, por ejemplo, el pasado 24 de julio se podía ver en un medio guipuzcoano una fotonoticia con el siguiente titular: «Las pintadas inundan de nuevo Lizartza y el PP se apresura a dar orden de borrarlas». Una observación no demasiado detallada de la foto revela que, junto a una pintada efectivamente reciente -«Otaola ospa»-, aparece otra que dice: «Orain EHAK bozkatu». ¿EHAK? ¿Cuándo fue eso? ¡En 2005!
Son pequeños detalles, pero todos ellos deberían mover a introducir nuevos elementos en la reflexión sobre libertad de expresión. Se debería mimar, trabajar y defender el derecho de audiencias y de lectores y lectoras a disponer de información lo más limpia posible de adherencias opinativas, que deben reflejarse en otros espacios de cada medio. Partimos de que la objetividad total no existe y de que cada medio tiene -o debería tener y serle respetada- una libertad ideológica que, legítimamente, se refleja en la valoración y presentación que hace de las noticias y reportajes. Eso, sin embargo, no debe llevar a hurtar elementos informativos o a deformarlos mediante la introducción de adjetivación y valoraciones a priorísticas, que condicionan sutil o abiertamente el juicio de quien recibe la información. Separar información de opinión sería un saludable paso que se podría dar desde ahora para proteger los derechos y libertades relacionadas con la prensa, que no son sólo de las y los periodistas, sino de toda la sociedad receptora de su trabajo.
Con motivo del noveno aniversario del cierre de «Egin», se presentó un texto en defensa de la libertad de expresión, que sigue recogiendo adhesiones. Al hilo de lo ocurrido con «El Jueves», se hace aún más evidente la necesidad de profundizar en el debate, pero no ciñéndolo a los artículos del Código Penal, sino yendo al fondo del asunto desde la propia profesión del periodismo. Ojalá fuéramos capaces de abordarlo sin recelos ni prejuicios, con resultados positivos para la profesión, la sociedad, y los derechos y libertades de todas y de todos.