En un contexto de vaciamiento de las políticas estatales de Memoria, Verdad y Justicia, los juicios de lesa humanidad que se reabrieron desde el año 2006 transitan en la actualidad una serie de entorpecimientos, trabas y deslegitimaciones desde sectores que aún después de 40 años, se mantienen en el poder. El panorama judicial para condenar […]
En un contexto de vaciamiento de las políticas estatales de Memoria, Verdad y Justicia, los juicios de lesa humanidad que se reabrieron desde el año 2006 transitan en la actualidad una serie de entorpecimientos, trabas y deslegitimaciones desde sectores que aún después de 40 años, se mantienen en el poder. El panorama judicial para condenar a los genocidas, a los cómplices civiles y a los responsables empresariales en este 2017, en el siguiente extenso diálogo con Giselle Tepper integrante del organismo «Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio» (H.I.J.O.S.) sede Capital.
«Este marco político ha generado que se empeoren ciertas condiciones»
Un proceso judicial que se había asentado en el interior del Estado, hoy sufre retrocesos en sus tres poderes. Los juicios de lesa humanidad y las políticas que permitían su continuidad y desarrollo en la actualidad son puestas en jaque. «Por acción u omisión los tres poderes del Estado hoy están debilitando un proceso que era histórico de Memoria, Verdad y Justicia», expresa Giselle Tepper a La Primera Piedra.
En principio, desde el poder legislativo luego de aprobar el proyecto de la creación de una Comisión Bicameral para investigar las participaciones civiles de la dictadura militar, la misma no se llevó adelante: «De esta manera, el poder legislativo está siendo funcional a la impunidad al no conformar esta comisión, porque la investigación es lo que permite que se avance en una etapa de instrucción, elevación y eventual juicio», manifiesta.
«En el poder ejecutivo hubo tremendos retrocesos, que repercuten en los juicios: el achicamiento de áreas que se vinculan a la investigación, el acompañamiento de testigos y sobrevivientes, o la no apelación por el sobreseimiento a Papel Prensa». Esta sucesión de hechos, señala G. Tepper: «Constituyen un nuevo paradigma de impunidad y logra que se profundicen instancias preexistentes a este gobierno que tienen que ver con debilidades en lo judicial». En este sentido, frente a un gobierno que abandona las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, expresa:
Lo más grave que tenemos es un gobierno negacionista que intenta borrar de una memoria social la magnitud del genocidio y que ataca abiertamente a los organismos de Derechos Humanos.
Respecto al poder judicial, se encuentran postergaciones reiteradas en los juicios, y las audiencias son cada vez más cortas y con menos frecuencia. «Los mismos testigos empiezan a decir que sienten un destrato o descuido por parte de los jueces que antes tal vez no lo sentían, es decir, que ciertas prácticas que pertenecen a la corporación judicial, o sus intereses, con este gobierno se están habilitando», exclama y sigue: «En el último tiempo se otorga domiciliaria a genocidas que no cumplen con ningún requisito para tenerla».
En un contexto cada vez menos favorable para las políticas de Derechos Humanos y simbólicamente reticente para los juicios, señala: «La Megacausa ESMA III empezó en el 2012, ya lleva más de cuatro años de duración, se ha reducido la cantidad de imputados, han muerto sobrevivientes y, desde que gobierna Macri, han reducido de tres a dos audiencias. Este marco político ha generado que se empeoren ciertas condiciones».
«La cantidad de recursos para dilatar los juicios están teniendo lugar»
Una de las formas más comunes de dilatación las ofrecen los abogados defensores de los acusados: «Los tribunales, hoy, tienen mayor receptividad a los recursos presentados por los defensores. Ellos tienen la misma estrategia pero lo distinto es la recepción del poder judicial. Es decir, los jueces tienen la posibilidad de decir que un recurso es realmente insostenible y, sin embargo, de alguna manera hoy encuentran mucho más eco, sino no se explica cómo todos los que van a domiciliaria tienen el mismo diagnóstico en los certificados médicos. Hay un espacio que les garantiza, a través de estos certificados, la impunidad de la domiciliaria».
En la actualidad, hay muchos sectores que hoy se sienten habilitados para expresar su disconformidad con los juicios, el diario La Nación es un claro ejemplo de esto, en este sentido G. Tepper dice: «En este proceso judicial, todas las etapas son respetadas, tienen todos sus derechos y garantías, no hay ningún eslabón de venganza y lo demuestra cada absolución o cada condena por debajo de lo pedido. La información ayuda también a correr ciertas mentiras sobre los juicios que después salen en las editoriales de La Nación. No es casual que al ganar Macri, Mitre pida desde su diario impunidad, porque la pide para sí mismo». «Encontramos profundos retrocesos en lo judicial»
«Algo que estaba resuelto en lo judicial que tiene que ver con entender que la dictadura cívico militar del ’76 no empezó ese 24 de marzo, sino que había comenzado antes, es decir, que hubo crímenes previos que se empezaron a planificar antes, pero, lamentablemente, hoy esto encuentra muchos retrocesos judiciales». Los acuerdos previos, las discusiones que posibilitaron que el proceso judicial condene genocidas, se vuelven a revisar y se vuelven a poner en duda de una forma peligrosa.
Sin embargo, hay excepciones: «Hay un gran trabajo de los sobrevivientes por dar las pruebas y los testimonios, de los abogados por constituir las pruebas y las causas, nosotros seguiremos defendiendo este proceso, pero, lamentablemente, encontramos profundos retrocesos», sentencia. En paralelo a la continuidad de los juicios con estos elementos y con el principal mantenimiento gracias a sus trabajadores, se dan otros juicios que sí están bien encaminados. Pero la preocupación por todo lo pendiente, que es la complicidad, es real: «Si no hay un Estado comprometido eso no va avanzar».
«Memoria, Verdad y justicia dejó de ser una política de Estado»
Un montón de elementos se suceden para dar cuenta de una situación: «Lo que dijimos que iba a suceder, con Macri en el poder, sucede y de la peor manera. Sinceramente no nos imaginamos que en tan poco tiempo iban a poder retroceder tanto en políticas de Estado». La Secretaría de Derechos Humanos querellaba en casi todas las causas y juicios que se sucedían en todo el país, por ello, apunta: «Retirar al Estado de eso es retirar el acompañamiento a las víctimas». «Cuando lo que existía no se lo defiende y encima se lo destruye, hay un vaciamiento de políticas. Lo que me parece es que no pueden destruir todo. Encuentran que hay resistencias y que hay, sobre todo, una mirada internacional que les preocupa. No avanzaron más con todo porque tuvieron ciertas voces a nivel internacional que se han posicionado», define G. Tepper.
«Memoria, Verdad y justicia dejó de ser una política de Estado», enfatiza, e insiste: «Nunca la asumieron y lo que había lo están destruyendo en lo discursivo y en los hechos». De esta forma, el gobierno garantiza la impunidad de quienes aún queda por condenar, de forma efectiva y también simbólica, por la inacción misma. Tal como se expresó de forma contundente, hay un profundo retroceso de estas políticas estatales, que sólo se mantienen por el compromiso y esfuerzo de sus trabajadores.
«Los partícipes civiles impunes del genocidio hoy cogobiernan con Mauricio Macri»
A diferencia de como venía haciendo, hoy el Estado no acompaña a los sobrevivientes y secuestrados en su ámbito laboral como lo fue el centro clandestino ubicado en la fábrica Ford de Pacheco: «Eso es vaciar políticas, sobre todo, porque se trata de la participación civil que es donde está el nudo más fuerte de impunidad. Son los que siguen manejando los grupos económicos y son los que llevaron a Macri al poder. Entonces, desde el gobierno no se van a garantizar estos juicios, todo lo contrario», sentencia, y agrega: «Los socios de Macri, son los socios de la dictadura. Los partícipes civiles impunes del genocidio hoy cogobiernan con Mauricio Macri».
Hay muchas cuestiones pendientes en lo que respecta a poder juzgar a quienes fueron cómplices y responsables civiles de la última dictadura cívico-militar: «Hay una sistematicidad de impunidad del poder judicial en poder avanzar en ese camino, a pesar de las pruebas. Lo más preocupante es cómo esos mismos civiles que durante todos estos años fueron acusados, se presentó prueba y fueron beneficiados por la impunidad, hoy vuelven a tener mucho poder en esos lugares. Pienso en Blaquier en Jujuy, Vicente Massot en Bahía Blanca, entre otros. Lamentablemente, se vuelve a fortalecer a estos sectores. Un Blaquier impune y con poder genera una Milagro Sala presa, para nosotros esa es la ecuación».
La responsabilidad no solo es económica, sino que se trata de sectores que colaboraron, apoyaron y ejercieron la represión sobre sus propios trabajadores, en este sentido, G. Tepper reflexiona: «Lo complicado es que son sectores que siempre siguieron teniendo poder, que se los intentó juzgar por su participación y no solamente por enriquecerse. Hay un gran prejuicio en creer que esos empresarios solamente se llevaron plata. No, sus delitos no solo fueron económicos y con el plan económico, sus delitos fueron participar, ceder y usar sus empresas, perseguir a sus comisiones internas, militarizar las fábricas. Hoy, no digo que lo van a hacer, pero que muchos volverían a elegir esas prácticas estoy segura que sí».
Las juicios y sentencias a la responsabilidad civil del 2017
A pesar de todo lo mencionado, hay juicios de lesa humanidad que se llevarán adelante durante todo este año, inclusive teniendo en cuenta la participación y responsabilidad de civiles en los delitos.
«Un juicio muy importante está en curso en Mendoza, ya en la parte de alegatos de las defensas: el juicio a los jueces». Este juicio es realmente relevante dado que se investiga a ex integrantes del poder judicial de la provincia durante la dictadura: jueces, fiscales, secretarios, entre otros imputados, es decir, que se investiga por primera vez al accionar y su acompañamiento al terrorismo de Estado del poder judicial de forma integral. «Ese juicio prontamente tiene que terminar y creo que esa sentencia va a ser una bisagra: para la justicia o para la impunidad», revela. En la provincia de Santa Fe sigue el juicio por el Centro Clandestino La Casita que tiene incluido también a un miembro del poder judicial, el 30 de marzo tiene fecha de sentencia: «Tal vez sea una de las primeras sentencias en las que sepamos qué pasa con el poder judicial, en este contexto, sobre los cómplices civiles».
Sin embargo, otros juicios sufren postergaciones reiteradas: «El juicio a los responsables de la empresa Ford no tiene ni siquiera fecha después de dos postergaciones, además de que muchos de sus imputados murieron». Lamentablemente, dentro del grupo de los civiles cómplices, lo más difícil de juzgar es: «El núcleo más duro que siguen siendo las responsabilidades empresariales».
Los juicios a nivel federal: una gran invisibilidad
La agenda de los grandes medios está lejos de mostrar lo que sucede en un proceso judicial que repercute a toda la sociedad, pero que también incrimina a muchos de los dueños de aquellos medios. «Los juicios en muchos lugares del país no están teniendo una inclusión en la agenda de los medios para poder mostrarlos, para poder acompañar, para poder también generar una visibilidad que a los jueces les demuestre que hay un interés de la sociedad en terminar con la impunidad. En Tucumán se está juzgando el Operativo Independencia y está en absoluto silencio», enfatiza G. Tepper.
La realidad es que las sentencias tienen la posibilidad de ser transmitidas en vivo y eso no sucede desde ningún medio, por ello, Giselle Tepper no entiende porque algunas sentencias tienen más valor que otras: «En ese barrio, en esa ciudad, en ese lugar de trabajo hubo un crimen de lesa humanidad, y el silencio, sino se difunde ese juicio, sigue generando olvido», sentencia, y agrega: «Al poder judicial no le gusta ser mostrado, a los culpables no les gusta ser mostrados, a los que están acusados menos y muchos de ellos manejan medios de comunicación, como Magnetto y Mitre.» En la actualidad, sigue habiendo genocidas caminando por las calles, por eso, la necesidad de seguir difundiendo a los responsables del genocidio y sus implicancias en la actualidad es la responsabilidad de los comunicadores, en especial de los medios grandes y públicos.
«La mayor esperanza, además de la justicia de los tribunales, es la verdad»
«Más allá de los retrocesos, seguimos luchando de la misma manera. El objetivo siempre es el mismo». Una de las características más fundamentales del movimiento de Derechos Humanos en Argentina es haber luchado desde sus comienzos contra toda adversidad: las rondas en Plaza de Mayo o los escraches simbolizan una pelea contra el silencio y la impunidad.
«Hay una probabilidad de que este año termine la Megacausa ESMA III, en un juicio que tiene un caudal enorme de víctimas, es el más grande que hemos tenido con 789 víctimas, que juzga por primera vez los vuelos de la muerte, que tiene un valor simbólico muy fuerte, como lo tuvo la sentencia de la Perla el año pasado en Córdoba. Es un punto neurálgico de lo que suceda en materia de justicia este año», expresa, y agrega: «Lamentablemente, han muerto imputados y han quedados impunes algunos de ellos. Eso lastima».
Los juicios como instancia de reparación también tienen que ver con la verdad, así lo exclama: «Cada juicio en cada lugar es una instancia de esperanza en lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas. Hay algo ahí que reconstruye. La mayor esperanza que tenemos todos los días y todos los años es que en esos juicios se digan dónde están los cuerpos, dónde están los nietos, para que todo familiar pueda decidir qué hacer con el cuerpo de su desaparecido y para que cada familia se encuentre con ese nieto que fue apropiado. La expectativa más grande que existe cada año es esa. Va a la par de la condena social y de las condenas judiciales», enuncia.
Y concluye de forma contundente: «No se si van a romper sus pactos de silencio, no se como sostienen sus vidas sin dar esa información. Cuando vos ves a esas madres que están muy grandes y que te dicen que necesitan saber dónde están sus hijos, que lo necesitan profundamente, que tal vez van a los juicios, y jamás ejercieron la violencia, y saben que el que está ahí sentado les podría decir lo que buscan hace décadas, es realmente tremendo. Sin embargo, están y siguen, y las que encuentran a sus nietos siguen buscando a los demás como si fuera el propio. Hay algo que es ejemplar y que motiva. La mayor esperanza, además de la justicia de los tribunales, es esa verdad».