Traducido al español por el autor y revisado para Rebelión y Tlaxcala por Caty R.
Miami es decididamente una ciudad muy peculiar, única en el territorio estadounidense. La inmensa mayoría de sus instituciones, desde los servicios de policía, pasando por la prensa y hasta los bomberos, están bajo el control de una minoría extremista de origen cubano sumamente poderosa. El objetivo confesado de este influyente sector, descendiente de la oligarquía prerrevolucionaria, es derrocar por todos los medios al gobierno de La Habana.
El último escándalo estalló en septiembre de 2006 cuando se descubrió que cerca de 50 periodistas del Estado de Florida, entre los cuales había tres de El Nuevo Herald, recibían de manera regular emolumentos por parte del gobierno federal a cambio de una participación en los programas de Radio y TV Martí donde se encargaban de promover la propaganda anticubana de Washington. Los programas de estos dos medios públicos, dotados de un presupuesto anual de 37 millones de dólares y destinados a «acelerar el fin del régimen castrista», se transmiten únicamente en Cuba pues la legislación antipropaganda estadounidense prohibe su difusión en el territorio nacional [1].
Los tres periodistas del diario El Nuevo Herald, Pablo Alfonso que recibió no menos de 175.000 dólares desde 2001, Wilfredo Cancio Isla remunerado con unos 15.000 dólares durante los últimos cinco años y Olga Connor cuyo cheque se eleva a 71.000 dólares, se ocupaban de la sección Cuba del periódico. El Miami Herald, del cual dependían, los despidió a todos. Su empresa les reprochaba haber faltado a la ética periodística. En efecto, al aceptar depender financieramente del gobierno estadounidense, entraban en un conflicto de intereses y se hallaban en la imposibilidad de cumplir la prueba de imparcialidad y objetividad en el tratamiento de la información [2].
Jesús Díaz Jr., presidente y editor de la empresa The Miami Herald Media Company a la que pertenece El Nuevo Herald, expresó su profunda decepción y deploró que sus profesionales de la información hubieran violado «la sagrada confianza» que ata al público y a los periodistas. «No creo que podamos garantizar la objetividad ni la integridad si alguno de nuestros reporteros recibe compensación monetaria de cualquier entidad que hayan cubierto, pero especialmente si se trata de una agencia de un gobierno», subrayó [3].
Varios periodistas más recibían una remuneración por parte de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, entre ellos Helen Aguirre y Ariel Remos del Diario Las Américas, Miguel Cossío, director de la información del Canal 41, Juan Manuel Cao también periodista del Canal 41, Ninoska Pérez Castellón de Radio Mambí y Carlos Alberto Montaner, columnista de El Nuevo Herald [4].
El gobierno cubano ha denunciado desde hace mucho tiempo que el gobierno de Estados Unidos pagaba a ciertos periodistas del sur de la Florida. El caso del reportero Juan Manuel Cao, que recibió cerca de 11.400 dólares por parte de TV Martí, apareció en los medios durante el mes de julio de 2006 cuando éste cuestionó vigorosamente al Presidente cubano Fidel Castro, durante una conferencia de prensa en Argentina. La respuesta del Comandante fue inmediata: «¿Quién te paga a ti para hacer ese tipo de pregunta?» A pesar de su edad avanzada, el viejo líder revolucionario jamás ha perdido su vivacidad de espíritu y su sentido del análisis. Había adivinado la realidad antes que nadie.
Muchos expertos en ética periodística, como Iván Román, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, denunciaron ese conflicto de intereses tan grave como inaceptable. «Los periodistas no deben cruzar esa línea», declaró. Jon Roosenraad, profesor de periodismo en la Universidad de la Florida explicó ese caso «de escuela»: «Es exactamente como si un reportero de negocios trabajara también a tiempo parcial como agente de relaciones públicas para una compañía local en sus horas libres y regresara a su periódico al día siguiente y escribiera sobre ‘su’ compañía», señaló [5].
No es la primera vez que el gobierno estadounidense remunera generosamente a periodistas para que promuevan su agenda política. En 2005, la Casa Blanca había pagado al famoso periodista Amstrong Williams hasta 240.000 dólares, para que defendiera, en su programa televisivo difundido en todo el país, la ley de reforma de la educación [6].
Robert Beatty, vicepresidente encargado de los asuntos públicos de la Miami Herald Media Company se mostró intransigente y categórico: «la ética del periodismo no puede sufrir interpretaciones de geometría variable. Cuando nos enteramos de tales actos, reaccionamos con firmeza». Para él, la independencia del periodismo no podía mancharse con propagando gubernamental [7].
Pero Beatty había subestimado la potencia y el poder de coacción de la extrema derecha cubana que controla la vida política y económica de Miami. En efecto, después de fuertes presiones, amenazas de boicot y de otras acciones más radicales, los propietarios del Miami Herald decidieron reincorporar a los tres periodistas despedidos y cerrar los ojos sobre el descubrimiento en su empresa de otros seis reporteros culpables de las mismas faltas [8].
Esa decisión espectacular ocasionó la dimisión de Jesús Díaz Jr., quien decidió asumir las consecuencias de ese viraje. El presidente del periódico consideró por su parte que el hecho de servir los intereses de un gobierno constituía «una violación de los principios de la ética periodística ampliamente aceptados». Fue sustituido por David Landsberg cuyo primer acto fue declarar que la empresa no aceptaría más ese tipo de prácticas en el futuro [9].
No es la primera vez que el Miami Herald dobla el espinazo y cede frente al chantaje y las amenazas de la derecha radical de Miami, por miedo a represalias. En los años 90, el periódico se doblegó a las exigencias de Jorge Mas Canosa que había lanzado entonces la campaña «No creo en el Herald«. El antiguo presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, una organización extremista implicada en el terrorismo internacional, había amenazado al periódico con el boicot y acciones de envergadura si no mostraba más firmeza hacia el gobierno cubano.
Esta grave violación de la ética periodística y de la libertad de prensa no conmovió a mucha gente en el ámbito internacional. En cuanto a la famosa organización francesa de «defensa de la libertad de prensa», Reporteros Sin Fronteras, se quedó muda sobre este asunto para no ofender a algunos conocidos del sur de la Florida.
Notas
[1] Óscar Corral, «Conflicto de intereses en pagos a periodistas locales», El Nuevo Herald, 8 de septiembre de 2006.
[2] BBC, «US ‘Paid Anti-Cuba Journalists'», 8 de septiembre de 2006.
[3] Oscar Corral, op. cit.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] The New York Times, 8 de septiembre de 2006.
[7] Ibid.
[8] Jason Deans, «Miami Herald Chief Quits Over Cuba Revelations», The Guardian, 3 de octubre de 2006.
[9] Ibid.
El francés Salim Lamrani es investigador de la Universidad Denis-Diderot en París y está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Colabora habitualmente en Rebelión. La traducción al español es suya y ha sido revisada por Caty R., de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de mencionar al autor-traductor, a la revisora y la fuente.