En días pasados, el Congreso de Brasil se pronunció en contra del cierre de RCTV en Venezuela. El Presidente Chávez, que no tiene pelos en la lengua, criticó a los brasileños por meterse en asuntos que no son de su competencia. Lula, en Londres, salió en defensa de su Congreso, pero más le hubiera valido […]
En días pasados, el Congreso de Brasil se pronunció en contra del cierre de RCTV en Venezuela. El Presidente Chávez, que no tiene pelos en la lengua, criticó a los brasileños por meterse en asuntos que no son de su competencia. Lula, en Londres, salió en defensa de su Congreso, pero más le hubiera valido quedarse callado, pues no tiene lecciones que dar en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación.
El caso de Radio Novo Ar, en Sao Gonçalo, en las afueras de Rio de Janeiro, es emblemático de lo que sucede en Brasil. La policía ingresó brutalmente para llevarse el equipo, la consola de audio, los micrófonos, y a varios de los comunicadores locales a la comisaría. Mientras realizaba su programa en vivo «Mujeres en Acción» Marcia Rodrigues se dio cuenta de lo que estaba sucediendo fuera de su cabina y anunció que la policía estaba clausurando la radio, contándole a su audiencia que no sabía lo que iba a suceder en los minutos siguientes. Esto hizo posible que otros colegas tuvieran tiempo de desmontar y proteger la antena antes de que llegase la policía. El abogado de la radio comunitaria descubrió más tarde que en la comisaría había desaparecido toda prueba documental de que la acción policial era legal.
Lo mismo sucedió con Radio Heliópolis en la mayor favela de Sao Paulo, sin proceso judicial y con secuestro de los equipos, y con otras 24 emisoras comunitarias en el área de Sao Paulo, asaltadas en octubre 2006 en una acción policial represiva llamada «Operación Corsario», en la que participaron 65 policías federales. Sólo en el año 2006 cerca de 80 emisoras fueron clausuradas de esa manera. En febrero del 2007, otras 19 radios comunitarias fueron clausuradas en el área de Sao Paulo, en la «Operación Interferencia» (ojalá la policía y el gobierno brasileño fueran tan eficientes contra los narcotraficantes). Los datos pueden encontrarse en el sitio web y en los boletines del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC): http://legislaciones.amarc.org/
A fines del 2006, 13,595 emisoras comunitarias seguían esperando que el gobierno brasileño les otorgue las licencias para operar. Solo en el Estado de Minas Gerais había 2,183 pedidos de frecuencia, y otros 1,756 en Sao Paulo. Pero el gobierno prefiere repartir las licencias entre los políticos, como veremos más adelante.
Los datos anteriores son contundentes, y eso que solamente tengo a mano algunos de los meses recientes.
¿Qué tan peligrosas son esas radios comunitarias? Se trata de pequeñas radios que son la voz de comunidades rurales y urbanas, y no le hacen daño alguno al Estado, ni al gobierno. De hecho, quienes escuchan y coordinan esas radios son los pobres, es decir, la base electoral de Lula, pero así les paga él. Peor aún, cuando son toleradas, el gobierno brasileño no les permite sino una potencia de 25 watts, algo absolutamente grotesco, pues las circunscribe a unas cuantas cuadras, y en muchos casos les prohibe difundir informaciones, solamente música. ¿Eso es libertad de expresión, Lula?
Entonces, resulta una paradoja cruel que Lula por una parte se parcialice a favor del monopolio de RCTV, del magnate Marcel Granier, mientras con la otra mano (¿será con la izquierda o con la derecha?), clausura y reprime radios en su propio país.
Pero la paradoja va más lejos, pues Lula se solidariza con el Congreso brasileño, que como todo el mundo sabe, está lleno de gente corrupta. Los escándalos de diputados y senadores del Congreso de Brasil son vergonzosos. Hace unos tres años agarraron a un congresista en el aeropuerto, con cerca de cien mil dólares en efectivo en sus calzones. Literalmente, los había escondido en sus calzones, donde seguramente había espacio de sobra.
Esa es una anécdota entre muchas, pero lo más grave es lo que ha revelado el Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación (FNDC) de Brasil: el 67% de los parlamentarios tienen licencias de radio y televisión… ¿Qué tal caraduras? Ellos se reparten las licencias, mientras la policía reprime a las radios comunitarias. Las cifras son espeluznantes: a la cabeza están 20 parlamentarios del PMDB (25%), seguidos por 18 del PFL (22.5%), 16 del PSDB (20%), y porcentajes menores para otros partidos, entre los que no figura siquiera el PT, el Partido de los Trabajadores que llevó a Lula al poder y que luego se peleó con él. El Foro ofrece además los nombres de aquellos diputados que son dueños de radios y que no incluyeron estas en su declaración de bienes… En su sitio web hay mucha información que seguramente Lula no conoce, o no quiere ver: http://www.fndc.org.br
Detrás de las clausuras de radios comunitarias en Brasil, al igual que en Guatemala, está todo el poderío de los monopolios de medios. No es ningún secreto que en Brasil está uno de los monopolios de medios más grandes de América Latina, el grupo Globo, que tiene la red de televisión, radios, editoriales, periódicos, etc. y una influencia determinante en la política brasileña. Es a estos monopolios que avasallan el derecho a la comunicación que Lula, el Congreso y ANATEL protegen militantemente.
Y podríamos decir mucho más. Así como Lula no ha tocado para nada los monopolios de los medios de difusión, tampoco ha tocado el poder de los «coroneles» que son caciques en las áreas rurales, dueños de millones de hectáreas y que mantienen ejércitos de «cangaceiros» que asesinan a los dirigentes de los campesinos y de los Sin Tierra, y a los activistas de las ONGs opuestos a la depredación salvaje de la selva amazónica. Ahora, para atender el pedido de Bush, gobierno brasileño y latifundistas se alían para destruir los bosques que quedan y «ampliar la frontera agrícola» para el etanol que necesita Estados Unidos.
No hay donde perderse: Lula, a ver di algo ahora…