Es una pregunta inevitable de hacer cuando se repite hasta el cansancio una expresión como «libertad de prensa». «Libertad de prensa», dicen los grandes medios de información (o de desinformación, para ser más exactos), que también suelen ser los más grandes grupos económicos y de mayor influencia de nuestras sociedades latinoamericanas. En estos días se […]
Es una pregunta inevitable de hacer cuando se repite hasta el cansancio una expresión como «libertad de prensa».
«Libertad de prensa», dicen los grandes medios de información (o de desinformación, para ser más exactos), que también suelen ser los más grandes grupos económicos y de mayor influencia de nuestras sociedades latinoamericanas.
En estos días se habla mucho de «libertad de prensa» en Argentina, en relación la proyecto de ley de medios presentado por el gobierno nacional, y ante esto la Sociedad Interamericana de Presa (SIP) brama: «libertad de prensa», al unísono del grupo Clarín, el gran monopolio multimediático argentino. Hasta se escuchan gritos desde España pidiendo que se respete la «libertad de prensa» en Argentina, gritos proferidos por otro gran concentrador multimediático conocido como el Grupo Prisa, con intereses en 22 países, muchos de ellos latinoamericanos y entre ellos la Argentina.
«Libertad de prensa» vociferan. Al igual que lo hicieron cuando el gobierno venezolano decidió no renovar la licencia de Radio Caracas, o cuando el gobierno ecuatoriano está analizando la cancelación de licencias a diferentes medios. Lo mismo hacen en Bolivia y Nicaragua. Está demás mencionar a Cuba.
Parece ser que en los únicos países del continente americano donde no se respeta la «libertad de prensa» es justamente en los países donde los gobiernos buscan el bienestar de la sociedad y no de los grandes poderes económicos. (Exceptuando en este caso a Argentina, por supuesto.)
La SIP, Reporteros Sin Fronteras y los grandes grupos económicos claman «libertad de prensa» en Venezuela, donde el 90% de los medios son opositores al gobierno socialista y hasta han llamado al magnicidio a través de la TV. Claman «libertad de prensa» los grupos separatistas oligarcas financiados por los EE.UU. que buscan derrocar al gobierno boliviano. Gritan «libertad de prensa» en Ecuador las elites que manejan los medios de información que pretenden someter a la población de mayoría indígena.
Lo curioso es que ni la SIP, ni Reporteros Sin Fronteras ni los grupos económicos que monopolizan los medios de comunicación pidan «libertad de prensa» en México, donde Calderón se consagró presidente en elecciones fraudulentas de las que fueron cómplices esos mismos grupos, o en Colombia, donde Álvaro Uribe ejerce un gobierno del terror apoyado por esos grandes grupos económicos.
¿Y qué pasa en Honduras? Sólo para seguir ejemplificando.
Donde un gobierno de facto hizo callar todos los medios que alzaron sus voces contra el golpe de estado. ¿Es que allí se respeta la «libertad de prensa»? ¿O será que en realidad no estamos hablando de «libertad de prensa» sino en realidad de «libertad de empresa»?
Se puede ver perfectamente en la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa (http://www.sipiapa.org), diferentes críticas al gobierno ecuatoriano, boliviano, argentino, etc. Hasta tienen espacios dedicados exclusivamente a Venezuela y Cuba.
Claman por «libertad de prensa» en los países que justamente están buscando eso, libertad de prensa, socialización de la información. Por supuesto que esto es en detrimento del negocio de la información. ¿Será esto lo que le molesta a la SIP?
Analicemos el caso argentino, que es el que en este momento está en la tapa de todos los grandes medios.
El proyecto de ley presentado por el gobierno para los Servicios de Comunicación Audiovisual propone una serie de modificaciones a la ley vigente (Ley Nº 22.285) promulgada por la última dictadura militar, firmada por Jorge Rafael Videla, José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy; dictador, ministro de economía y ministro del exterior respectivamente.
Según el gobierno argentino, el nuevo proyecto de ley está en concordancia con el Art. 13 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos.
Dicho artículo proclama:
«Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquiera otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.»
Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Y por supuesto que este derecho está por sobre la posesión de riqueza, que es en este momento lo único que posibilita a un persona omitir su opinión a través de un medio. (Ya sea por la posesión directa de la riqueza o por salvaguardar la riqueza del poseedor del medio.)
Es muy interesante el artículo aplicado a nuestra realidad. Una antigua máxima para cualquier sociedad civilizadamente establecida dice que: «La propia libertad termina donde empieza la del otro».
¿La «libertad de prensa» está por sobre eso? ¿Cuando justamente esa prensa no respeta los derechos y la reputación de los demás? ¿Cuándo incita constantemente al miedo y a la violencia contra el resto de la ciudadanía?
En relación a esto, veamos lo propuesto por el nuevo proyecto de ley y las diferenciaciones con la ley vigente.
El nuevo proyecto de ley propone un marco legal a todos los medios de comunicación independientemente del medio, mientras la vigente sólo regula radio y televisión.
- El nuevo proyecto de ley garantiza el derecho universal a la información y a la libertad de expresión, mientras que la vigente restringe la libertad de expresión en «base a necesidades de la Seguridad Nacional».
- El nuevo proyecto de ley será regulado por un organismo integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del poder ejecutivo nacional, a la vez que se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por universidades, asociaciones sin fines de lucro, trabajadores del sector de medios, etc., mientras que en la ley vigente el organismo que regula los medios está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
- El nuevo proyecto de ley reserva un tercio de las frecuencias exclusivamente para asociaciones, cooperativas, etc., sin fines de lucro, mientras que según la ley vigente sólo se puede ejercer esta actividad exclusivamente con fines de lucro. (En el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones.)
- El nuevo proyecto de ley pretende impedir la formación de monopolios. El estado nacional, provincial y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Un tercio del total.) En la ley vigente se admiten los monopolios, y el estado tiene un participación subsidiaria, ya que sólo puede dar servicios en áreas no rentables para los medios privados.
- El nuevo proyecto de ley permite tener hasta 10 licencias de servicios abiertos (radio y TV.), mientras que la ley vigente permite a un persona tener hasta 24 licencias para servicios abiertos.
- El nuevo proyecto de ley propone el otorgamiento de licencias según criterios de idoneidad y de arraigo a la actividad, mientras que la ley vigente basa sus criterios para el otorgamiento de licencias en la posesión de riqueza y aspecto patrimoniales.
- El nuevo proyecto de ley exige la transparencia de la titularidad de las licencias, mientras que la ley vigente posibilita mediante la utilización de sociedades por acciones esconder la titularidad de las licencias.
- El nuevo proyecto de ley establece un régimen abierto de participación para sociedades cooperativas, implementando medidas para evitar el abuso de posiciones dominantes, mientras que la ley vigente prohíbe la participación de sociedades cooperativas. (Desde el año 2005 están permitidas pero de forma restringida.)
- El nuevo proyecto de ley establece una cuota de pantalla para cine nacional, como han hecho algunos países europeos. En ley vigente no está previsto.
El Grupo Clarín, como principal monopolio informativo despotrica contra este proyecto de ley reclamando «libertad de prensa». Pero en realidad lo que reclama es su libertad de empresa, de lucro. Si este proyecto de ley es sancionado, el grupo Clarín deberá desprenderse de la muchas de las licencias que regentea, y por lo tanto, su mayoría en el mercado.
Esto es lo que Clarín y la SIP llaman «libertad de prensa». No en realidad a la posibilidad de todas las personas de llegar a la sociedad, sino a su monopolio del negocio.
Con la ley vigente basada en el otorgamiento de licencias en base a la riqueza, a la sociedad le es muy difícil el acceso a la pluralidad informativa. A los medios alternativos de información le es imposible llegar a la sociedad toda.
Hoy, un monopolio mediático que en vez de informar lo que hace es actuar como formador de opinión, imposibilitando a la sociedad toda de informarse y hacerse escuchar.
Estoy convencido que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el gobierno argentino no es el ideal, pero creo que es un primer y gran paso hacia la democratización y socialización de la información.
Y hablando claro y pronto. No será el ideal, pero seguro no es peor de lo que hoy tenemos.