Sin dudas, esta última década fue fatal para el periodismo colombiano. Ante la polarización política del país, los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función de los intereses del proyecto político de la elite, representada en lo esencial por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que redundó en la […]
Sin dudas, esta última década fue fatal para el periodismo colombiano. Ante la polarización política del país, los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función de los intereses del proyecto político de la elite, representada en lo esencial por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que redundó en la pobre calidad informativa y analítica de los contenidos periodísticos.
En el periódico de Medellín El Colombiano, por ejemplo, donde el bajón se ha sentido más por el compromiso de los dueños con la casa política de los Valencia Cossio (actual Ministro del Interior y de Justicia), despidieron a dos de las voces más reconocidas e independientes del periodismo nacional, Reinaldo Spitaleta y Javier Darío Restrepo, por sus críticas al gobierno. Fernando Garavito (autor de la columna El señor de las moscas) fue despedido de El espectador por desvelar las relaciones del entonces candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo antioqueño.
Pero el compromiso de los grandes medios (RCN, Caracol, El Tiempo, etc.) con un proyecto político neoliberal, autoritario y excluyente, no se ha quedado en el silenciamiento de las voces independientes; sino que más bien éstas han terminado por convertirse en una caja de resonancia del gobierno para publicitar sus diversos programas o puntos de vista evitando tocar los temas complicados para el gobierno o maquillándolos a su conveniencia.
Frente a este proyecto, el conflicto armado se erige como el principal obstáculo: hay que acabar con él como sea y, si no se puede, negarlo. Ésta ha sido la intención del gobierno de Uribe, replicada incesantemente en los grandes medios de comunicación en Colombia. Uribe fue ungido por los medios masivos de comunicación en 2002 para acabar con este conflicto (en seis meses), ante la supuesta «actitud endeble» del gobierno de Pastrana.
Pasos y esfuerzos para deslegitimar el proceso de diálogo del gobierno de Pastrana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Desde ese momento no hizo falta investigar a los responsables de secuestros, extorsiones y asesinatos, porque todo delito de este tipo tenía un solo y seguro responsable: las FARC. O, al menos, así lo sentenciaron en cada caso los medios masivos. Cuando se conoció que alguno de esos crímenes eran responsabilidad de bandas de delincuencia común, los medios igual insistieron en su versión, no se sintieron obligados a rectificar.
El 15 de mayo del año 2000, por ejemplo, dos delincuentes colocaron un collar bomba a una señora, Elvia Cortés, exigiéndole a su marido una suma de 15 millones de pesos. Esta imagen dio la vuelta al mundo por la televisión y se estampó en muchísimos periódicos. Tan famosa fue la historia que luego la recreó para televisión la productora Huella latente, lo que sirvió para desprestigiar a las FARC y al proceso de paz. Desde entonces los medios vendieron la imagen del presidente Pastrana como la de un alcahuete o, en el mejor de los casos, un incompetente. Pero no hicieron el mismo esfuerzo de difusión cuando se comprobó que los autores del collar bomba eran delincuentes comunes y no integrantes de las FARC.
Es imposible negar que mientras se desarrollaba el diálogo entre gobierno y las FARC, éstas últimas seguían expandiéndose militarmente, y que incluso utilizaron la zona de distención como fortín militar. En lo que no insistieron estos medios fue en advertir que al mismo tiempo, mientras dialogaba con la guerrilla, el gobierno de Pastrana desarrollaba políticas neoliberales que ocasionaron airadas protestas en los sectores sociales (como recortes en salud, educación y saneamiento). Tampoco se preguntaron los medios qué incidencia podía tener en las futuras negociaciones de paz el desarrollo del Plan Colombia por parte del gobierno colombiano en acuerdo con el estadounidense.
En poco tiempo los medios de comunicación presentaron un verdadero mesías que prometía, a través de su política de seguridad democrática, devolver la confianza a los inversores extranjeros y convertir Colombia en un verdadero paraíso para el capital. Para ello, la misión fundamental era acabar con la guerrilla, más que en el plano militar en el plano del discurso. Por eso los medios masivos de comunicación asumieron las máximas del discurso uribista: en Colombia no hay conflicto y las guerrillas apenas sí son un grupo de facinerosos que aterrorizan a la población civil. Una de las características de los medios masivos de comunicación que se profundizó en estos ocho años de gobierno de Uribe tiene que ver con la adopción de las fuentes oficiales como única fuente y el discurso oficial como manual de estilo. Al agudizarse el conflicto social, los medios masivos se desmarcaron también, no del gobierno sino de sus opositores, y en buena medida multiplicaron el estigma de que estar contra el gobierno era ser subversivo, guerrillero y, por tanto, terrorista.
Ya no resulta posible afirmar que los medios masivos de comunicación son algo así como el cuarto poder, que fiscaliza y vigila el comportamiento de los otros tres para garantizar la salud de la democracia. No son ya una voz imparcial (como han querido mostrarse todo el tiempo) ni representan el interés general del pueblo colombiano.
La caja de resonancia
Desde entonces los medios de comunicación de masas se concentraron en transmitir de forma acrítica los partes de guerra gubernamentales. Los primeros años del gobierno de Uribe fueron de capturas masivas, generalmente de personas integrantes de organizaciones sociales, siempre acusadas de terrorismo o de colaboración con organizaciones terroristas. Todos los días en el noticiero las cámaras filmaban a 20 ó 30 personas que habían sido capturadas. Pero pocas veces hubo un seguimiento juicioso a este tipo de información. Y en un país donde la justicia corrupta suele equivocarse con frecuencia, cabía esperar que ante la presión por los resultados las equivocaciones se multiplicaran. Pero los medios no lo consideraron un problema, y ni siquiera se preocuparon por transmitir que la mayor parte de estos capturados salían libres en menos de seis meses por falta de pruebas.
Si fuera por las cifras de guerrilleros muertos, capturados o reinsertados presentadas por el gobierno a través de los medios, en Colombia se habría acabado tres o cuatro veces con la guerrilla que encontró el presidente Uribe al iniciar su mandato. Sin embargo, los medios masivos siguen contentándose con transmitir las cifras como loros repetidores.
El gobierno instauró su forma directa de gobernar en los medios, con su voz regañona y sus salidas de tono cuando la confrontación era directa, con el irrespeto más grande a la dignidad de su cargo y a la de los periodistas. Y, a pesar de esto, siempre encontró espacio suficiente para aparecer en los medios como si lo hiciera desde su casa, o desde un consejo comunitario, algo que utilizó también para cautivar mediáticamente a la ciudadanía colombiana.
Los medios masivos invisibilizan a las víctimas
Mientras el gobierno acababa mediáticamente con el conflicto y con las guerrillas, se aprestaba también a finiquitar la desmovilización de los paramilitares, lo que le reportaría suficiente rédito político y, además, le permitiría encausar ese pasado borrascoso que amenaza su curriculo político. Para ello creó la Ley de Justicia y Paz (2005), que en el fondo solo buscaba reinsertar a los paramilitares con el menor trauma posible, sin garantizar realmente ni la justicia ni la paz ni la reparación. Por el contrario, metió al congreso un proyecto de reforma rural que prácticamente legitima el despojo al que los paramilitares habían sometido a millones de campesinos en todo el territorio nacional.
Con unos medios de comunicación críticos, comprometidos con una sociedad justa e incluyente jamás hubiera podido instaurarse en país alguno una política como la del gobierno de Uribe, y mucho menos prolongarse a dos periodos y llegar a la desfachatez de amenazarnos con un tercero. Pero este gobierno llegó al extremo de eliminar el delito político de los expedientes de los grupos revolucionarios, a la vez que inventaba la fórmula para declarar a los paramilitares como delincuentes políticos a fin de poderlos amparar con amnistías y programas de reinserción.
A propósito de este circo montado con ocasión de la supuesta desmovilización de los paramilitares, a finales de julio de 2005 se realizó el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que pretendía ser un espacio de deliberación y de presión para que el Estado colombiano asumiera la responsabilidad en el sinnúmero de desplazados, desparecidos y asesinados a manos de los paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas. A este segundo encuentro no asistieron los grandes medios masivos (ni El Tiempo ni Caracol ni RCN), entre otras cosas porque las mismas organizaciones de las víctimas mantenían serías desconfianzas frente al papel que han jugado estos actores en esta dura situación que les ha tocado vivir. Lo que sucedió al día siguiente de la clausura del encuentro pareció darles la razón.
Aún sin asistir al Encuentro, el diario El Tiempo publicó un comunicado supuestamente elaborado por los organizadores del evento. Según lo publicado, el Encuentro terminaba acusando a las guerrillas de las FARC y el ELN de ser los principales grupos terroristas violadores de los derechos humanos en el país, y exigiéndoles reparación. Esta información contradecía las conclusiones del Encuentro y se transformaba, más bien, en un señalamiento a las organizaciones participantes. Allí se denunciaban los crímenes de Estado y la Ley de Justicia y Paz, aprobada apenas una semana atrás. Según las víctimas, esta Ley aseguraba la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado y de toda la estrategia paramilitar desarrollada por el mismo Estado.
En el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, realizado en julio del 2009, la estrategia de los medios fue otra, pero igual de nefasta. Hacía pocos días se había conocido el asesinato en la selva de diez de los once diputados que permanecían capturados en poder de las FARC. Los grandes canales de televisión (RCN y Caracol) enviaron a sus presentadoras de farándula a cubrir el evento, como si de una fiesta se tratara. Pero realmente nada contaron sobre lo que pasaba allí: las periodistas insistían, a pesar de las versiones de los asistentes, en que aquel era un encuentro nacional de víctimas en general, diluyendo la significación de las responsabilidades del Estado en la estrategia paramilitar. Desde allí mismo se centraron en entrevistar por teléfono a familiares de las personas secuestradas y asesinadas, minimizando lo que ocurría en el Encuentro. Era, a todas luces, una actitud consciente y premeditada de invisibilización de las víctimas de los paramilitares y el Estado.
Difícilmente podrá medirse el daño que la actitud de los medios masivos en Colombia durante estos últimos años ha producido en el tejido social y en la confianza de la gente, herida ya de por sí por un conflicto que dura casi cincuenta años. Y más difícil aún será resarcir estos daños. Los grandes medios han sido los que le han permitido conservar a Uribe altos índices de popularidad (prefabricando encuestas), a pesar de todos los escándalos que lo han asediado.
La bomba de los falsos positivos no la destaparon los medios colombianos: fueron las organizaciones defensoras de derechos humanos, en colaboración con organizaciones internacionales, las que lograron situar el tema en la agenda internacional. Y, sin embargo, también en esta ocasión cubrieron las espaldas del presidente, intentando transmitir la idea de que se trataba de algunos militares descarriados, cuando se trataba del resultado de las presiones de la seguridad democrática sobre los resultados.
Hoy los medios intentan inflar, de la misma manera que inflaron la figura de Uribe, la figura de Antanas Mockus, desviando la atención sobre los programas concretos de gobierno de cada uno de los candidatos. El peligro se avecina: una popularidad hinchada artificialmente es la puerta de entrada al autoritarismo político, al fascismo disimulado. Eso fue lo que mantuvo erguida e impoluta la figura de Uribe, a pesar de todas las denuncias en su contra, de los altos funcionarios corruptos y comprometidos con el paramilitarismo, de su estilo de mayoral y su moral mafiosa, incluso a pesar de los pésimos resultados en materia social.
Rubén Darío Zapata es economista y filósofo. Colabora habitualmente con el periódico colombiano Periferia.
Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1910
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