En su estrategia de agresión comunicacional contra Cuba, que ahora también aplica a Venezuela, el gobierno de Estados Unido invierte millones de dólares para comprar periodistas. Radio y TV Martí, estaciones adscritas al gobierno de Estados Unidos, han recibido en lo que va del año 37 millones de dólares del gobierno de ese país. […]
En su estrategia de agresión comunicacional contra Cuba, que ahora también aplica a Venezuela, el gobierno de Estados Unido invierte millones de dólares para comprar periodistas.
Ese dinero fue percibido por periodistas vinculados a The Miami Herald y el Nuevo Herald, publicaciones abiertamente anticubanas del sur de la Florida, según reveló esta semana la publicación electrónica Cuba Debate.
Los pagos fueron descubiertos por The Miami Herald Media Co., la casa matriz del diario más afectado, El Nuevo Herald, que se publica en castellano.
Según documentos oficiales solicitados por la empresa el 15 de agosto último, invocando la Ley de Libertad de Información, cientos de miles de dólares fueron percibidos durante años, entre otros, por el propagandista Carlos Alberto Montaner, quien publica en El Nuevo Herald, The Miami Herald y en casi toda la red de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Entre el resto de recipiendarios de pagos financiados por los contribuyentes estadounidenses hay tres periodistas de El Nuevo Herald: Pablo Alfonso (175 mil dólares desde 2001), Olga Connor (71 mil dólares) y Wilfredo Cancio Isla (15 mil dólares en los últimos 5 años). La casa matriz despidió a los tres, subrayó Cuba Debate.
Jesús Díaz Jr., presidente y editor de The Miami Herald Media Co., se manifestó decepcionado y declaró que los pagos violaron «la sagrada confianza» entre los periodistas y el público.
«Ni siquiera la apariencia de que la objetividad o integridad de alguien pueda haberse visto comprometida se puede tolerar en nuestro trabajo», comentó Díaz.
«Personalmente, no creo que podamos garantizar la objetividad ni integridad si alguno de nuestros reporteros o reporteras reciben compensación monetaria de cualquier entidad que hayan cubierto, pero especialmente si se trata de una agencia de gobierno», añadió.Otros que recibieron pagos de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que opera Radio y TV Martí, fueron Helen Aguirre Ferré, editora de la página de opiniones del Diario Las Américas; el columnista y reportero Ariel Remos; y Miguel Cossío, director de noticias del Canal 41.
Los pagos destruyeron la credibilidad de los reporteros en la cobertura de cuestiones clave de la política exterior de Estados Unidos.
Iván Román, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, dijo que los pagos de TV y Radio Martí implican un «conflicto de interés» para los periodistas, eufemismo estadounidense que designa violaciones éticas.
Los periodistas sobornados incluyen a Juan Manuel Cao, un reportero del Canal 41 que recibió 11,400 dólares de TV Martí este año, quien en julio confrontó a Fidel Castro en Córdoba, Argentina, sobre los planes de viaje de la disidente Hilda Molina para visitar a familiares en Buenos Aires.
Justamente, y como si ya lo supiera, Fidel Castro le preguntó abiertamente a Cao si alguien le estaba pagando para que hiciera esa pregunta.
El gobierno cubano viene repitiendo por mucho tiempo que ciertos periodistas de medios en español de la Florida reciben pagos del gobierno federal de Estados Unidos.
Ferré, editora de la página de opiniones del Diario Las Américas, recibió 4,325 dólares entre el 2001 y el 2005.
«Este es un caso obvio, para libros de texto», declaró Jon Roosenraad, profesor de Periodismo de la Universidad de la Florida.
«Es exactamente como si un reportero de negocios trabajara también a tiempo parcial como agente de relaciones públicas para una compañía local en sus horas extra, y que regresara a su periódico al día siguiente y escribiera sobre `su` compañía», agregó.
Los pagos, desde 2001, oscilaron desde 1.550 dólares abonados a Ninoska Pérez-Castellón, locutora de Radio Mambí, hasta los 174.753 dólares percibidos por Alfonso, de El Nuevo Herald.
Los «honorarios» fluctuaron entre 75 y 100 dólares por comparecencia, sea como presentadores o simplemente invitados en programas producidos por el gobierno estadounidense.
Un precursor de estas prácticas fue el analista Armstrong Williams, quien en 2005 promovió, en su programa de televisión transmitido de costa a costa, la ley de reformas a la educación pero después se reveló que el gobierno de George W. Bush le había pagado el servicio.