El Senado de México capituló a la presión de los poderosos consorcios Televisa y TV Azteca al aprobar una normativa sobre radio, televisión y telecomunicaciones que multiplicará el poder de esas firmas. Así lo consideraron algunos legisladores, observadores y portavoces de radios y televisión culturales y comunitarias, que junto a funcionarios del Estado y hasta […]
El Senado de México capituló a la presión de los poderosos consorcios Televisa y TV Azteca al aprobar una normativa sobre radio, televisión y telecomunicaciones que multiplicará el poder de esas firmas.
Así lo consideraron algunos legisladores, observadores y portavoces de radios y televisión culturales y comunitarias, que junto a funcionarios del Estado y hasta la Organización de las Naciones Unidas reclamaron a coro rechazar o modificar la iniciativa sancionada a una velocidad inusual.
Las normas pasaron el tamiz de la Cámara de Diputados en diciembre y el jueves el del Senado, en medio de las campañas hacia las elecciones presidenciales del 2 de julio.
En esa competencia electoral, Televisa y TV Azteca, que acaparan junto a otras pocas firmas las frecuencias del espectro electromagnético mexicano, se llevan casi todo el pastel de los contratos de la propaganda política y la publicidad.
Si el presidente Vicente Fox publica las nuevas reglas, lo que se da por descontado, quienes ya explotan las frecuencias podrán extenderlas a servicios digitales de todo tipo sin más trámite que dar aviso al gobierno. Pero los posibles nuevos competidores deberán participar en subastas para obtener un espacio electromagnético.
Los medios educativos que son patrocinados por el gobierno, municipios y universidades públicas, así como los independientes, surgidos de la sociedad, como las radios comunitarias, quedaron marginados de la normativa.
Las nuevas disposiciones, que reformaron una ley que data de más de cuatro décadas, crean un comité que estudiará los pedidos y vigilará las subastas (donde ganará el mejor postor), para ocupar nuevas frecuencias. Sus miembros serán nombrados por el presidente (en este caso Fox) y durarán ocho años en sus cargos.
En la ley anterior era el presidente el que otorgaba directamente las concesiones. En la nueva, el comité emitirá su opinión, pero finalmente será la Secretaría (ministerio) de Comunicaciones la que decidirá a quién se entregan las frecuencias.
«El Estado abdicó ante los poderes fácticos de la televisión, que ahora deben estar celebrando seguros de que a ellos y sus intereses nadie los para», dijo a IPS el experto en medios de comunicación Néstor Cortés.
En un hecho sin precedentes, durante todo el miércoles, las redes de radiodifusoras públicas transmitieron una sola canción intercalada de mensajes como: vivir en «un país sin pluralidad de medios de comunicación sería como escuchar la misma canción todo el día».
De forma previa, el lunes por la noche, horas antes de que la nueva normativa fuera aprobada inicialmente por mayoría en las comisiones del Senado, las dos televisoras principales de México incluyeron en sus noticieros un espacio editorial en el que defendieron las reformas y señalaron haber sido criticadas con mala fe, por fuerzas que defienden intereses oscuros.
Algunos de los legisladores que dieron batalla contra la aprobación de la norma, lo que desembocó en que su voz fuera vetada de los noticiarios de Televisa y TV Azteca, señalaron que no se quedaran con los brazos cruzados y que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Contra la norma, que se aprobó con la votación favorable de 81 senadores, 40 en contra y cuatro abstenciones, se pronunciaron incluso algunos funcionarios del Estado.
La independiente Comisión Federal de Competencia señaló que las reformas «no aseguran la eficacia de la prestación del servicio, ni evitan fenómenos de concentración en la asignación del espectro radioeléctrico».
Xóchitl Gálvez, la comisionada de los Pueblos Indígenas, instancia que depende del gobierno, dijo que el proyecto tenía muchas deficiencias, entre ellas el olvido de las radios indígenas y comunitarias.
El autónomo Instituto Federal Electoral (IFE), también la criticó.
La ley aprobada indica que los candidatos a cualquier elección podrán contratar directamente propaganda con los medios radiales y televisivos, lo que contradice la normativa electoral que señala que eso sólo pueden hacerlo los partidos políticos bajo la vigilancia del IFE.
A los cuestionamientos se sumó la oficina mexicana de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un comunicado, esa entidad reclamó a los legisladores mexicanos considerar que su país ha firmado varios acuerdos internacionales que se oponen a las prácticas monopólicas y otras que promueven el acceso «democrático» de todos los sectores sociales al espectro radioeléctrico.
Para Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, los legisladores dictaron una normativa «para favorecer a los menos con el criterio más antidemocrático que es el dinero».
Desde el Estado que es dueño por definición del espectro de frecuencias, el gobierno del presidente Fox mantuvo silencio sobre el proceso de aprobación de la normativa y los partidos políticos se dividieron internamente, pero por mayoría apoyaron el nuevo cuerpo legal.
Según dos legisladores consultados por IPS, las televisoras ejercieron presiones abiertas y veladas para que no se modifique nada el proyecto de ley, primero aprobado por los diputados y luego por los senadores.
Esas fuentes, que prefirieron que se no mencione sus nombres, indicaron que las televisoras amenazaron con trabar la propaganda de los candidatos presidenciales sino votaban a favor de la norma.
Se conoce, por fuentes de la prensa local, que en las oficinas jurídicas de Televisa se redactó parte de la nuevo cuerpo legal y que desde allí llegó a la Cámara de Diputados. Primero pasó sin debate en comisiones y llegó en diciembre a la sala del pleno donde se aprobó en apenas siete minutos con el voto unánime de los presentes y también sin discusión.
Ahora, muchos diputados se declaran arrepentidos y reconocen que la aprobaron sin leerla y siguiendo instrucciones de sus jefes de bancada.
Entre los candidatos a la presidencia, el izquierdista Andrés López Obrador, que es el mejor posicionado en las encuestas, pidió este martes posponer la aprobación de las normas, bautizadas por la prensa local como la «ley Televisa», para poder debatir su contenido con mayor profundidad.
«¿Cuál es la prisa?» en sacar esta norma, se preguntó el candidato del Partido de la Revolución Democrática, que entre diciembre y la víspera se negó a opinar sobre la normativa y nunca sugirió someterla a más debate.
El segundo en las encuestas, Felipe Calderón, del oficialista Partido Acción Nacional, y el tercero, Roberto Madrazo del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional, tampoco quisieron opinar sobre el contenido de la normativa y se limitaron a pedir a los legisladores votar «a conciencia» sobre el tema.
«Hay evidencia y varias coincidencias que nos indican que todos los partidos políticos y el gobierno agacharon su cabeza para dejar que pase la ley Televisa, lo que nos muestra que las televisoras tienen un poder que va más allá del Estado», sostuvo Cortés.