La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó el 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el informe «Concentración de medios y libertad de expresión: normas globales y consecuencias para las Américas» en la que alerta sobre las consecuencias que […]
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó el 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el informe «Concentración de medios y libertad de expresión: normas globales y consecuencias para las Américas» en la que alerta sobre las consecuencias que el monopolio de medios de comunicación tiene sobre el derecho a la información.
«A primera vista resulta evidente que la concentración de la propiedad de los medios perjudica la libertad de expresión», señala el informe. «El hecho de que uno o dos individuos controlen los medios significa que controlan el equivalente moderno de la plaza pública, el espacio donde tienen lugar la discusión y el debate social».
«Sin dudas, la concentración indebida de la propiedad debilita tanto a la libertad de expresión como a la democracia, ya que restringe el libre flujo de información e ideas en la sociedad, lo cual nos perjudica a todos. Asimismo, también afecta a los principios básicos de la competencia, fundamentales para el funcionamiento exitoso de cualquier mercado», agrega.
Si bien en la mayoría de países de América Latina existen normas que regulan el monopolio mediático, los propietarios de los medios de comunicación consideran que esas normas restringen sus derechos económicos y comerciales.
La UNESCO explicó que este tipo de reglas están basadas, no sólo en la necesidad de impedir el abuso de quienes ocupan posiciones comerciales dominantes, sino también porque «la concentración de medios de comunicación amenaza la diversidad de los medios y el derecho humano a recibir una variedad de información y opiniones.
«En otras palabras, la información, la comunicación y los bienes y servicios culturales no pueden ser considerados meros commodities, y toda norma antimonopolio debe reconocer la importancia de satisfacer la necesidad de recibir y de transmitir información de todos los ciudadanos a través de un amplio abanico de canales de información», indicó.
El caso peruano es uno de los más emblemáticos de la región. Actualmente más del 80% de la prensa escrita se encuentra en manos del Grupo El Comercio, de propiedad de la familia Miró Quesada, que se autodenomina «el principal grupo multimedia del Perú». Además del diario El Comercio, este grupo publica otros nueve periódicos, 11 revistas y numerosos semanarios y suplementos especiales. Además posee dos canales de televisión y participa en otros negocios, como la construcción.
Según Roberto Pereira, abogado del no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en el Perú «no existen normas para regular la concentración de empresas y menos aún en el caso de medios de comunicación. Las normas peruanas son muy genéricas y eso impide resolver concretos porque carecemos de criterios normativos».
Violencia contra periodistas
La libertad de prensa está amenazada, además, por la violencia contra periodistas que entre enero y abril ha dejado 14 muertos en la región.
La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) denunció el 2 de mayo que entre enero y abril ocurrieron siete asesinatos en México, dos en el Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en Honduras y uno en Venezuela.
«La muerte a manos de sicarios pagados con dinero de la corrupción política y su principal aliado que hoy sería el narcotráfico, sin perjuicio de otros poderosos sectores económicos, elimina sistemáticamente periodistas libres de compromisos antiéticos ante la complicidad de sistemas políticos corruptos, permeados hasta los tuétanos por el envilecimiento generado por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no hay ninguna guerra y, teóricamente, debería reinar la paz social en los presuntos ‘países democráticos’ más pregonados de esta parte del mundo», manifestó Ernesto Carmona, presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la FELAP.
«Los periodistas se sienten impotentes, trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales y fácticos», agregó Carmona. «Incluso, algunos medios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México. Además, en cada país latinoamericano se registran e manera permanente atentados y violaciones de los derechos a la información y a libertad de expresión que atañen a todos los ciudadanos, no sólo a los periodistas».
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema. Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte-IDH], el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Dichas acciones no sólo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho».
«Los actos de violencia que se cometen contra periodistas (término entendido bajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional, violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo», precisó la CIDH.
Fuente original: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7420