En tiempos en los que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación masivos transformó el discurso informativo en un replicar las intenciones y lecturas del poder, no es extraño que los ataques a los pueblos que comienzan a construir su propio destino vengan de esos grandes conglomerados de medios y en especial […]
En tiempos en los que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación masivos transformó el discurso informativo en un replicar las intenciones y lecturas del poder, no es extraño que los ataques a los pueblos que comienzan a construir su propio destino vengan de esos grandes conglomerados de medios y en especial de sus superestructuras como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Con sede en Miami, Estados Unidos, la SIP reúne a los principales diarios del continente y representa los intereses de las grandes empresas periodísticas proclamando la defensa del derecho a la información y la libertad de expresión.
Periódicamente, esta organización realiza informes sobre la situación de la prensa en la región y se transforma en una especie de supra conciencia que dicta los pasos a seguir por los gobiernos.
Desde hace un tiempo, la SIP, con sus más conspicuos representantes como el venezolano Gustavo Cisneros, el uruguayo Danilo Arbilla y el vernáculo Claudio Escribano, viene señalando al gobierno de Hugo Chávez porque lo consideran un peligro para la libertad de expresión en su país agregándolo a ese ‘eje del mal’ que encabeza el presidente cubano Fidel Castro.
La entidad, definida por el periodista y documentalista Gregorio Selser como ‘órgano rector y conservador de bienes e intereses de los denominados ‘amos de la prensa’, se caracteriza por analizar la situación de la libertad de expresión desde el punto de vista de las empresas periodísticas que hoy responden directamente a los intereses comerciales que, en los tiempos y vientos que corren en la Argentina y en la región, se ven ‘amenazados’.
Como ejemplo de esto, basta citar la nota editorial de Claudio Escribano en el diario la Nación, pocos días después del triunfo del presidente Kirchner, en mayo de 2003.
Bajo el título 36 horas de un carnaval decadente, el representante más destacado de la SIP en el país señalaba: ‘la situación es tal que vale la pena registrarla: la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año’.
Así, el diario La Nación, el vocero de la más rancia oligarquía argentina que sostuvo cuanto intento golpista se planeó en la Argentina y fue, junto con la Editorial Atlántida, uno de los pilares ideológicos de la última dictadura militar, lanzaba esta amenaza y comenzaba su prédica para debilitar al gobierno de Kirchner desde los primeros días de gestión.
La actitud de la SIP, a través de su informe, parece estar en línea con estas intenciones, justo cuando la Argentina avanza hacia la posibilidad de decidir sobre su destino económico a partir del éxito del canje de la deuda y del fortalecimiento político de las relaciones con Brasil, Uruguay y Venezuela.
No es descabellado esperar que, en poco tiempo, la SIP aparezca preocupada por la situación de los medios en el Uruguay, ahora que asumió Tabaré Vázquez y ya anunció su decisión de fortalecer el Mercosur y mantener su posición sobre la libre determinación de los pueblos y no alinearse con los Estados Unidos.
No es difícil imaginar lo que serán las declaraciones de Danilo Arbilla, quien fuera funcionario de la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985 cuando se clausuraron 173 medios de comunicación (14 de los cuales fueron cierres definitivos), se produjeron cientos de allanamientos a las redacciones y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización sindical de los periodistas, y todos sus dirigentes fueron encarcelados y algunos de ellos desparecidos.
La cuestión es preguntarse qué buscan los miembros de la SIP, esta entidad de los ‘amos de la prensa’, cuando centran su informe en entrevistas con periodistas a los que no identifica o toma como voz autorizada a la dirigente del ARI, Elisa Carrió.
O la pregunta puede ser otra, más contundente: ¿pensaron que ya nadie se acuerda de que durante la gestión de Arbilla en la dictadura uruguaya, fue asesinado el director del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron secuestrados decenas de periodistas y escritores, entre los que se encontraban Carlos Quijano, Carlos Borche, Santiago Puchet y el poeta Juan Carlos Onetti?