El cronista televisivo Rolando Santiz se dirigía el 1 de abril al centro de la capital de Guatemala junto a un camarógrafo cuando una motocicleta con dos personas se acercó a su vehículo. Una ráfaga de balas acabó con su vida. Su compañero sobrevivió de milagro. Santiz fue el primero de los dos periodistas asesinados […]
El cronista televisivo Rolando Santiz se dirigía el 1 de abril al centro de la capital de Guatemala junto a un camarógrafo cuando una motocicleta con dos personas se acercó a su vehículo. Una ráfaga de balas acabó con su vida. Su compañero sobrevivió de milagro.
Santiz fue el primero de los dos periodistas asesinados en Guatemala este año. El reportero Marco Antonio Estrada Orla corrió esa suerte el 6 de este mes, mientras trabajaba en el municipio de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigen el esclarecimiento de los casos y el castigo de los responsables, pero poco se sabe sobre el avance de las investigaciones.
En 2008 fueron cuatro los periodistas asesinados, según la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también constató 68 violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales cometidas contra trabajadores de la prensa, el doble que en 2007.
Entre estas violaciones figuran amenazas de muerte, agresiones, actos de discriminación y limitaciones al libre acceso a la información.
«Definitivamente, hacer periodismo en Guatemala es muy riesgoso», dijo a IPS María Teresa López Lima, corresponsal de la radiodifusora Emisoras Unidas en el central departamento de Sacatepéquez.
López sufrió ataques en carne propia. «He recibido amenazas. Incluso la otra vez me patearon y me robaron mi equipo», recordó. En su opinión, muchas de estas acciones responden al desconocimiento de la función social de los periodistas.
El ejercicio del periodismo es aun más delicado fuera de la capital, pues los comunicadores son conocidos por la mayoría de la población de las localidades en las que se desempeñan. «Eso nos hace más vulnerables y más expuestos. Todo mundo nos conoce y sabe lo que hacemos», dijo López.
El riesgo lleva muchas veces a los periodistas a la autocensura. «Debemos tomar ciertas medidas o limitar alguna información para proteger nuestras vidas», dijo a IPS Sandra Escobar, corresponsal del diario Prensa Libre en el municipio de Coatepeque, cerca de la frontera con México.
Para Erick Salazar, subdirector del noticiero Guatevisión, el trabajo es siempre delicado. Pero, sostuvo, los periodistas del interior del país se ven sometidos a poderes económicos y políticos de sus localidades. También, y principalmente, al poder del crimen organizado.
Salazar consideró «preocupante» la penetración de narcotraficantes mexicanos en Guatemala, la cual «hace que los periodistas estén más expuestos y más amenazados en su labor diaria», explicó.
«Quien se siente amenazado y quiere protegerse recurre a la autocensura. Algún atrevido que publica la información se convierte fácilmente en víctima de la violencia», afirmó el subdirector de Guatevisión, noticiero que se transmite en un canal de televisión para abonados.
La impunidad de los delitos contra periodistas contribuye a que esta situación continúe, opinó Salazar. La Fiscalía de Delitos contra Periodistas recibió 36 denuncias en 2008 y apenas logró presentar acusación en un solo caso, lo cual deja en evidencia las fallas del sistema de justicia.
Los medios de comunicación y sus profesionales no son los únicos afectados, señaló. «Todas las personas son víctimas de la violencia y sufren las mismas situaciones y la justicia tampoco les llega», aclaró Salazar
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y director del diario Prensa Libre, dijo a IPS que la organización está muy preocupada por el asesinato de periodistas tanto en Guatemala como en el resto de América Latina.
«No hemos visto avances en las investigaciones en Guatemala. Demandamos su esclarecimiento. Se debe dinamizar y fortalecer la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas. Nos preocupa que se trate de intimidar a la prensa para acallarla, porque esto provoca autocensura», manifestó.
Marroquín explicó que en América Latina existen varios niveles de preocupación ante las amenazas contra la libertad de prensa. «Los más altos los tiene México por el narcotráfico, los de Cuba por la negación absoluta a la libertad y los de Venezuela por el acoso constante a los medios», indicó.
«Luego vienen otros parecidos a Venezuela, como Ecuador y Bolivia, y en un tercer nivel podría aparecer Guatemala», dijo.
Para Walter Juárez Estrada, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, los crímenes contra los profesionales de la prensa también son responsabilidad de los empresarios del sector.
«La libertad de prensa nunca ha sido absoluta, pero ellos (los empresarios) ponen en la boca del lobo a los periodistas, los obligan a firmar las notas y ellos no hacen nada», dijo Juárez Estrada a IPS.
Además, añadió, las autoridades de gobierno suelen lamentarse ante estos crímenes, pero no llegan a aclararlos, ni mucho menos a castigar a los responsables. Mientras, su asociación «exige que se investiguen estos asesinatos y se acabe la impunidad», señaló.
Guatemala ha dado pasos positivos a favor de la libertad de prensa, como la creación de la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas y Sindicalistas.
Otro órgano llamado Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos está en proceso de formación en la órbita del Ministerio de Gobernación.
También se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho a toda persona a contar con datos que están en manos del Estado. Pero existen desafíos pendientes.
Además de los continuos ataques a periodistas y profesionales de la comunicación, Guatemala tiene otros desafíos en materia de libertad de expresión, según Amerigo Incalcaterra, representante en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«El limitado acceso a los medios de comunicación y la concentración de éstos en pocas manos impiden el pleno disfrute de este derecho y, por ende, de la consolidación de un estado democrático», dijo Incalcaterra.