El Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA en inglés (North American Free Trade Agreement) inundó México con productos agrícolas baratos subvencionados por EEUU que desplazaron del campo a millones de agricultores mexicanos. Entre 2000 y 2005, México perdió 900.000 trabajos rurales y 700.000 trabajos industriales, con el resultado de una profundización del desempleo a […]
El Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA en inglés (North American Free Trade Agreement) inundó México con productos agrícolas baratos subvencionados por EEUU que desplazaron del campo a millones de agricultores mexicanos. Entre 2000 y 2005, México perdió 900.000 trabajos rurales y 700.000 trabajos industriales, con el resultado de una profundización del desempleo a través del país. La pobreza desesperada ha forzado a millones de trabajadores mexicanos a emigrar al norte para alimentar a sus familias.
El Frente Nacional Campesino estima que el NAFTA ha desplazado a dos millones de granjeros, en muchos casos a causa del aumento de las importaciones de EEUU. En 1994, el primer año del acuerdo, EEUU exportó a México 4,59 mil millones de dólares en productos agrícolas, según el ministerio de Agricultura. En 2006, la cifra había aumentado a 9,85 mil millones de dólares, es decir, un114% más. Solamente las exportaciones estadounidenses de maíz, el alimento primordial de México y la fuente más grande de empleo rural, se duplicaron a 2,5 mil millones de dólares en 2006.
La combinación del desempleo, el enorme boquete entre los salarios de EEUU y México y la demanda en EEUU de trabajo barato para competir en los mercados globales, ha creado la actual situación migratoria. La demanda de trabajo indocumentado en la economía de EEUU es estructural. No es justo que algunas compañías intenten cortar esquinas. Esos no son precisamente los trabajos que ‘los trabajadores de EEUU no tomarán’. Los emigrantes trabajan en casi todas las ocupaciones mal pagadas y son esenciales para la economía de EEUU en esta época de competencia global.
La industria de alimentos envasados proporciona un buen ejemplo. La industria de la alimentación de EEUU fue afectada por el rápido deterioro global de las condiciones de trabajo de las últimas décadas como resultado de la des-sindicalización, de la erosión de los salarios y de otros beneficios y el aumento de los peligros de seguridad y para la salud. La solución ha sido reemplazar a los trabajadores sindicalizados por emigrantes.
Aparte del empleo tradicional en la agricultura, ha surgido otro uso importante del trabajo migratorio con el advenimiento de la subcontratación. Esta práctica, que comenzó a principios de los años 80, ha contribuido a la des-sindicalización de la mano de obra. Es conveniente señalar que en los empleadores recae la responsabilidad directa por el estatus legal y el trato que reciben los trabajadores en sus empleos.
En la estela del 11 de septiembre, el Servicio de Aduana e Inmigración (ICE, su sigla en inglés) emprendió -a través de todo el país- invasiones de lugares de trabajo y de hogares en una redada ascendente de inmigrantes ‘ilegales’. El ICE justificó estas incursiones bajo la retórica de «mantener nuestra patria segura y prevenir el terrorismo». Sin embargo, la verdadera meta de estas acciones es interrumpir el flujo de la fuerza de trabajo inmigrante a EEUU y substituirla por un programa antisindical firmemente regulado del trabajador-huésped. Esta política es apoyada por las compañías que buscan a trabajadores fijos con bajos salarios a través de un grupo de lobbystas llamado Coalición Esencial de Trabajadores Inmigrantes (EWIC, su sigla en inglés). Los 52 miembros de la EWIC incluyen a la Cámara de Comercio de EEUU, Wal-Mart, Marriott, Tyson Foods, Instituto Americano de la Carne, Asociación de Contratistas del Paisaje de California y Asociación de Constructores y de Contratistas.
El ICE tiene ahora la Operación «Devuélvase al Remitente» (Operation Return to Sender), un programa supuestamente diseñado para apuntar a fugitivos extranjeros. El programa ha hecho redadas indiscriminadas de más de 13.000 inmigrantes indocumentados en las ciudades de EEUU.
Las organizaciones de derechos del inmigrante han observado que la enérgica medida del ICE ha conducido a serias violaciones de los derechos humanos. Las familias son separadas. Las audiencias son lentas y a menudo las familias no saben durante largos períodos de tiempo dónde se están manteniendo sus seres queridos. Un informe del 16 de enero del inspector general del ministerio de Seguridad de la Patria sobre las condiciones de vida en cinco centros de detención identificó la violación frecuente de los estándares federales de salud, atestamiento y violaciones de seguridad.
Las redadas e incursiones destacan la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes bajo la ley actual de EEUU. En 1986, el Congreso aprobó la Immigration Reform and Control Act, una ley que tipifica como crimen federal si un patrón emplea a un trabajador sin documentos válidos de inmigración. Mientras pocos patrones han sido sancionados en realidad, la ley convirtió en un crimen que los trabajadores indocumentados consiguieran un empleo. Ninguna ley actual ordena a los patrones afiliar a la Seguridad Social a los trabajadores que no estén de acuerdo. Pero el presidente Bush propuso una nueva regla administrativa, que permite a los patrones no afiliar a ninguno. La regulación nunca se ha publicado oficialmente, pero ya la aplican muchas compañías.
La represión y la agenda detrás de estas enérgicas medidas están alarmando a muchos sindicatos. En 1999, la federación sindical AFL-CIO (sigla de American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) llamó a derogar la sanción al patrón, reclamó también un programa generoso de legalización, mejores posibilidades para la reunificación de las familias y una aplicación de los derechos en los lugares de trabajo. La federación ya anunció su oposición a los nuevos programas de registro del trabajador-huésped. La organización de empleados de Servicios y las dos Federacions del Sector Textil estuvieron entre los primeros en apoyar esta posición. «Todavía llamamos a derogar las sanciones al patrón, igual que en el pasado», dijo Bruce Raynor, presidente de Unite Here. «Hay 12 millones de personas indocumentadas que viven aquí, quienes son importantes para la economía», aseguró. «Tienen derecho a buscar empleo y los patrones tienen derecho a emplearlos. La única manera de afrontar esto es dándo a los trabajadores sus derechos y una vía hacia la ciudadanía».
Las organizaciones «Which Side are you On?» (¿De qué lado está Ud?) y «Workers, not Guests» (Trabajadores, no huéspedes) expusieron de qué manera la ley de inmigración de EEUU comienza a transformarse en un mecanismo para proveer de mano de obra barata a algunas de las corporaciones más grandes del país. La ley de inmigración está creando una sociedad de dos niveles, donde a millones de personas se les niegan los derechos fundamentales y las ventajas sociales, porque esas corporaciones las reclutan para venir a EEUU condenadas a un estatus de segunda clase. Esos trabajadores huésped son la cara del aumento de la pobreza y la explotación, y su estatus está comenzando a utilizarse para aplicar presión en los salarios, beneficios y derechos en sus lugares de labor a todos los trabajadores.
‘Trabajadores, no huéspedes’ describe la manera en que la administración Bush utiliza incursiones contra la inmigración para atacar campañas y esfuerzos de organización sindical de los trabajadores inmigrantes para hacer cumplir sus derechos y las protecciones básicas en el lugar de trabajo. Además, la administración utiliza las incursiones para presionar al Congreso para que apruebe un nuevo programa, sumamente ampliado del trabajador huésped.
Ambos artículos describen cómo algunos grupos han abandonado su oposición histórica a los programas de contrato de trabajo. Por ejemplo, el Consejo Nacional de La Raza, el Foro Nacional de la Inmigración, y otras organizaciones religiosas y laborales han desarrollado una alianza política con algunas de las corporaciones más grandes del país, con el propósito de aprobar la nueva legislación del trabajador huésped. Esta legislación también incluye provisiones que harán mucho más ásperas y más extensas las futuras redadas contra la inmigración.
Desde nuestra publicación, la administración Bush y los senadores demócratas y republicanos ha anunciado las nuevas propuestas que van incluso más lejos. Eliminarían la capacidad de las familias inmigrantes de juntarse en EEUU e instituyen un sistema corporativo conducido por las empresas para proveer trabajo experto a las grandes compañías. Las incursiones y redadas llegarán a ser incluso más ásperas, con enormes centros de detención que están construyéndose en la frontera. Las propuestas legislativas permitirían que las corporaciones recluten unos 600.000 trabajadores huésped contratados al año.
La aplicación de la política de inmigración al embudo laboral de los patrones corporativos está creciendo, a la vez que el Congreso debate la nueva legislación comercial corporativa, incluyendo la renovación de la autorización al gobierno de negociación rápida (fast track) y cuatro nuevos acuerdos de libre comercio, con Corea del Sur, Perú, Panamá y Colombia. Estas legislaciones aumentarán el desplazamiento de trabajadores y de granjeros de otros países, enviando a muchos de ellos a la corriente migratoria a EEUU. Esta dislocación se está coordinando con las ofertas de inmigración del Congreso, que entonces canalizarían a trabajadores desplazados hacia las industrias donde su trabajo puede explotarse provechosamente, asegurándose de que solamente puedan permanecer en EEUU y en un estatus vulnerable a la explotación.
La gran prensa ha difundido muchos artículos sobre las propuestas y las incursiones. Sin embargo, hubo una muy pequeña cobertura sobre el trasfondo corporativo de los proyectos para la inmigración debatidos en el Congreso. Muchos reporteros describieron la legislación del trabajador huésped como ‘favorable al inmigrante’ y ‘a la izquierda’. Esto no se debe únicamente a un reporteo inexacto, sino que realmente es la cobertura de la dominación corporativa de la agenda de inmigración en el Congreso. Virtualmente, no hubo cobertura de la conexión entre la política comercial de EEUU y la política de la inmigración.
Para una información más exacta, los lectores pueden entrar en contacto con la Red Nacional para los Derechos del Inmigrante y del Refugiado, www.nnirr.org. Global Exchange organizó un periplo nacional de conferencias y discursos sobre política de comercio y de inmigración de David Bacon y de Juan Manuel Sandoval, principal crítico mexicano de la política de inmigración del NAFTA y de EEUU. Las presentaciones efectuadas durante ese viaje están disponibles en el website de Global Exchange: www.globalexchange.org.
Fuentes:
Truthout, January 27, 2007
Título: «Which Side Are You On?»
Autor: David Bacon
http://www.truthout.org/docs_2006/012907L.shtml
The Nation, February 6, 2007
Título: «Workers, Not Guests»
Autor: David Bacon
http://www.truthout.org/issues_06/020607LB.shtml
Foreign Policy in Focus, February 26, 2007
Título: «Migrants: Globalization’s Junk Mail?»
Autor: Laura Carlsen
http://www.fpif.org/fpiftxt/4022
Estudiante investigador: Fernanda Borras
Evaluador académico: Diana Grant, Ph.D.
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)