La multinacional del agronegocios intentó nuevamente avanzar en la construcción de su planta de semillas transgénicas. Está frenada desde hace tres años por el rechazo de la población y la movilización de asambleas socioambientales, organizaciones sociales y activistas. La mayor compañía de transgénicos del mundo nunca imaginó que Malvinas Argentinas, la pequeña localidad del centro […]
La multinacional del agronegocios intentó nuevamente avanzar en la construcción de su planta de semillas transgénicas. Está frenada desde hace tres años por el rechazo de la población y la movilización de asambleas socioambientales, organizaciones sociales y activistas.
La mayor compañía de transgénicos del mundo nunca imaginó que Malvinas Argentinas, la pequeña localidad del centro geográfico de Argentina, sería el lugar de uno de sus mayores traspiés. Allí anunció la construcción de su megaplanta de maíz, pero nunca pudo concretarla. Movilizaciones de rechazo, irregularidades en el estudio de impacto ambiental, un acampe en el portón de ingreso y un fallo judicial frenaron la obra hace más de tres años. La última estocada: la multinacional intentó volver a ingresar al predio, pero asambleas socioambientales reforzaron el bloqueo a la planta y una fiscal frenó el desalojo.
El viernes hubo marchas simultáneas en ciudades de Argentina. La consigna se repite: «Fuera Monsanto de Latinoamérica».
30 de diciembre
La orden judicial era clara. Daba 24 horas para liberar el camino y permitir el ingreso de personas y maquinarias en el predio de treinta hectáreas que posee Monsanto. «Notificar a los manifestantes que dentro de las 24 horas de notificado el presente proveído deberán permitir la libre circulación e ingreso de personas y cosas en el predio de la empresa Monsanto, debiendo remover todo obstáculo que lo impida, bajo apercibimiento de las responsabilidades penales. Vencido dicho termino, no habiéndose cumplimentado la presente orden, se procederá a la remoción por la fuerza pública», advirtió el escrito del fiscal Víctor Hugo Chiappero. Era el último día hábil (30 de diciembre) e inicio de la feria judicial (durante enero funciona con guardias mínimas y sin activar apelaciones). La medida había sido solicitada por Ignacio Soria, abogado de Monsanto.
La reacción fue inmediata. Redes sociales, radios comunitarias, medios de comunicación alternativos difundieron la noticia y las organizaciones sociales llamaron a congregarse al acampe (que ya lleva tres años), a la vera de la ruta 88, en el portón de ingreso al predio la compañía.
El mismo 30 de diciembre, en asamblea general, surgió el primer comunicado. Detallaron tres puntos. El amparo judicial del 8 de enero de 2014, emitido por la Cámara II de la provincia de Córdoba, declaró inconstitucional la ordenanza que permitió la instalación de Monsanto. También recordaron que la Secretaría de Ambiente rechazó el Estudio de Impacto Ambiental de la compañía por graves inconsistencias en su contenido. Y, tercer punto, remarcaron la vigencia del artículo 20 de la Ley Provincial de Convivencia Ambiental (N° 10.208, aprobada en 2014), que especifica que ninguna empresa a la que se le haya rechazado el estudio de impacto ambiental puede presentarlo nuevamente.
«Nos sobran argumentos para decir que la instalación de Monsanto es ilegal. Hace más de un año que debiera haberse retirado de esta localidad», afirmó el comunicado, firmado por la Asamblea de Autoconvocados del Bloqueo y por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida-Línea Fundadora.
Señalaron que la orden judicial se trataba de «una clara jugada política» y responsabilizaron a los tres niveles de gobierno. A la intendenta, Silvina González (UCR); al gobernador, Juan Schiaretti (Partido Justicialista) y al presidente, Mauricio Macri (PRO). Reiteraron su rechazo a la compañía y llamaron a una convocatoria masiva para resistir el intento de desalojo.
El 31 de diciembre realizaron un conferencia de prensa y ratificaron que no dejarían pasar a la empresa.
El mismo día, el abogado de los activistas Darío Ávila presentó un pedido de nulidad a la orden del fiscal Chiappero. «Es una gran contradicción lo que hizo el fiscal. Está vigente un fallo, de de la Cámara Laboral, que dispone que la Municipalidad no puede autorizar ningún tipo de ejecución de obra hasta tanto Monsanto no presente un nuevo estudio de impacto ambiental», explicó Ávila.
Sin embargo, el juez Roberto Cornejo, desestimó el pedido y dio luz verde al pedido de avanzar sobre el bloqueo a Monsanto.
Lucas Vaca, de la Asamblea de Vecinos de Malvinas Argentinas, señaló que estaban en «alerta roja» a la espera de la policía. «No entienden que no queremos dinero, sólo queremos que Monsanto se vaya de nuestra tierra. Estas empresas nos envenenan y matan. Que se vayan», resumió.
Eduardo Quispe, también vecino de la localidad, explicó que reforzaron las guardias y que estaban convocando a más vecinos y organizaciones de Córdoba y otras provincias de Argentinas. Vanina Barboza Vaca, una de las iniciadoras de la Asamblea, sinceró que estaba con una mezcla de miedo, enojo e indignación. Sabe que estos intentos de la empresa no son casualidad, y lo vincula a la coyuntura política: «Con este Gobierno dimos muchos pasos atrás, va a estar muy complicado, pero seguiremos en la lucha».
El 4 de enero hicieron un corte parcial de la ruta (sobre media calzada) e informaron a vecinos y automovilistas la situación. Declararon el «alerta permanente» ante la posible represión y convocaron a la marcha del viernes 8 de enero, en la capital provincial.
Cuatro años
Los vecinos de Malvinas Argentinas se enteraron en 2012 por televisión, mediante el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la mayor empresa del agronegocios del mundo había decidido instalar una megaplanta de semillas de maíz transgénico en su localidad (a catorce kilómetros de la capital de Córdoba). Se trataba de un predio de 30 hectáreas, donde instalaría 240 enormes silos.
Comenzó un proceso inédito para el lugar: asambleas masivas, movilizaciones, pedidos de explicaciones. Los principales reclamos eran dos: acceder al estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decida. La respuesta empresaria y gubernamental fueron media docena de represiones.
Entre 2012 y 2013, t res universidades nacional (de Córdoba, Río Cuarto y Católi ca) cuestionaron la instalación de Monsanto. Denunciaron el permiso de la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas. Las tres universidades nacionales explicitaron la vigencia del «principio precautorio» (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).
El 19 de septiembre de 2013 se organizó el festival «Primavera sin Monsanto». Anunciado como un espacio de música, encuentro y breves discursos. Fue también el momento elegido por la Asamblea para bloquear por tiempo indeterminado el portón de ingreso al predio. Sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra (sindicato de los trabajadores de la construcción).
El 8 enero de 2014, la Sala II de la Cámara Laboral detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas emitidas por la Municipalidad y la Provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. El 10 de febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían las toneladas de desechos ni el gran consumo de agua.
La discusión sobre Monsanto potenció denuncia s sobre el uso masivo de agroquímicos, desmontes, sequías y especulación inmobiliaria. En la vecina localidad de Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la Universidad (UNRC) motivaron los cuestionamientos a la empresa. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.
Otra consecuencia: l a multinacional Syngenta reconoció en 2015 que canceló su proyectada planta de semillas transgénicas en Villa María (otra localidad de la provincia de Córdoba) «para evitar un nuevo foco de conflicto». Lo vinculó directamente a lo sucedido en Malvinas Argentinas. Para las asambleas socioambientales fue celebrado como un triunfo de la lucha.
Monsanto no emitió opinión sobre los hechos de la última semana. Sí en reiteradas oportunidades llamó «violentos» a los vecinos, en 2015 removió a toda su cúpula gerencial en Argentina y dejó trascender que, ya pasadas las elecciones, planea construir su planta en 2016.
Vida
La fiscal de feria Adriana Abad suspendió el 6 de enero la orden de desalojo contra los asambleístas en el bloqueo contra Monsanto. De esta manera dejó sin efecto el pedido de su colega Víctor Chiappero (que se encuentra de vacaciones). La fiscal Abad señaló que no había motivos para permitir un desalojo, aunque Chiappero podrá ratificar la medida cuando se reincorpore en febrero.
El viernes 8 se cumplieron dos años del fallo judicial que frenó la instalación de Monsanto. Fue el día elegido por asambleas, organizaciones sociales, activistas y partidos de izquierda para marchar de manera simultánea en tres ciudades de Argentina (Córdoba, Buenos Aires y Rosario).
Nora Cortiñas, refere nte en la lucha por los derechos humanos y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezaba la marcha en Buenos Aires. Una extensa bandera exigía «fuera Monsanto» y la pequeña pancarta de Nora Cortiñas era un llamado a la acción: «Sí a la vida, no a los agrotóxicos».
Publicado en Telesur el 20 de enero de 2016: http://www.telesurtv.net/english/opinion/-Argentine-Social-Movements-Strike-Back-Against-Monsanto-20160120-0015.html