Hay un linchamiento mediático contra Chávez. El motivo de fondo es que el presidente de Venezuela (que tiene que demostrar ser más demócrata que Pericles o que Tocqueville y eso que ninguno de los dos lo eran en realidad) no entra por el aro del nuevo orden mundial, esa «dictadura silenciosa» (como diría Forrester) que […]
Hay un linchamiento mediático contra Chávez. El motivo de fondo es que el presidente de Venezuela (que tiene que demostrar ser más demócrata que Pericles o que Tocqueville y eso que ninguno de los dos lo eran en realidad) no entra por el aro del nuevo orden mundial, esa «dictadura silenciosa» (como diría Forrester) que sobre 1991, hundida la URSS, implantó Bush, padre. El pretexto o motivo inmediato y superficial es que ha cerrado una cadena de televisión: la RCTV. En realidad, Chávez no ha cerrado la RCTV, sino que no le ha renovado la licencia de emisión tras caducar ésta, que no es lo mismo. En la práctica, ha cerrado una cadena hostil pero se ha atenido a derecho. Podemos estar o no de acuerdo con el señor Chávez pero lo que voy a aconsejar una vez más es que miremos la viga que tenemos en nuestro ojo antes que la mota de polvo que el prójimo tiene en el suyo y que no caigamos con tanta facilidad en el seguidismo del mensaje: Chávez es un dictador que niega la libertad de prensa.
Primero, existen al menos un centenar de casos en el mundo donde, en los últimos años, los gobiernos de otros países de América Latina, Estados Unidos o Canadá, han cerrado emisoras de radio y televisión independientes por similares motivos a los que se le achacan a Chávez (la crítica) o por el mismo motivo que -oficialmente- ha llevado a la administración venezolana al cierre: la licencia caduca y se decide la no renovación. Dos, en España se han dado casos de cierres de medios de hecho y de derecho y aquí nadie ha dicho esta boca es mía. ¿Por qué quiero echarle un cable al gobierno de Venezuela si está en el «eje del mal»? Porque quienes lo atacan -que son teóricamente «los míos»- son de los que las matan callando y porque he sido testigo del «trabajo» de los medios en Venezuela y del papel de la cadena cerrada.
Cuando en 2002 estuve en Caracas, los grandes medios de comunicación -todos conectados con negocios ajenos al periodismo, como el petróleo, la cerveza y el gran comercio, en general- llamaban a la insurrección contra un presidente legalmente constituido. Desde mi habitación del hotel no daba crédito a lo que veía: presentadores de programas, periodistas de informativos, clamando contra el presidente, estimulando a la desobediencia civil y requiriendo a los militares para que protagonizaran un golpe de Estado que, en efecto, llegó después y fracasó. Aquella actitud no sólo iba contra toda rigurosidad periodística y contra toda deontología sino contra las leyes y la Constitución y un militar en el poder -Chávez- elegido por los ciudadanos según nuestros principios occidentales, se lo estaba tragando todo con tal de no provocar a Occidente. No se cerró ningún medio de comunicación, sólo en ocasiones, seguidores de Chávez protagonizaban actos violentos contra alguno.
Al mismo tiempo, en las zonas adineradas de Caracas, militares hostiles estaban encerrados en casas suntuosas, planeando acciones contra el poder legal. Es decir, es algo parecido -parecido- a si en España, Tele 5 o Antena 3 llaman al golpe de Estado contra Zapatero o a si, cuando Tejero abandonó Las Cortes después de su intentona golpista de 1981, se refugia con sus seguidores en un chalet de lujo de Madrid y, desde ahí, sigue proclamando sus principios. En 1989 se concedieron en España las televisiones privadas: Tele 5, Antena 3 y Canal +. Entonces, Polanco dijo que a él nadie tenía cojones para negarle una televisión. Y era verdad, el gobierno, del PSOE, de Felipe González, le adjudicó Canal +, un canal no en abierto, sino de pago, como denunció entonces el dueño del grupo Zeta, Antonio Asensio, que se había unido a Murdoch y aspiró a un canal que le fue negado. Asensio acusó al gobierno de amiguismo y de ir contra la ley al entregar, en un teórico concurso de televisión en abierto, una de pago. Pero no pasó nada.
La TV en España se define como de servicio público y sus licencias se prolongan por diez años. Sobre 1999-2000 el Estado procedió a renovarlas pero ninguna de las tres cadenas merecía tal renovación porque no han venido a aumentar la calidad ni el pluralismo ni el servicio público sino a llenarlo todo de programas chabacanos y superficiales, cine violento y malo, informativos partidistas, repletos de publicidad encubierta, y a repartirse los derechos del fútbol, a no echar cuenta de la programación infantil sino al revés: vulneran los derechos del niño y del joven y emiten siempre más publicidad de la permitida. No obstante, en efecto, aquí no hay cojones para no renovarle la licencia a ninguna de estas cadenas, ni siquiera se han instituido consejos audiovisuales con auténtico poder. Los propietario (Berlusconi, Polanco, Lara, el BSCH, el BBVA…, todos con intereses en América Latina) afirman que se está atacando la libertad de empresa cuando se les critica y el poder -elegido por todos- se asusta, he ahí la diferencia entre la socialdemocracia y un gobierno auténticamente alternativo y de izquierdas que, claro, debe pagar las consecuencias de su osadía.
A principios de los años 90, el gobierno del PSOE terminó con la autonomía de que gozaba el canal tres de la radio pública (RNE3), con sus informativos alternativos, por ejemplo. Desmontó esa autonomía periodística y volvió todo al oficialismo, de manera parecida a lo que hizo Franco, el fundador de RNE. Acabamos de asistir en TVE a una censura vergonzosa contra la persona de José María García en el programa de Jesús Quintero quien ha reconocido que en su contrato se contemplaba algo parecido a la censura previa, o sea, antes de emitir, tenía que mostrar a los «jefes» el contenido de sus entrevistas.
En el terreno de la prensa, el diario El Independiente, que tenía una línea crítica considerable, fue progresivamente asfixiado hasta que tuvo que cerrar. A Diario 16 el ex ministro del Interior, Corcuera, se la juró, entre otros motivos, porque Pedro J. Ramírez -hoy director de El Mundo– entrevistó a la cúpula de ETA. Y cerró. Más tarde, el juez Garzón clausuró el diario Egin y Radio Egin porque decía tener pruebas de que formaban parte de ETA. De acuerdo entonces con que hay que hacer algo pero no cerrar los medios. Deténgase al director, a los miembros del consejo de administración, a quien sea sospechoso, pero no se clausuran los medios en una democracia porque los periodistas de Egin no eran de ETA. De acuerdo en que caiga todo el peso de la ley contra quien sepa que un medio financia o es financiado por ETA pero es que el medio no se cerró por lo que decía sino por quien había detrás. Entonces hay que cerrar los medios que respaldan a Bush, a Aznar o a Blair porque estos señores han invadido Irak de forma ilegal y han mandado a la muerte a miles de jóvenes.
El problema no es que Chávez sea un dictador o un tirano o un asesino o un censor. El problema es que desea trazar su propio camino, tener su derecho a equivocarse. El problema es que quiere aplicar el programa de gobierno con el que ha ganado las elecciones y ya se sabe que la democracia está para jugar al voto, no para actuar fuera de lo establecido por unos dictadores en la sombra. A Hassan II o a su hijo se le permite todo en materia de atropellos en prensa o en derechos humanos. A Chávez no se le pasa ni una. Es la diferencia de estar en el bando de los buenos o en el de los malos.