Murió en España la jurisdicción universal y el juicio a jefes de Estado de EEUU e Inglaterra por crímenes contra la humanidad

En octubre de 2009, el gobierno de España cerró una de las últimas ventanas para esclarecer responsabilidades en los más terribles crímenes cometidos por las naciones más poderosas de la tierra. Bajo una gran presión de EEUU, España decidió limitar su propia jurisdicción en casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, aunque el derecho internacional establece que tales crímenes están bajo jurisdicción universal, en cualquier nación, sean o no víctimas sus ciudadanos. La lógica es que estos crímenes contra la humanidad son ofensas contra cada miembro de la especie humana, un crimen contra todos.

España fue competente para encausar por crímenes graves a violadores de derechos humanos de Guatemala, Argentina, China, Israel y otros lugares. La mayor parte de los juicios fueron contra individuos considerados intocables por el derecho político, por ejemplo Pinochet de Chile, el oficial argentino de ejército Adolfo Scilingo, el ex canciller estadounidense Henry Kissinger, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el ex primer ministro israelí Ariel Sharon y seis de sus consejeros y, recientemente, seis ex funcionarios de la administración Bush.

Las presiones contra el imperio de la justicia hispana se incrementaron cuando los magistrados españoles anunciaron investigaciones que involucraban a Israel y EEUU. En enero de 2009, el juez español de la Corte Nacional Fernando Andreu anunció que investigaría a siete altos miembros del gobierno israelí, todavía activos o ex funcionarios, por su responsabilidad en un ataque aéreo que en 2002 mató en Gaza a un alto dirigente de Hamás y a otras 14 personas. En marzo de 2009, Baltasar Garzón, el juez más destacado de España, invocó el principio de jurisdicción universal cuando intentó investigar a seis ex funcionarios de la administración Bush por otorgar una fachada «legal» a la tortura en la prisión norteamericana en Guantánamo, Cuba. Y en mayo, otro juez de la alta corte española, Santiago Pedraz, dijo que enjuiciaría a tres soldados de EEUU por crímenes contra la humanidad, como autores de las muertes, el 8 de abril de 2003, del camarógrafo español de televisión Jose Couso y del periodista ucraniano Taras Protsyuk, asesinados por tripulantes de tanques de EEUU que atacaron su hotel en Bagdad, el Palestina.
Las actividades de jueces como Garzón, Andreu y Pedraz han creado un gran dolor de cabeza diplomático al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. China advirtió a España que las relaciones bilaterales se podrían deteriorar por un caso del Tíbet y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que España arriesgaba quedar fuera del proceso de paz de Oriente Medio.

Pero lo que más preocupa al gobierno español es el impacto negativo en sus relaciones con EEUU que pueda tener la investigación de Guantánamo. Rodríguez Zapatero mejoró sus expectativas entre los votantes españoles porque podría forjar lazos cálidos con la administración de Obama. De hecho, otros líderes europeos se han distanciado de la postura española, temerosos de comprometer sus futuras relaciones con Washington.

EEUU, el mayor criminal contra la humanidad

El reportero Glen Ford observó que EEUU es el demandado potencial más grande del mundo por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y su prontuario en la comisión directa e indirecta de torturas y matanzas es incomparable con el de cualquiera otra nación, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo fue la presión de EEUU lo que forzó a España a cerrar sus cortes a los casos de jurisdicción internacional.

Sin embargo, el 27 de abril de 2010 fue lanzada una iniciativa judicial separada de Garzón por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por su sigla en inglés) de Nueva York, que intentó hacerse parte en una investigación criminal actualmente pendiente sobre el programa de tortura de EEUU en Guantánamo. La investigación se centra en la tortura y el abuso contra 4 ex detenidos de Guantánamo con lazos estrechos con España. El CCR puntualizó que España debe conservar la jurisdicción sobre este caso, debido a la naturaleza de los crímenes alegados y las obligaciones contraídas por el país de Zapatero como signatario de los Convenios de Ginebra y, particularmente, del Acuerdo contra la Tortura.
«Por ocho largos años hemos luchado para reparar los brutales actos inhumanos e ilegales perpetrados contra nuestros clientes, pero cada etapa ha sido bloqueada por las administraciones de Bush y Obama», dijo Michael Ratner, presidente del CCR, quien tramitó la primera petición de habeas corpus introducida en nombre de un detenido de Guantánamo en 2002. «Vinimos a España nada menos que en búsqueda de justicia, que tristemente no está disponible en Estados Unidos», dijo. (1) Un día antes del cambio en la ley española, un número de miembros del Tribunal Bertrand Russell, actuando bajo el paraguas de la Iniciativa Internacional para Procesar Genocidio de EEUU en Iraq, formuló cargos de crímenes contra la humanidad y de genocidio contra cuatro presidentes de Estados Unidos y cuatro primeros ministros de Gran Bretaña. Las acusaciones citan un millón y medio de iraquíes muertos a lo largo de 19 años de ataques norteamericanos y británicos, incluyendo dos guerras de agresión a gran escala, «con las sanciones [económicas contra Iraq, en tiempos de Saddam Hussein] más draconianas nunca diseñadas», y la subsiguiente ocupación de Iraq. Según los cargos, murió medio millón de niños.

En paralelo, se destruyó insensiblemente la rica y única herencia de patrimonio cultural y arqueológico de Iraq. Con el fin de someter a Iraq a la dependencia de los designios estratégicos de EEUU y del Reino Unido, los sucesivos gobiernos de ambas poderosas naciones intentaron la partición de Iraq y, por medio de la fuerza militar, establecieron un sistema político y un gobierno iraquí favorable a la ocupación. Promovieron y acometieron el pillaje masivo de recursos naturales iraquíes e intentaron privatizar la propiedad y riqueza de la nación. Los acusadores de EEUU y el Reino Unido formulan cargos de destrucción deliberada de una nación, arguyendo que los asaltos a Iraq fueron masivos y sistemáticos, y se prolongaron aproximadamente por una generación.

Los demandados son George Herbert Walker Bush, William J. Clinton, George W. Bush, Barack Hussein Obama, Margaret Thatcher, John Major, Anthony Blair y Gordon Brown. El juicio sostiene que cada una de estas personas desempeñó un papel dominante en la destrucción planeada de Iraq y los acusa de apoyar, instigar, permitir, racionalizar, ejecutar, y/o perpetuar o excusar esta destrucción basada en mentiras, objetivos estratégicos e intereses económicos, y contra la voluntad de su propia gente. El tribunal Bertrand Russell afirma que tales acciones se podrían repetir en otra parte si se permite que estos culpables escapen a su responsabilidad.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) es la instancia legal global para crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, el periodista Ford observa que en estos últimos años esa corte no ha procesado a nadie más que africanos y cada vez más se muestra como una herramienta de la hegemonía occidental. EEUU, además, rechaza reconocer al TPI, y de paso demanda inmunidad de procesamiento.

Actualización de Glen Ford:

La ilegalidad de EEUU ha dado trabajo a las areas propias del Tribunal Penal Internacional (TPI). La impunidad con que EEUU y Gran Bretaña causaron la muerte de 1,5 millones de iraquíes y el desplazamiento de otros 4,7 millones más durante dos décadas de agresión ininterrumpida (desde 1990 al presente), fue eclipsada -a escala de matanza- por el genocidio en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Se estima que 6 millones de congoleses han muerto desde que los principales poderes delegados por EEUU en la región, el dictador de Uganda Yoweri Museveni y los militares tutsi de Ruanda, se desbandaron a través de la frontera de la RDC en búsqueda de aproximadamente un millón de refugiados hutus ruandeses, aventados por las guerras civiles ruandesas de 1994, incluyendo a la derrotada milicia hutu.

Los comandantes militares ugandeses y ruandeses establecieron rápidamente el control sobre la minería de la región rica en yacimientos, proporcionando materias primas a EEUU -y a las corporaciones extractivas europeas-, en una relación de negocios mutuamente rentables que prospera en un ambiente de terror y masacre. Pese a que sus actividades en el este del Congo han dado lugar a un holocausto igual al judío europeo bajo los nazis, Ruanda y Uganda disfrutan de impunidad como los clientes más leales de Washington en el África negra. Los medios corporativos de EEUU, conducidos colectivamente por sus narices por el departamento de Estado, están al acecho de genocidas por todas partes de África, excepto entre los protegidos de EEUU en Kampala y Kigali.

No habiendo procesado a nadie más que a africanos desde su creación en 2002, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ahora corteja activamente a EEUU, el más prolífico perpetrador y patrocinador mundial de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, como gendarme global de las acusaciones del TPI. EEUU rechaza unirse al TPI porque teme que pueda ser procesado por sus propios crímenes (solamente 111 naciones han ratificado su acatamiento a la jurisdicción del tratado). Pese a todo, el fiscal jefe del TPI, el abogado argentino Luis Moreno-Ocampo, cabildea abiertamente para que EEUU encabece una «coalición deseosa» de desplegar «fuerzas especiales» como brazo policial del Tribunal con sede en La Haya.

Moreno-Ocampo aparentemente cree que la búsqueda global de justicia resultaría fortalecida con la incorporación de «las raras y costosas capacidades» del fabricante de guerra más activo del mundo, según lo informado por los estudiantes de periodismo Adam Branch y Samar Al-Bulushi en el diario africano Pambazuka. EEUU tampoco ve ninguna contradicción en actuar como guardián internacional de la ley sin darse por aludido respecto a sí mismo. Stephen Rapp, un embajador de EEUU para voluminosos crímenes de guerra, dijo que Washington «puede apoyar constructivamente este tribunal cuando trabaje en nuestro interés. Y en los casos que hasta ahora abordó, están nuestros intereses y el interés de toda la clase humana».

EEUU fue el foco de la atención -aunque oficialmente estuvo sólo como observador- de la conferencia del TPI del 31 de mayo al 11 de junio 2010 en Kamala, Uganda. «Es duro enfatizar cómo los países están felices de vernos aquí», dijo Harold Koh, asesor jurídico del departamento de Estado. «Estuvieron muy apenados en el período de hostilidad de EEUU contra el tribunal». Por supuesto, Washington sigue inalterablemente opuesto a cualquier límite a sus prerrogativas de superpotencia, pero dio la bienvenida a la invitación de Moreno-Ocampo de hacer cumplir acusaciones altamente selectivas del TPI [como su orden de arresto del presidente sudanés Omar al Bashir].

El TPI está ofreciéndole la insignia de sherif al matón más grande del mundo, una nación que proclama orgullosa que la ley termina donde comienzan sus propios intereses. Posiblemente, la justicia no podrá ser honrada.

Actualización del Comité ad hoc por la Justicia para Iraq:

En octubre de 2009, introdujimos en Madrid -en nombre de víctimas iraquíes- un caso legal contra 4 presidentes de EEUU y 4 primeros ministros británicos por crímenes en Iraq, invocando las leyes de jurisdicción universal para crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Nuestro caso abarca 19 años, incluyendo los 13 años de sanciones [económicas contra Iraq] que demostraron tener un impacto abrumadoramente destructivo en la salud pública iraquí, y el lanzamiento de una guerra de agresión ilegal contra Iraq basada en falsificación deliberada y esfuerzos sistemáticos por ocultar los verdaderos objetivos de la guerra al público en general, en EEUU, el Reino Unido y otras partes. Las sanciones provocaron un exceso en las tasas de mortalidad que se estima incidió en la muerte de 1,5 millones de iraquíes, incluyendo 500.000 niños menores de cinco años. Hasta la fecha, las estimaciones de muertes violentas entre los iraquíes post-2003 ascienden a 1,2 millones. Dentro y fuera del país, han convertido en desplazados a unos cinco millones de iraquíes, un quinto del toda la población.

A pesar de la enormidad de los crímenes, la visibilidad de los acusados y de una campaña de prensa completa sobre el caso, la presentación del juicio consiguió publicidad cero en los principales medios de habla inglesa. En España fue reportado una sola vez, marginalmente. Solamente los medios alternativos acogieron nuestros comunicados de prensa, y únicamente oyeron hablar del caso quienes escuchan o leen los medios alternativos. Supuestamente por las críticas, la gran prensa continuó propagando la mentira de que fue una equivocación el saqueo dirigido en Iraq por EEUU. Pero no fue una equivocación. EEUU no vagaba ciego en un pantano. Nuestro caso demuestra la sincronización de los crímenes cometidos, incluyendo la destrucción de la infraestructura civil, bombardeo y uso indistinto de uranio empobrecido, promoción del sectarismo [religioso] y de la corrupción, destrucción de las instituciones del Estado, urbicidio [destrucción de ciudades], pillaje, promoción de la tortura, todo conducente -y en incremento combinado- a la destrucción deliberada del Estado y la nación Iraq. El fin en sí fue el desastre humanitario que es el Iraq actual. Esto es lo que no pueden decir y no cubren los grandes medios principales.

Cuando introdujimos nuestra causa legal sabíamos que la presión pública sería instrumental. Basado en años de investigación y análisis, nuestro caso fue presentado un día antes que el senado español votara -bajo presión externa- la reducción radical del ejercicio de la jurisdicción universal en España. El silencio de los grandes medios seguramente contribuyó al resultado. La nueva ley, impuesta retroactivamente, condujo al cierre de nuestro caso y de otros. La ventana se cerró, virtualmente sin comentarios, considerando que las cortes españolas estuvieron abiertas a oír agravios contra los derechos humanos para aquellos imposibilitados de conseguir justicia en sus propios países, o por otros medios, y atendiendo a que España había tomado un rol principal en los esfuerzos por terminar con la impunidad en los asuntos internacionales. En términos reales, nuestro caso fue censurado. Pero no sólo fue censurado nuestro caso: se censuró a Iraq.

¿Cuán importante es este fracaso de los grandes medios principales? La guerra en Iraq no sólo fue un ataque contra un país soberano. Fue un ataque frontal contra el derecho internacional. Si la destrucción de Iraq queda inexplicable, aquello que le sucedió a Iraq puede ocurrir dondequiera. Aún así, seguimos empeñados en el trabajo por el procesamiento de los crímenes de EEUU y del Reino Unido en Iraq. Mientras que España fue la ruta más clara para exigir el derecho a reparación, pueden abrirse nuevos caminos. Justamente buscamos aliados para este trabajo. Estamos listos para apoyar iniciativas similares tomadas por otros. (Véase www.USgenocide.org).

Referencias:

1) Center for Constitutional Rights, «CCR Seeks to Intervene in Spanish Court’s Investigations into Bush Administration’s Torture Program», CCR, April 27, 2010.

Fuentes: – Glen Ford, «Four U.S. Presidents and Four UK Prime Ministers Charged With Genocide,» Black Agenda Report, October 13, 2009, http://www.blackagendareport.com/?q=content/four-us-presidents-and-four-uk-prime-ministers-charged-genocide – «Justice for Iraq: Legal case filed U.S. Presidents and UK Prime Ministers,» The Brussels Tribune, October 7, 2009, http://axisoflogic.com/artman/publish/printer_57154.shtml