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Solo en un año, en 2010, la empresa Repsol gastó 30,4 millones de euros en publicidad, repartida en diferentes medios

Medios patrocinad​os por Repsol nos informan sobre nacionaliz​ación en Argentina

Por José Manzaneda | 25/05/2012 | Mentiras y medios
Fuentes: Tercera Información

 Solo en un año, en 2010, la empresa Repsol gastó 30,4 millones de euros en publicidad, repartida en diferentes medios (1). No es extraño, por tanto, la condena unánime, desde estos medios, a la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar YPF, en detrimento de los intereses de Repsol. Repsol patrocina, por ejemplo, el informativo diario […]

 Solo en un año, en 2010, la empresa Repsol gastó 30,4 millones de euros en publicidad, repartida en diferentes medios (1). No es extraño, por tanto, la condena unánime, desde estos medios, a la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar YPF, en detrimento de los intereses de Repsol.

Repsol patrocina, por ejemplo, el informativo diario de la cadena española Telecinco (2), que informaba del asunto de esta manera tan rigurosa y neutral: «Toda la claridad que le falta a la presidenta argentina sobre el futuro de Repsol-YPF le sobra al Gobierno español, para advertirle sobre las consecuencias de una expropiación (…) En su defensa de los intereses españoles cuenta con el apoyo total de la oposición (…) La escalada del conflicto no perturba a la presidenta argentina, que va a lo suyo…» (3)

Este tratamiento informativo es común a todos los grandes medios españoles, por lo que nos centraremos en uno: el diario El País, perteneciente al Grupo Prisa.

La supervivencia de este consorcio mediático no solo depende de los ingresos publicitarios de Repsol: el mayor accionista de esta petrolera, La Caixa, es uno de los bancos acreedores de la voluminosa deuda del Grupo Prisa, refinanciada el pasado año (4).

Por eso existe una censura total a cualquier información negativa sobre la actividad de Repsol en América Latina. Un ejemplo salía a la luz hace varios años, cuando una periodista del diario propuso publicar un artículo crítico con la petrolera (5). Tras imponérsele al autor, en un primer momento, la suavización del texto, finalmente la dirección del periódico decidió no publicarlo: «lamentablemente, Repsol no puede aparecer en el artículo ni una sola vez», fue la explicación. Los gravísimos daños humanos y medioambientales, las violaciones de los derechos sindicales o las acusaciones de colaboración con bandas paramilitares para el desplazamiento de población rural colombiana no pueden ser noticia (6).

Pero, curiosamente, días después de la expropiación de YPF, quien era acusado de vulnerar la libertad de prensa era el Gobierno de Argentina. Lo hacía, en un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -es decir, los dueños de los grandes medios privados de América Latina- que se reunía -precisamente- en territorio español, en Cádiz (7). La SIP acusaba al Gobierno de Buenos Aires de hostigar a los medios, de promover la censura indirecta y -en el colmo de la caradura- proponía «evitar que los medios públicos sean utilizados como herramientas de mera propaganda o bien de difamación de personas, grupos sociales o instituciones». Es decir, exactamente lo que ahora hacen los grandes medios privados, para defender a uno de sus grandes anunciantes, en contra de la decisión soberana de un gobierno.

Y es que la campaña político-mediática contra el Gobierno de Argentina parece sacada de un manual.

Anunciada la nacionalización, el Gobierno español anuncia represalias comerciales contra Argentina (8), y su posición es respaldada por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Estados Unidos (9). Los medios españoles comienzan una brutal campaña de demonización del Gobierno de Buenos Aires. Y hasta el Consejo General del Poder Judicial español -en un ejemplo de lo que se entiende por «división de poderes»- se niega a participar en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Buenos Aires (10).

Analistas internacionales -en calidad de supuestos expertos imparciales- llevan el mismo mensaje a tertulias e informativos. Por ejemplo, el Real Instituto Elcano -un think tank defensor de los intereses geoestratégicos españoles- coloca en tiempo record en los medios una encuesta, según la cual «más del 80% de los españoles juzga grave la expropiación» y que refleja -supuestamente- una caída en picado de la popularidad de la presidenta Cristina Fernández, al nivel -asegura- «de Putin o Raúl Castro» (11).

Las líneas de ataque del diario El País contra la decisión soberana de Argentina son también de manual. Editoriales como «Populismo intimidatorio» (12) o «El tango del expolio» (13) definen a las claras la posición del diario que, de la noche a la mañana, descubre que la «economía argentina (…) (está) al borde del colapso», tiene «riesgo de (…) ruina a corto plazo», o existe una «degradación de la economía», debido al «fracaso de la gestión económica». Algo que contradice de manera evidente la realidad: Argentina creció el 7,5 % en el último año -mientras España se encuentra en recesión-, su desempleo es 14 puntos inferior al de España y, junto a Venezuela, es el país de la región que ha conseguido el mayor descenso de la pobreza en la última década, según la CEPAL (14).

Aparecen entonces los términos imprescindibles en toda campaña contra los gobiernos progresistas de América Latina, como «populismo» (15), «chovinismo exaltado» (16), «patrioterismo económico» (17) o «chavismo» (18), para acusar a la presidenta argentina de buscar «desesperadamente un enemigo exterior al que culpar de sus fracasos» (19).

Pero el diario El País no se queda en los ataques, sino que hace propuestas de represalias. Nos dice que «el discurso populista (y) las amenazas de nacionalización (…) son razones suficientes para que la comunidad internacional retire su confianza (a Argentina)» (20) y que «el Gobierno de la señora Fernández se ha ganado a pulso que su país sea apartado inmediatamente del G-20» (21).

Apenas unos días después de la nacionalización de YPF, El País organizaba en Bogotá las jornadas «Invertir en Colombia», patrocinadas -entre otras multinacionales- por Repsol (22). «Nosotros no expropiamos», llevaba a titular las palabras del presidente de Colombia, el ejemplo de buen alumno cuyo premio a la obediencia son las inversiones españolas (23). La cobertura informativa de El País a este evento es un cuadro idílico acerca del «milagro colombiano» donde, tras décadas de violencia, existe una nación «estable económicamente», «con grandes planes de desarrollo en infraestructuras» y -lo más importante- «con seguridad jurídica para los inversores extranjeros» (24). Ni una palabra de las 4 millones de personas campesinas desplazadas de sus tierras (25), de los más de 7.000 presos políticos (26), de la situación de hacinamiento carcelario (27), o de las recompensas por asesinatos de inocentes, caso conocido como «falsos positivos» (28).

Y es que -recordemos- el Grupo Prisa tiene, a su vez, importantes negocios en Colombia. Es propietario, entre otros medios, de Caracol Radio, y su Editorial Santillana controla una parte importante del mercado de libros de texto escolar (29). No en vano cinco expresidentes de Colombia han pertenecido al Patronato de la Fundación Santillana para Iberoamérica (30).

Mientras, en Argentina, las cosas se ven de otra manera. Tres de cada cuatro personas están de acuerdo con la nacionalización de YPF, y el 70 % cree que el Estado debe controlar los recursos estratégicos del país (31). Y ello, a pesar de estar sometidos a un bombardeo informativo semejante por parte de los grandes medios privados argentinos, que repiten los mismos argumentos que sus homólogos españoles, con quienes comparten negocios, ideología e intereses (32).