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Libertad de prensa en el conflicto armado colombiano

Fuentes: Adital

Los ataques a la libertad de prensa en Colombia se centran en los periodistas y medios regionales. ¿Qué impacto tiene ese hecho en la percepción del conflicto armado por parte de las audiencias? «La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional». Articulo 73 de la Constitución Política de la República […]

Los ataques a la libertad de prensa en Colombia se centran en los periodistas y medios regionales. ¿Qué impacto tiene ese hecho en la percepción del conflicto armado por parte de las audiencias?

«La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional». Articulo 73 de la Constitución Política de la República de Colombia.

«Una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática«. Resolución de 1991 «Fomento de la libertad de prensa en el mundo» de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

La libertad de prensa en Colombia, ese oscuro objeto del deseo

En Colombia existe libertad de prensa, pero igualmente se presentan una gran cantidad de factores que hacen que esta libertad se vea afectada de forma estructural. Esta frase, por contradictoria que puede llegar a parecer, refleja las múltiples complicaciones que conlleva el ejercicio del periodismo en un país que se transforma socialmente en medio del conflicto armado.

Si entendemos la libertad de prensa como la instrumentalización de la libertad de opinión, en otras palabras, la capacidad de medios de comunicación y periodistas de expresar libremente sus pensamientos y emitir sin presiones las informaciones que elaboran, nos damos cuenta de que los linderos entre libertad de prensa y libertad de expresión se tornan opacos, difusos y poco claros para un contexto como el colombiano.

La transparencia, la equidad, la veracidad y la búsqueda de la verdad son fundamentos centrales dentro del periodismo liberal, que llevan a que la labor del periodista sea mucho más que una simple acción de transmisión de hechos de interés público a la sociedad. ¿Cómo mantener estos principios en medio del conflicto armado colombiano? ¿Cómo lograr que esta responsabilidad social esté lo suficientemente «blindada» frente a los intereses de los actores del conflicto armado? ¿Cómo lograr que la información, sin ánimo de ser inocentes o ingenuos, no se transforme en un botín de guerra más?

En los últimos dos meses en Colombia se ha presentado un fuerte debate sobre la posibilidad de ejercer libremente la actividad periodística en el país, debate que siempre ha estado presente pero que cobra realce cuando involucra periodistas de carácter nacional y con reconocimiento en la esfera pública. Según la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – de Colombia,[1] en lo que va corrido del año se han presentado 22 amenazas a comunicadores, 5 atentados a infraestructura de medios de comunicación, 2 agresiones y casos particulares de asesinatos, secuestros, atentados, exilios, censura, heridos en cubrimiento y obstrucciones que imposibilitan el libre ejercicio periodístico. Los anteriores son indicadores que presenta la FLIP para medir el ejercicio de la libertad de prensa en el país, pero si se miran con cuidado pueden proponer un interesante ejercicio de reflexión.

El periodista asesinado, Julio H. Palacios, era de la ciudad fronteriza de Cúcuta; el periodista secuestrado, Hernán Echeverri, habitaba el Urabá antioqueño; el atentado contra el periodista Julián Ochoa le fue realizado por ser el director del canal de televisión por cable de Andes, Antioquia; y el exilio forzado de Alfredo Serrano se presentó por ejercer su labor periodística en Barrancabermeja, Santander.

Vale la pena igualmente resaltar que en este año fue atacada con una granada la sede del diario «El Informador» de Santa Marta y que los ataques con explosivos, cinco en lo que va del año, fueron contra equipos y antenas de transmisión de canales privados de televisión y emisoras de Putumayo y Caquetá. En Tame, Arauca, se amenazó al periodista de una emisora comunitaria, Edwin Moreno, y se registró de igual manera la muerte de Nelson Carvajal, comunicador que trabajaba en Pitalito, Huila. ¿Qué sucede entonces cuando observamos que las agresiones se concentran en los periodistas regionales? ¿Por qué sólo cuando son comunicadores «nacionales» es que se prenden las alarmas y este se vuelve un tema de agenda para la sociedad?

Según lo anterior, se puede observar que el ejercicio del periodismo es mucho más peligroso para las personas que viven fuera de las grandes ciudades del país, pero que desgraciadamente no logran movilizar la misma atención pública que cuando estos hechos le suceden a periodistas más reconocidos nacionalmente. Esto nos devela dos puntos de entrada interesantes: la lógica informativa del conflicto armado colombiano y sus intereses, y la asimetría periodismo regional vs periodismo nacional.

¿Desde dónde se informa y se relata el conflicto armado colombiano?

De ninguna manera se pueden justificar las amenazas que por razones de su oficio se han realizado contra Daniel Coronell, director del noticiero «Noticias UNO» que se transmite por uno de los canales de televisión pública de Colombia, o las recibidas por Hollman Morris, director del programa de televisión «Contravía» que patrocina la Unión Europea, ni el caso de Carlos Lozano, director del semanario «Voz» de afiliación comunista. Pero tampoco son justificables las múltiples amenazas que reciben constantemente los comunicadores regionales y que desgraciadamente son de poco conocimiento y reconocimiento por parte de la gran mayoría de colombianos.

El conflicto armado colombiano se desarrolla en gran medida en las regiones y municipios del país y considero que hay una mayor repercusión cuando estos atentados son realizados a las personas que se encargan de configurar las esferas públicas locales por medio de sus informaciones. Los relatos que se construyen sobre el conflicto armado, lo que sucede día a día en los municipios y regiones de Colombia, es de especial importancia para la construcción de la memoria del conflicto colombiano.

La importancia de lo anterior, en palabras de Germán Rey[2], es que «la memoria permite la continuidad, la relación entre los acontecimientos y la elaboración de relatos que al integrarse llenan los vacíos y los olvidos fortuitos o intencionados… Es fundamental, entonces, que los medios contribuyan a una reconstrucción de la memoria, como una de las condiciones para salir del entramado de violencias«. Y esta reconstrucción solo estará completa cuando se tramen los relatos construidos por la prensa central con la prensa local, de ahí su importancia y la gravedad de que las violaciones a la libertad de prensa se focalicen en los comunicadores periféricos.

En suma, esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación que se encuentran imbuidos en el conflicto, la de la construcción de la memoria colectiva, será de vital importancia cuando el conflicto armado finalice, ya que por medio de sus registros y notas se podrán esclarecer los distintos hechos que establezcan las futuras Comisiones de la Verdad en el país. Es por lo anterior que las violaciones al ejercicio periodístico regional y local nos deben llamar mucho la atención. La forma como se representan los hechos o sucesos del conflicto armado devela dinámicas muy riesgosas para los comunicadores, pero la falta de atención de la sociedad hacia sus periodistas locales las oscurece aún más.

Por otra parte, el estudio realizado en el año 2003 por Medios para la Paz, titulado «La guerra, una amenaza para la prensa»[3] nos muestra que los problemas de los periodistas regionales son muchos: la presión y persecución por parte de los actores de la guerra, los conflictos de interés en las relaciones con las diversas fuentes, las dificultades crecientes para llevar una cobertura adecuada de las confrontaciones, la necesidad de atender diferentes trabajos para poder obtener ingresos que les permitan sobrevivir, las tensiones que se derivan de la situación de pluriempleo y las dificultades que experimentan en su trabajo con los editores centrales; son las piezas de este complicado rompecabezas periodístico regional.

Tener en cuenta que la cadena más débil y propensa a ser atacada por los agresores de la libertad de prensa[4] vive en las regiones, nos pone a pensar un poco sobre la manera como se esta construyendo la información sobre el conflicto y cómo se está relatando el mismo. Si estos relatos se están construyendo cada vez más desde las lógicas y ópticas de la prensa nacional y sus reporteros debido a que, como lo hemos señalado, existe una imposibilidad cada vez más fuerte para que los periodistas regionales y locales ejerzan su labor, creo yo que estamos empezando a entrar en un estado de «esquizofrenia mediática», pues las informaciones que dan cuenta de hechos que suceden por fuera de las grandes ciudades no están siendo transmitidas con la veracidad suficiente.

Para ilustrar lo anterior, nada mejor que un ejemplo: en el reciente paro armado que sucedió en el departamento del Putumayo la prensa nacional informaba en momentos coyunturales que ya todo estaba en completa calma en la región bajo el control de la fuerza pública y que poco a poco se iba restaurando la normalidad en el departamento. Al ser consultados periodistas regionales sobre los mismos hechos, ellos argumentaban que la situación humanitaria y política estaba fuera de control y que temían seriamente que la «normalidad» descrita por los medios nacionales no llegaría en muchas semanas. ¿Cómo saber realmente lo que sucede en el conflicto si la información no responde a los criterios de transparencia, equidad, veracidad y búsqueda de la verdad antes mencionados? ¿Cómo saber lo que sucede si las informaciones son creadas sin apelar al número de fuentes necesarias y sin realizar el contraste necesario? ¿Cómo informar estructuralmente sobre el conflicto regional si el reportaje se realiza desde un escritorio en Bogotá o Medellín, sin ir al campo y sólo a través de un teléfono?

Una de las responsabilidades que tienen los periodistas regionales y locales es la de informar desde allí lo que sucede y construir los relatos que ayuden a entender el conflicto armado y crear memoria. Lo perverso sucede cuando observamos que las acciones de los agresores a la libertad de prensa se concentran en ellos, sin ser hecho llamativo o importante para la opinión pública. ¿Desde dónde se está narrando y construyendo mediáticamente el conflicto armado entonces?

El monitoreo a la prensa colombiana que realizó el Proyecto Antonio Nariño[5] en el año 2004 muestra que la información que se construye sobre conflicto armado en el país sólo apela a la fuente oficial para realizar sus piezas, que no existe contraste informativo en las mismas y que se utiliza principalmente el género noticioso para su elaboración. Si los medios de comunicación privilegian la información que brindan las fuentes oficiales, podemos argumentar entonces que no tenemos acceso a los múltiples puntos de vista que se pueden ofrecer de los acontecimientos. Esto, que es muy grave, ayuda a fomentar aún más una visión parcializada de la realidad y a alimentar esta «esquizofrenia colectiva» que repercute directamente en la creación de imaginarios sobre el conflicto armado[6] por parte de la población colombiana.

En definitiva, la libertad de prensa en Colombia es el resultado de una conjugación de complejas variables que impone el conflicto armado que vive el país. Llamar la atención sobre la gravedad implícita que tiene el atentar contra los periodistas locales y regionales, sin desmeritar de ninguna manera las agresiones de las que son víctimas los periodistas nacionales, es parte de estos apuntes para el debate. Fomentar la unión de fuerzas para insistir en una prensa libre, democrática y pluralista es la tarea encomendada, pues entre muchos otros aspectos la libertad de prensa es uno de los derechos fundamentales de las sociedades y tienen los comunicadores sociales la responsabilidad histórica de ser esos cronistas que nos informen sobre lo que sucede.

Dejar la responsabilidad de relatar los hechos a sólo unos cuantos medios de comunicación pone en gran peligro las dinámicas democráticas de los países, pues la construcción de las percepciones, imaginarios y mentalidades depende en gran medida de las configuraciones de sentido que allí se construyen. Lograr entonces la creación de medios de comunicación de todo tipo de tendencias, que participen en la configuración de pesos y contrapesos democráticos; propender por el respeto a la vida de los comunicadores sin importar en qué espacio geográfico se encuentren, promover los observatorios de medios de comunicación, los consejos de lectores dentro de los mismos, los tribunales de prensa, las veedurías a medios y las investigaciones especializadas, puede sonar como herramientas o acciones algo ingenuas teniendo en cuenta la dinámica actual del país. Pero sólo en la medida en que los ciudadanos entendamos la importancia del derecho a la información, podremos realmente comprender por qué defender la libertad de prensa es una necesidad básica para pensar un modelo más justo e incluyente de país.


Notas

[1] Fundación para la Libertad de Prensa, «Diagnóstico de la libertad de prensa en Colombia Junio-Julio 2005» Bogotá, Agosto de 2005.

[2] Rey Germán «Balsas y medusas, visibilidad comunicativa y narrativas políticas». Fescol, Fundación Social CEREC, Bogotá, 1999.

[3] Gómez Patricia y Velásquez Mónica «La guerra, una amenaza para la prensa» Medios para la Paz, Bogotá, 2003.

[4] Se pueden mencionar entre otros a los políticos corruptos, los actores armados, la delincuencia común, los narcotraficantes, los actores estatales y gubernamentales…

[5] Rey Germán y Bonilla Jorge Iván, «Calidad informativa y cubrimiento del conflicto» Proyecto Antonio Nariño, Fondo Editorial CEREC, Bogotá, 2004.

[6] Para mirar más detalladamente la construcción de imaginarios y la incidencia de los medios de comunicación en la creación de los mismos, se recomienda ver el capítulo 18 «transformar los imaginarios: educación y medios de comunicación» del Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia INDH 2003 «El Conflicto Callejón con Salida», del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – que fue editado en el año 2003 en Colombia.

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Camilo Andrés Tamayo es Investigador del Cinep