Aunque el gobierno debió hacer correcciones al decreto del 11 de marzo, que significan concesiones al lock out ruralista, y perdió durante la crisis al ministro de Economía Lousteau; los Kirchner no retrocedieron del plan de retenciones móviles, hasta ahora. De acuerdo a la metáfora del discurso de la presidenta, no hicieron «como Alfonsín en […]
Aunque el gobierno debió hacer correcciones al decreto del 11 de marzo, que significan concesiones al lock out ruralista, y perdió durante la crisis al ministro de Economía Lousteau; los Kirchner no retrocedieron del plan de retenciones móviles, hasta ahora. De acuerdo a la metáfora del discurso de la presidenta, no hicieron «como Alfonsín en Semana Santa». Pero otra cosa es que le alcance la fuerza para lograr la capitulación total de las patronales agrarias, dar por «cerrado el conflicto» y «pasar a otro tema» como quiere el gobierno.
Al cierre de esta edición, los transportistas de cereales mantienen mas de 200 cortes presionando para restablecer el funcionamiento de los puertos ya que, dicen, los ruralistas «no reactivaron, hasta suspendieron los remates de ganado, siguen sin comercializar y en muchos lugares los autoconvocados no dejan pasar a los camiones».
Justamente Alberto Fernández, mientras anunciaba la liberación a la exportación de un millón de toneladas de trigo, pidió por otro millón de toneladas que tienen almacenados los empresarios del campo que mantienen el lock out comercial. La corporación de la industria de alimentos (Copal) advierte sobre «graves consecuencias» de desabastecimiento y parate en las plantas si siguen los bloqueos. En fin, con el anuncio del Plan de Redistribución Social, el gobierno retomó la iniciativa pero todavía no cierra la crisis política.
Migajas
El anuncio del «plan social» de Cristina es una verdadera hipocresía. Sobre la «redistribución del ingreso», habla más que mil palabras la violenta represión ordenada en La Quiaca por el gobernador kirchnerista Barrionuevo de Jujuy contra cientos de familias desocupadas que reclamaban un subsidio de 500 pesos. Pero además, fue toda una «confesión de partes» por cadena nacional. Los alrededor de 4.000 millones de pesos adicionales que estiman recaudar con la suba de las retenciones y destinarán a obra pública, son una décima parte de los casi 40.000 millones que obtendrá el fisco este año por retenciones agropecuarias las que, a su vez, representan sólo el 12% de la recaudación total. Los grandes volúmenes de la recaudación fiscal que provienen de impuestos al consumo popular como el IVA, se destinan a mantener «el dólar competitivo» (12.000 millones anuales) que favorece a los grandes exportadores de la industria y el campo, a subsidios a las patronales empezando por las de la energía y el transporte (16.000 millones en 2007), y a pagar la deuda externa. Todo esto es lo que habilita las preguntas, entre suspicaces e ingenuas, que recorren los medios: ¿qué pasará con los hospitales y las viviendas prometidas «a los que menos tienen» si baja el precio de la soja? O peor, como dice La Nación, «¿de dónde sacará el Tesoro los recursos para atender la brecha fiscal que pretendía cerrar con los ingresos que ahora se propone transformar en obra pública compartida». A esto se agrega los déficit fiscales provinciales, como, por ejemplo, en Buenos Aires donde Scioli necesita $5.500 millones para cerrar su déficit, mientras los intendentes piden el giro de $1.200 millones para poder pagar el servicio de recolección de residuos. Y esto es en el bastión del PJ.
Un intento incierto de cerrar la crisis política
A todas luces, el Plan de Redistribución Social es una improvisación para salvar la «autoridad» manteniendo lo esencial del la resolución del 11 de marzo. Apenas una maniobra política cuya mayor «fortaleza» es haber sido lanzada en un momento de impasse y debilitamiento mutuo, de crisis en «ambos campos». De un lado, el frente agrario empezó a mostrar grietas y fue el blanco de la mayor parte del hartazgo popular por la amenaza de desabastecimiento. Y, a la vez, crece el descreimiento en el discurso oficial de la «redistribución del ingreso» por la inflación y los bajos salarios, y se resquebraja en el PJ la relación del comando central de Kirchner con las provincias e intendencias. En la disputa por «la opinión pública», el gobierno puso a la defensiva a los ruralistas con la maniobra de atar la suerte de la construcción de hospitales, viviendas y caminos a la aceptación del sistema de retenciones móviles. De paso, reforzó el poder de la caja central manejada por De Vido, y a los contratistas amigos, para alinear gobernadores e intendentes con quienes se acordarán las obras. El ministro de Planificación, de quien se decía que iba a ser la parte «renovable» del gobierno de Cristina y Alberto Fernández, no sólo se quedó, sino que ha visto crecer su papel en la crisis en la misma medida que decayó la figura del jefe de Gabinete. Pero, por más cambios de Ministros que el gobierno planifique para renovarse, el maquillaje llega tarde. Ni esa operación va a recuperar la pérdida de credibilidad de Cristina que no lleva 6 meses, sino 5 años en el gobierno de los Kirchner, así como tampoco la promesa del plan social recompone al PJ que se imaginaban desde Puerto Madero.
Autoridad y consenso
Detrás de la discusión sobre la crisis de «autoridad presidencial» hay una crisis política mayor. En primer lugar, estos 90 días muestran una debilidad de arrastre del Estado burgués argentino, tanto la que resulta de la propia obra del neoliberalismo y las privatizaciones de los ´90 que dislocaron los mecanismos de control del aparato estatal sobre palancas claves de la economía, como se ve en el poder absoluto que ejercen sobre las decisiones del comercio exterior un puñado de multinacionales como Cargill; así como la causada por la derrota del «partido militar» a la caída de la dictadura. Una debilidad estatal para imponer orden que ya se mostró en la crisis del 2001 y, más tarde, cuando Duhalde debió adelantar su retirada luego de los asesinatos de Kostequi y Santillán y la represión a los movimientos de desocupados. Y que hoy se expresa en la dificultad de los Kirchner para imponer plenamente su voluntad, y hacer efectivo lo que recomienda Hebe de Bonafini mandando a la cárcel a los ruralistas rebeldes. Esta es una de las razones por las que el gobierno no termina de cerrar la pulseada, y sigue la tensión en las rutas.
En segundo lugar, el gobierno no ha triunfado sobre la mentada «opinión publica», es decir en las clases medias, y menos aún ha logrado movilizar masivamente por su causa a sectores de trabajadores y populares. Lejos está el gobierno de recomponer adhesión popular y lograr un nuevo consenso social con su «proyecto de distribución de la riqueza». En todo caso, utilizan a su favor el rechazo de masas al lock out creado por la amenaza de desabastecimiento. Esto tal vez puede alcanzar para sacar a los ruralistas de la ruta, pero no para cerrar la situación abierta con la crisis de Semana Santa. Una recomposición de «autoridad» del gobierno no puede estabilizarse con el actual fraccionamiento de la clase dominante, con las clases medias de los principales centros urbanos, agrarias y de las más de mil pequeñas ciudades del interior de la región pampeana y extra-pampeana pasadas a la oposición, y con un movimiento obrero que, cuanto mucho, apoya pasivamente. El Plan de Redistribución Social es defensivo, para reconquistar su base popular y mantener alineados al aparato político y sindical.
Caminos rurales
Mientras sectores de «autoconvocados» y de la FAA se mantienen en las rutas, la Mesa de Enlace se orienta a actuar como un movimiento político social, organizando actos y una campaña de firmas por la «inconstitucionalidad» de las retenciones, como aconsejan los partidos de la oposición para forzar una negociación. Lanzaron junto con Rodríguez Saá y el gobierno de San Luis el reclamo de inconstitucionalidad del decreto 125, pero es improbable que consigan ante los tribunales y en las alianzas con gobernadores e intendentes, lo que no pudieron como «sujeto chacarero» de lucha en las rutas. Si bien la Corte Suprema aceptó tratar el pedido, Carmen Argibay declaró que se resolverá recién «en un año, con suerte y viento a favor». En perspectiva, mas que un «partido del campo» aparecen dos proyectos políticos igualmente patronales pero que difícilmente confluyan: un peronismo conservador anti kirchnerista, en el que se alistan Reutemann, Schiaretti, De la Sota y Busti, y que puede tender lazos con Macri en el futuro, y un neo-radicalismo con la Coalición Cívica de Carrió y la vieja UCR que ven ampliado su espacio político hacia las elecciones del 2009.
En tanto, en las corrientes de la izquierda que participaron en el bloque de la patronal agraria «campea» la confusión y la crisis. El MST ha perdido todo anclaje en la izquierda y los intereses de clase, y adopta crecientemente un discurso «republicano» como cuando Vilma Ripoll critico al gobierno, en el programa de Mariano Grondona, por no «utilizar las instituciones para solucionar el conflicto». Otra prueba fehaciente de la crisis en el frente rural es que el propio PCR, integrante de la Federación Agraria, señala en la editorial de su semanario que «se abrió la batalla por la dirección del conflicto (…)Desde el comienzo el gobierno tuvo conversaciones por separado con la Sociedad Rural y Coninagro, buscando dividir la protesta.» (Hoy, 11 de junio). Apenas una semana atrás decía que en los piquetes «palpitaba el Argentinazo» porque se daba una «confluencia» entre los pequeños y medianos chacareros y la Sociedad Rural.
El mejor resultado del conflicto, para los intereses de los trabajadores, es el debilitamiento de los dos bandos capitalistas.