La administración Obama distribuye miles de millones de dólares como estímulo monetario para algunos de los más grandes contaminadores de Estados Unidos y les concede exenciones ante abusos ambientales básicos. En palabras de Steven Chu, secretario de Energía, el objetivo principal de la administración es «obtener el dinero y gastarlo lo más rápidamente posible», para […]
La administración Obama distribuye miles de millones de dólares como estímulo monetario para algunos de los más grandes contaminadores de Estados Unidos y les concede exenciones ante abusos ambientales básicos. En palabras de Steven Chu, secretario de Energía, el objetivo principal de la administración es «obtener el dinero y gastarlo lo más rápidamente posible», para «impulsar la economía y crear puestos de trabajo para los desempleados». Esta información fue difundida por Kristen Lombardi y John Solomon en Iwatchnews.org, del Centro por la Integridad Pública (The Center for Public Integrity) y calificada por Proyecto Censurado 2012 como la 15ª historia periodística más ocultada por los grandes medios.
El gobierno concedió más de 179.000 «exclusiones categóricas» para estimular proyectos financiados por agencias federales, sin la obligación de someterlos a la revisión dispuesta por la Ley de Políticas Nacionales Medioambientales (NEPA, por su sigla en inglés). Los beneficiarios, entre otros lucrativas compañías energéticas dedicadas a quemar carbón, como Westar Energy y Duke Energy, el manufacturador químico Du Pont y el fabricante de etanol Didion Milling, tienen el mayor historial de serias violaciones ambientales, pero ahora se han ganado las exenciones combinadas de la NEPA.
La exclusión del control ambiental favorece un proyecto de la British Petroleum (BP), que ostenta el record mundial de inseguridad en la industria petrolera, con el gigantesco derrame de 2010 en una plataforma submarina en Estados Unidos y la peor explosión mortal en 2005, así como un escape de benceno a principios de este año. La exención también libera de control a la fase preliminar de un experimento de captura de carbón a dos compañías que levantarán un proyecto con severos reparos medioambientales que ordinariamente no habría recibido conformidad. El llamado financiamiento de «estímulo» de hasta 787.000 millones de dólares, conocido oficialmente como Ley de Recuperación y Reinversión Americana», fue aprobado en febrero de 2009.
Documentos obtenidos por el Centro para la Integridad Pública demuestran que el gobierno de Obama ideó un proceso rápido de revisión para determinar si los proyectos de los favorecidos por el estímulo plantean riesgo de daño ambiental, privilegiando informes entregados de manera voluntaria por las propias compañías beneficiadas. Los contaminadores corporativos a menudo omiten los riesgos de sus aplicaciones para la salud, seguridad y, menos, las violaciones ambientales. De hecho, los funcionarios de la administración dijeron al Centro que optaron por ignorar los expedientes ambientales de las compañías, que consideraron información inútil, de conformidad con la exención del alcance de la NEPA establecida por los estímulos concedidos.
Traición a los aliados ambientalistas
Los documentos obtenidos por el Centro muestran que algunos contaminadores reportaron que sus proyectos podrían causar «riesgos ambientales desconocidos» o traerían «efectos adversos» sobre recursos sensibles. Otros reconocieron que producirían peligrosos contaminantes de aire o metales tóxicos. Y algunos obtuvieron el dinero del estímulo apenas unas semanas después de establecerse casos importantes de contaminación. Con todo, consiguieron exenciones completas de análisis ambientales.
Este acercamiento de la administración Obama a los beneficiarios de los proyectos de estímulo lo aleja de sus aliados usuales en el movimiento verde. Algunos abogados ambientales dijeron al Centro que las metas de crear una economía de energía limpia y más trabajos no sobrepasan los riesgos de entregar el dinero y la supervisión a los más repetidos violadores de las leyes anticontaminación.
«¿Por qué traen a alguien que es un actor conocido, le dan dinero del gobierno y una exclusión ambiental categórica para sus proyectos?», preguntó David Pettit, abogado del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, especializado en litigar casos bajo la ley NEPA.
Los funcionarios de alto nivel de la administración y los empleados de carrera que concedieron las llamadas «exclusiones categóricas» de la NEPA defendieron sus decisiones. Alegaron que estas exenciones eran esenciales para acelerar más de 30.000 millones de dólares en proyectos de energía limpia financiados con el estímulo y asignados por el ministerio de Energía, que ya habrían creado 35.000 empleos. Observan que el ministerio otorga con frecuencia exenciones de la NEPA a proyectos de toda clase. Y a largo plazo, dijeron, las actividades eximidas bajo el estímulo servirán para impulsar la eficiencia energética y reducir la contaminación.
«Lo que estamos haciendo está proporcionando financiamiento federal al aumento del rendimiento energético e incrementa el uso de energía limpia», aseguró Scott Blake Harris, director jurídico del ministerio de Energía, que tiene la última responsabilidad en sus decisiones NEPA. «Pienso que se envía un buen mensaje a todo el público estadounidense, independientemente de si hay compañías que han decidido hacer ambientalmente bien las cosas después de hacer malas cosas».
Fuentes:
– «Big Polluters Freed from Environmental Oversight by Stimulus,» Kristen Lombardi and John Solomon, The Center for Public Integrity, November 28, 2010. http://www.publicintegrity.
– Proyecto Censurado: http://www.
Student Researcher: Courtney Rider, Sonoma State University
Faculty Evaluator: Keith Gouveia, Sonoma State University
Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno
Fuente imagen: Bruno Monginoux / www.Landscape-Photo.net (cc-by-nc-nd)