El Gobierno sabe que el affaire Bárcenas es un tren en marcha que no puede parar. Pero descarrile o no, lo que tiene claro es que no puede llevarse por delante al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, cuya integridad consideran a prueba de bomba y cuya puesta en solfa afectaría a los intereses generales del […]
El Gobierno sabe que el affaire Bárcenas es un tren en marcha que no puede parar. Pero descarrile o no, lo que tiene claro es que no puede llevarse por delante al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, cuya integridad consideran a prueba de bomba y cuya puesta en solfa afectaría a los intereses generales del país. Ese es precisamente el mensaje que desde el gabinete se ha transmitido a los futuros accionistas del Grupo Prisa -Telefónica, Santander y la Caixa- para que intercedan ante Juan Luis Cebrián. Según aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones, las multinacionales y la editora de El País ya habrían mantenido contactos al más alto nivel para abordar la cuestión en esos términos.
El Gobierno no ha ocultado su temor a que la marea suba y se extienda la idea de que la corrupción alcanza a la misma cúpula del partido y del Ejecutivo, con las implicaciones que dicha asunción tendría para la confianza de los diferentes agentes económicos -inversores extranjeros incluidos- en plena recesión económica. Ese es precisamente el temor que se ha querido trasladar al Grupo Prisa, que dio un auténtico giro al caso con la publicación de los presuntos papeles del extesorero del PP. El propio Rajoy puso palabras a esa inquietud en el debate sobre el estado de la Nación. «Ni todos los políticos son corruptos, ni España es la nación más corrupta. España es un país limpio que lo está pasando mal», arreció.
Según explican estas fuentes, la gestión ante los accionistas de Prisa la asumió en primera persona Luis de Guindos, el ministro con más ascendencia sobre las grandes empresas. Un hilo directo por cargo que va de lo protocolario a lo trascedente. En lo formal, no ha sido ajeno a las actividades del Consejo Empresarial para la Competitividad, think-tank que preside César Alierta y que integra a los presidentes de las principales empresas del país. En el aspecto regulador, la reforma financiera encabezada por su Ministerio le ha permitido estrechar lazos con entidades como la Caixa -situada en clara posición compradora- o el Santander -hasta hace poco lejos de Moncloa-. En correspondencia, ambas entidades han entrado en la sociedad gestora Sareb, más conocida como banco malo.
En este escenario y a falta de más revelaciones, el Ejecutivo se ha salido por ahora con la suya. No es casualidad que la principal cabecera del viejo imperio de Prisa entrara como una apisonadora para convertir el caso Bárcenas en la tumba política de Rajoy, pero que, de momento, se haya abstenido de invocar en sus editoriales la dimisión del presidente. Y es que el cierre de filas de los peones del Gobierno en la defensa de su rey fue instantáneo y ferreo. «Estamos recibiendo un ataque por parte de un medio que está quebrado«, se apuntaba sin ambages en fuentes del propio Consejo de Ministros apenas días después de la publicación de los papeles por parte de El País. Y se añadía que lo más doloroso es que se hubiera puesto en cuestión la honradez del propio presidente del Ejecutivo.
Desactivar a Rubalcaba
Tampoco es accidental la estrategia del Gobierno popular de desvincular a Rajoy del caso Bárcenas a la vista de la hoja de ruta que se ha marcado la oposición. No en vano, el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ligaba en el citado debate sobre el estado de la Nación la suerte de ambos políticos populares. «¿Puede gobernar pendiente de que a Bárcenas le dé un ataque de sinceridad?», preguntaba a Rajoy. Apenas días después, tras conocerse por el informe de la UDEF que el extesorero fue al notario el 14 de diciembre de 2012 para dejar constancia que él y Álvaro Lapuerta -que le precedió en el cargo- eran los responsables de controlar la cuenta de donativos del PP entre los años 1994 y 2009, el secretario general del PSOE recuperaba la sentencia para rematar la faena: «Pues bien, parece que el primer ataque de sinceridad ya se había producido. Y ante notario».
La mediación de Telefónica, Santander y la Caixa se produce a pocos meses de que, allá por 2014, entren de forma efectiva en el accionariado de Prisa. Todo después de que a mediados de junio se embarcaran en una ‘operación rescate’ del grupo de medios, cuya deuda rondaba los 3.500 millones de euros. Corría el sexto mes del año y los bancos -capitaneados por el HSBC- acordaban canjear deuda por capital por importe de 334 millones. A la vez, la teleco se comprometía a comprar 100 millones en bonos. Cuando se hagan efectivas las transacciones, las entidades financieras atesorarán un 20% de la compañía; Telefónica gestionará entre un 6% y un 7%. Ni que decir tiene que la operación tenía el aval del propio Gobierno ‘popular’.
Eso sí, resulta difícil pensar que la nueva estructura accionarial no vaya a tener impacto en las decisiones empresariales y hasta en la línea editorial de la compañía. En el primer caso, la sociedad afronta vencimientos de deuda en 2014 y necesita extenderlos. La venta de activos a corto o medio plazo parece una necesidad, pese a las reticencias de los gestores a reducir el perímetro de la firma. Poco cabe esperar del desempeño operativo de la casa, afectada por la caída de la demanda y la subida del IVA. Las pérdidas de la empresa en 2012, que se comunicarán oficialmente mañana, podrían rondar los 85 millones de euros, según los analistas. En la cuestión editorial, y aunque de manera sutil, parece que las huestes de Botín, Alierta y Fainé ya ejercen.