Tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores, los dos sindicatos españoles mayoritarios, han hecho pública su rotunda oposición a los planes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre RTVE, que según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 pretende condicionar el pago de la aportación pública y de la […]
Tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores, los dos sindicatos españoles mayoritarios, han hecho pública su rotunda oposición a los planes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre RTVE, que según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 pretende condicionar el pago de la aportación pública y de la carga financiera de la deuda a la puesta en marcha de un plan de reducción del modelo de la radiotelevisión pública.
En un comunicado conjunto, UGT y CC.OO. consideran «que no es aceptable» la pretensión de descargar «sobre el empleo y los trabajadores» las consecuencias de «una deuda generada por los gobiernos del PP y del PSOE».
Para ambas centrales sindicales, «los sucesivos Presupuestos del Estado sustituyeron la financiación directa por la autorización al endeudamiento de RTVE. Esa política de ocultamiento del déficit público ha llevado a una deuda acumulada de RTVE a la que el Gobierno debe hacer frente».
Para CC.OO. y UGT, la tramitación parlamentaria de la Ley de RTVE «pone las primeras bases para una nueva Corporación», a la que debería dotarse «de una financiación estable y acorde con los objetivos de servicio público que el propio Parlamento definirá mediante un Mandato Marco».
Por ello, consideran «un contrasentido que sin que esté constituida esa Corporación y sin que el Parlamento haya decidido qué objetivos deben tenerse, el Gobierno pretenda definir esa dimensión».
El malestar de ambos sindicatos resulta patente cuando afirman en su comunicado que «esa decisión supondría volver a los viejos procedimientos en los que el Gobierno lo decide todo en RTVE».
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se manifiestan «contrarios a que decisiones que afecten al modelo se tomen previamente a la puesta en marcha de la reforma contemplada en el Proyecto de Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal».
A este respecto, precisan que «tanto la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, organismo del Ministerio de Economía y Hacienda al que está adscrita la radiotelevisión pública desde 2001) como la Dirección General de RTVE no pueden arrogarse la definición de un modelo que ahora se debate en el Parlamento».
Las centrales le recuerdan a Rodríguez Zapatero que «la obligación del Gobierno es asumir, como establece la ley, el pago del servicio publico de RTVE, resolver la liquidación de la deuda acumulada y concluir su compromiso de una nueva RTVE pública e independiente de los gobiernos».
El comunicado concluye con la afirmación de que «UGT y Comisiones Obreras rechazamos la solución del ajuste laboral con destrucción de empleo, cierre de centros de trabajo y reducción del servicio público», al considerar que ello «sólo beneficia al sector privado» y conduce a una «mayor precarización del empleo en el sector audiovisual»
El plan del gobierno
El Gobierno incluyó en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 una partida especial de 575,2 millones de euros, destinada a enjugar el déficit de RTVE, que previsiblemente alcanzará los 801 millones (571 de déficit ordinario del ejercicio y 230 por el pago de los intereses de la deuda).
Sin embargo, el Ministerio de Economía supedita esta subvención a la adopción por RTVE de un plan de viabilidad que supondría una drástica reducción de la plantilla. Fuentes próximas al Gobierno cifran el recorte laboral entre 3.000 y 5.000 empleados, sobre una plantilla que actualmente se sitúa en 9.369 trabajadores (8.258 fijos y 1.111 contratados).
Así, los Presupuestos Generales del Estado para 2006, aprobados el pasado 23 de septiembre por el Consejo de Ministros, incluyen una disposición adicional sobre RTVE que condiciona la subvención estatal a la elaboración de un plan de futuro.
El procedimiento que se establece es la firma de un convenio entre el Ente Público y el Estado, que reflejará las medidas de saneamiento que deberá abordar el grupo RTVE. En dicho convenio se establecerán los parámetros sobre el futuro de la compañía, en especial los relacionados con la racionalización de los costes, la mejora de la productividad y la política de personal, según fuentes próximas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Se prevé, asimismo, la elaboración de un modelo de financiación adaptado a los criterios de la Unión Europea, que prohíbe el aval ilimitado del Estado a la radio y la televisión pública. La subvención estaría a partir de ahora condicionada a la mejora en los ingresos publicitarios, el modelo de programación y la remodelación de la estructura de la compañía.
Esta reforma afectaría a la composición de los centros territoriales de Televisión Española (TVE) y a la red de emisoras de Radio Nacional de España (RNE), según establece la referida disposición adicional.
La supervisión de los compromisos adquiridos por RTVE y el Estado correspondería al Ministerio de Economía y Hacienda, encargado asimismo de vigilar su aplicación. La Administración podría también dictar las medidas necesarias para que las obligaciones asumidas sean efectivas.