Traducido para Rebelión por Germán Leyens
«La calidad del periodista y la calidad de la democracia van de la mano.»
Bill Moyers, presentador del comentario noticioso semanal «Now» de Public Broadcasting Service, con ocasión de su jubilación el 17 de diciembre pasado.
«La esencia de la libertad de prensa es la defensa de la libertad de pensamiento.»
Ninfa Deándar, directora del diario mexicano independiente «El Mañana», durante su presentación en la Conferencia Fronteriza: Ambos lados de la historia, 19 de noviembre.
Los asesinatos a sangre fría en México en 2004 transformaron el apenas establecido Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) en una organización activista de defensa de las propias vidas de sus miembros. Con la muerte en el umbral, el grupo buscó la solidaridad de representantes de los medios de EE.UU. en una conferencia fronteriza para fortalecer la prensa libre. Pero sólo una semana más tarde fue muerto a tiros otro periodista mexicano.
Mientras tanto, en Estados Unidos, ocho reporteros confrontaban penas de prisión por ejercer la prerrogativa de proteger el anonimato de sus fuentes. Docenas de asociaciones profesionales al norte de la frontera apoyaron acciones a su favor, adoptando una posición en un clima político estadounidense con una libertad de prensa en rápida erosión. Hay que trazar líneas claras que conecten los puntos entre las luchas mexicana y estadounidense por la libertad de información y la libertad de prensa. Más concesiones mutuas entre miembros del Cuarto Poder de ambos países fortalecerían la causa mutua. Por otra parte, protegerían contra continuos ataques al derecho a estar informado del público norteamericano.
Una iniciativa para proteger a periodistas y el derecho a estar informado.
El Cepet, sin fines de lucro, maduró de la iniciativa independiente de Reporteros y Editores, formada en 2001 para proveer un foro nacional de discusión en el ciberespacio para los periodistas mexicanos sobre problemas de su profesión. El papel declarado del nuevo centro es «promover el periodismo investigativo independiente y de interés público, mediante seminarios, talleres, conferencias, e iniciativas que contribuyan a ese fin».
Las circunstancias pronto lo pusieron en primer plano junto con otros grupos en todo el hemisferio dedicados a los derechos humanos y al derecho del público a informarse. Incluso antes de que la explosión de asesinatos no esclarecidos de periodistas se convirtiera en una erupción el año pasado, el Cepet comenzó a centrar la atención en la violenta represión contra periodistas. Movilizó a otros grupos para establecer una Comisión en Memoria después de que Roberto Mora García, director del diario El Mañana, fuera mortalmente apuñalado 26 veces al llegar a casa después de finalizar la edición del periódico en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 19 de marzo.
El crimen estremeció el tambaleante mercado de noticias independientes del estado fronterizo con Texas, que ya había sido sacudido por el anterior asesinato del director de El Mañana. El asesinato, ocurrido en un clima de ilegalidad, corrupción y narcotráfico, llegó a los titulares en toda Latinoamérica y en el sudoeste de EE.UU. El Departamento de Estado de EE.UU. fue involucrado en el caso cuando uno de los sospechosos, el ciudadano estadounidense Mario Medina Vázquez, de 23 años, fue torturado y después murió también de varias heridas de arma blanca en la prisión mexicana en la que esperaba su proceso.
La Comisión en Memoria reunió al Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac), Libertad de Información (Limac), PEN Club México, Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), Reporteros sin Fronteras (RSF), y Cepet. Sus miembros y otros firmaron una declaración y una carta al presidente mexicano Vicente Fox pidiendo justicia y un fin a la impunidad. Volvieron a hacer lo mismo cuando Francisco Ortíz Franco, co-editor, co-fundador, y editorialista del semanario Zeta en Tijuana, Baja California, fue muerto a tiros por pistoleros a plena luz del día el 22 de junio.
Su asesinato provocó la condena de International Freedom of Expression Exchange, Committee to Protect Journalists, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Periodistas Frente a la Corrupción, RSF, Federación Internacional de Periodistas (FIP), Writers in Prison Committee, y PEN Internacional.
Luego, el columnista independiente Francisco Arratia Saldierna, de 55 años, murió como resultado de una severa paliza y torturas en la ciudad fronteriza de Matamoros en Tamaulipas el 31 de agosto. Su muerte fue seguida el 8 de septiembre por la identificación preliminar en Acapulco, Guerrero, de un cuerpo quemado, como el de Leodegario Aguilera Lucas, de la revista Mundo Político en la capital estatal de Chilpancingo, que había desaparecido tres meses antes. Las autoridades dijeron más adelante que los restos no podían ser positivamente identificados como los de Aguilera Lucas.
México se ha convertido ahora en el país más peligroso del continente para periodistas, según el Cepet. En su sitio en la red, se acumulan las declaraciones y firmas de cartas a las autoridades. «Mientras continúe la agresión contra periodistas y los asesinos de periodistas sigan libres, la libertad de expresión en México está en juego», señaló una carta. Firmas llegaron de toda la nación y de Argentina, Brasil, el Caribe, Chile, El Salvador, Nicaragua, Perú, España, y Estados Unidos.
El Cepet colocó un formulario en la red para comprometerse a participar en una protesta nacional. El evento del 11 de octubre incluyó una serie nunca vista de 16 marchas y manifestaciones simultáneas en 10 estados. Presentó una Declaración contra la violencia a periodistas y por la plena libertad de expresión en México. Algunos gobiernos estatales, como los de Zacatecas, Michoacán, y Nuevo León, reaccionaron con la ratificación de su compromiso con la declaración. El 23 de diciembre, la Comisión no Gubernamental en Memoria terminó el horrible año con el anuncio de que había sometido el caso de Mora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por múltiples irregularidades.
Acción ante un fondo profundo
La Comisión en Memoria fue la primera organización independiente de su tipo en la historia del periodismo mexicano. Compuesta de miembros tanto nacionales como extranjeros, el grupo se comprometió a continuar con el proceso de justicia, primero con el caso de Mora, después los demás. La gran cantidad de grupos pre-existentes que se movilizaron para formar la Comisión en Memoria refleja la reacción de base ante la crisis. El aumento en el crimen institucionalizado en México durante las dos últimas décadas ha llevado a una situación en la que todo periodista que se atreve a investigar puede convertirse en una más de sus víctimas. Los asesinatos de 2004 recuerdan la violencia de fines de los años 80 y comienzos de los 90, cuando la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) presentó a la Comisión de Derechos Humanos de México una lista de 55 periodistas asesinados.
Según el antiguo líder de la UPD, Eduardo Valle, la raíz del mal es la conversión de México en una ‘narcodemocracia’. El veterano experto en México en EE.UU., Cristopher Whale, agrega que las «narco-elites» blanden su riqueza e influencia sobre la política nacional y local en una proporción muchísimo más grande que las corporaciones legales. La directora de El Mañana, Ninfa Deándar, declaró ante 100 participantes en la conferencia binacional de Cepet, realizada en Nuevo Laredo, del 19 al 29 de noviembre, que «la agresión contra la libertad» que resulta del «narcotráfico y la violencia» se debe a «la influencia de un capitalismo feroz, desenfrenado», agregando: «Nunca ha habido una situación tan delicada como ahora mismo». La fundadora de Cepet Leonarda Reyes señala que funcionarios mexicanos confirman el cálculo del Banco Mundial de que un 9,5% del PIB termina en manos corruptas, y otros cálculos que estiman que los beneficios del narcotráfico ascienden a 5.000 millones de dólares por año.
Mora estaba escribiendo sobre este tema cuando le quitaron la vida. «El actual estado de terror que reina, debido a esta fuerza de criminales que parece estar al nivel o por sobre el nivel del gobierno, es una realidad y tiene un precio que la sociedad debería confrontar», escribió en uno de sus editoriales. «Si no queremos que estas fuerzas gobiernen nuestras vidas, debemos comenzar por reunir el valor para restablecer el control por los ciudadanos y no por los criminales». [Retraducido del inglés, N.d.T.]
El director de Zeta, Jesús Blancornelas, cuyo conductor fue muerto a tiros en un atentado contra el periodista en 1997, vinculó el asesinato de Ortiz con sus escritos investigativos sobre la corrupción y el narcotráfico. El co-fundador de Zeta, Héctor Félix Miranda, también había sido asesinado en 1988. Los comentarios políticos de Arratia fueron publicados en la columna «Portavoz» por varios periódicos locales en Tamaulipas. Uno de sus editores dijo que el tipo de tortura sugiere que podría haber sido asesinado por su trabajo como periodista.
Periodistas de EE.UU. confrontan las amenazas a la libertad de prensa
Con estos ámbitos periodísticos cercanos a Estados Unidos, el Cepet estableció una Iniciativa Fronteriza, que culminó en la «Conferencia Fronteriza: los dos lados de la historia», para que periodistas mexicanos y de EE.UU. compartieran sus perspectivas.
Entre los 10 puntos de la lista de exigencias de los manifestantes mexicanos del 11 de octubre había uno que sonó conocido a sus colegas estadounidenses, pidiendo que «el Congreso ratifique las iniciativas que reconocen el secreto profesional, de manera que los periodistas puedan proteger sus fuentes de información contra amenazas a sus vidas o peligros de otro tipo».
Estados Unidos ya ha implementado iniciativas semejantes, y los periodistas de EE.UU. escriben periódicamente sobre la falta de semejantes protecciones en el resto del mundo. Pero, en 2004, un puñado de jueces federales consideró culpables de desacato al tribunal a ocho periodistas por negarse a revelar fuentes confidenciales. En lo que NBC declaró un «día triste para el periodismo» el 9 de diciembre, el primero de los acusados fue condenado a seis meses de arresto domiciliario; problemas de salud salvaron al reportero de Rhode Island TV, Jim Taricani, de 55 años, de una condena máxima de seis meses en prisión. Los demás condenados podrían ir a la cárcel cuando tengan lugar las audiencias para sentenciarlos.
Al despertar sospechas de que el Cuarto Poder está siendo subyugado mediante la limitación sistemática de la Declaración de Derechos a través de la administración de la nueva Ley Patriota de EE.UU., este ataque a la libertad de prensa provocó una ira sin precedentes de las asociaciones profesionales de EE.UU. Como por un efecto dominó, los medios noticiosos canadienses experimentaron desafíos similares, y la Asociación Canadiense de la Prensa reaccionó correspondientemente.
El ataque contra la confidencialidad periodística fue acompañado por ataques oficiales contra el derecho a saber del público. En su conjunto, revelaron una política de retrogradar en la práctica el acceso difícilmente conquistado a garantías de información en Estados Unidos. National Public Radio y Public Broadcasting System confrontaron recortes de los fondos federales que las silenciarían efectivamente. Se materializó una ley para prohibir la revelación de datos de las ciencias de la tierra reunidos por satélite y los eximiría de consultas según la Ley de Libertad de la Información (FOIA). La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) intentó aumentar las exenciones de pedidos según la FOIA. La administración hizo esfuerzos a su más alto nivel por ocultar un importante informe de calentamiento global. El Departamento de Seguridad Interior actuó para apartar a periodistas curiosos de lo que calificó de «información crítica de infraestructura», desde los suministros de agua al sistema bancario. La Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. sofocó la diseminación de información clausurando su base de datos de informaciones públicas en la red. La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito publicó una regulación prohibiendo el acceso público a algunos datos relacionados con vehículos poco seguros. Legislación de reforma de la inteligencia federal trató de aumentar el secreto oficial
Pero eso era sólo la punta del iceberg. La Comisión Federal de Comunicaciones retrasó parsimoniosamente la consideración de exigencias para restablecer controles sobre la monopolización de medios noticiosos. Mientras tanto, el sesgo corporativo privado en la cobertura creció exageradamente, ajustándose a los intereses de los anunciadores y de los beneficios de los inversionistas en lo que los periodistas mexicanos consideran como nada más que otra forma de corrupción llamada «censura comercial».
Estas arremetidas crearon una inusual movilización estadounidense de defensores de la Primera Enmienda constitucional. Un ejemplo de tales acciones fue la presentación por la Coalición de Periodistas por un Gobierno Abierto de una queja administrativa contra el Departamento de Seguridad Interior por ir minando la Ley Nacional de Política Medioambiental de 1970 (NEPA). Entre los más de doce firmantes de los comentarios de la coalición están: la Sociedad de Periodistas Medioambientales, los Editores Gerentes de Associated Press, la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos, y el Club Nacional de la Prensa. En otro caso importante, la coalición reunió a 40 organizaciones y a 4.000 periodistas individuales para que firmaran una declaración de apoyo a los colegas citados por desacato al tribunal por proteger sus fuentes en función del interés de informar al público. El texto de la declaración señalaba: «Durante más de un siglo, los reporteros han reconocido un deber ético en la protección de sus fuentes confidenciales [sin las cuales] valiosa información sobre la conducta del gobierno no llegaría al público».
Tal como la profesión había sido obligada a actuar a favor de protecciones legales existentes en Estados Unidos, muchas de esas protecciones aún deben ser creadas en México. Armar un jaleo al respecto es un primer paso, pero en última instancia la reforma para fortalecer la rama judicial mexicana será un factor decisivo, señaló el editor de noticias del San Antonio Express, Robert Rivard, en la conferencia fronteriza. El antiguo corresponsal mexicano de su diario de Texas, Phillip True fue asesinado en México, un caso en el que Rivard ve una lamentable corrupción en el sistema judicial.
Por cierto, como para ilustrar la opinión de Rivard, otro periodista más fue asesinado sólo una semana después de que la conferencia binacional discutiera el tema de los asaltos mortales contra periodistas en México. El fotógrafo Gregorio Rodríguez Hernández, del diario El Debate, fue asesinado a quemarropa frente a su mujer y sus dos niños mientras cenaban en un restaurante en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de noviembre. Las autoridades dijeron que sospechaban que los responsables eran miembros de una red de narcotráfico.
Al mismo tiempo que trabaja por proteger a los periodistas, el Cepet también continúa sus esfuerzos por mejorar la calidad de la cobertura mediática mexicana y por promover la implementación y el uso del nuevo equivalente mexicano de la FOIA, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El centro recibe apoyo para sus sesiones de capacitación del Knight Center for Journalism in the Americas , ubicado en la Universidad de Texas en Austin. Para su conferencia fronteriza también colaboró con Investigative Reporters and Editors, Inc. (IRE) y la filial mexicana de IRE, el Centro de Periodistas de Investigación.
Si no fuera por el apoyo a través de la frontera de periodistas y organizaciones no-gubernamentales, dice Deándar, ya habría muerto todo su personal. Pero se requiere mucha más colaboración. La conferencia fronteriza fue sólo un punto de referencia, si bien es cierto que fue notable, en el camino a la construcción de conexiones a través de la frontera, que son importantes para fortalecer la libertad de prensa y la libertad de acceso a la información.——
Talli Nauman es editora general del Centro de Relaciones Internacionales y asociada del Americas Program.
Sitio en la red de Cepet: http://www.cepet.org