A mediados de mayo de 2011 el país fue sacudido por la masacre de 27 jornaleros en la finca Los Cocos, la Libertad, Petén, asesinados presuntamente por el grupo Z200, parte del cartel mexicano Los Zetas, un hecho sin precedentes en su historia reciente; una semana después de este macabro suceso mantas con advertencias a […]
A mediados de mayo de 2011 el país fue sacudido por la masacre de 27 jornaleros en la finca Los Cocos, la Libertad, Petén, asesinados presuntamente por el grupo Z200, parte del cartel mexicano Los Zetas, un hecho sin precedentes en su historia reciente; una semana después de este macabro suceso mantas con advertencias a la prensa fueron colocadas en cuatro departamentos del país, por integrantes de este grupo.
Esta fue la primera vez que en el país grupos del crimen organizado advirtieron de manera directa a los medios de comunicación para que cesaran la publicación de notas sobre la narcoactividad según el informe semestral del Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Guatemala, recién presentado por Cerigua en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Según el documento, el gobierno del presidente Álvaro Colom (2008-2012) podría finalizar con 24.233 muertes violentas y sería la administración que registra el número más elevados de delitos contra la vida luego de finalizado el conflicto armado interno en 1996.
La PDH refiere en un reciente informe presentado al Congreso sobre la situación de derechos humanos que «una de las más graves situaciones de la seguridad ciudadana en Guatemala es la criminalidad que se relaciona con el narcotráfico».
Lo incautado al narcotráfico de enero a junio 2011, más de 24.305 millones de quetzales en concepto de drogas, bienes y dinero, supera lo que el Estado guatemalteco requiere durante un año para cubrir los gastos de la inversión de los ministerios del Organismo Ejecutivo.
La situación político-social del país, con 7.5 millones de personas viviendo en situación de pobreza, de las cuales 2.2 millones están en extrema pobreza, también provoca conflictividad social que en ocasiones repercute en el trabajo periodístico.
En el primer semestre de 2011, el Observatorio de Periodistas recogió 15 casos de agresiones contra periodistas en todo el país; la mayor parte de las agresiones fueron amenazas, verbales, físicas y de muertes y provinieron de funcionarios y políticos que buscaban un puesto en el gobierno en las elecciones generales de 2011.
Hasta septiembre las agresiones se incrementaron a 20 y únicamente se reportó una amenaza proveniente de grupos del crimen organizado pese a la gran penetración que los grupos paralelos tienen en el país; en el 2010 se registraron dos amenazas de estos grupos contra la prensa.
El Observatorio considera que esta situación se debe a que en los departamentos con mayor presencia de estos grupos hay implantada una autocensura como forma de preservar la vida y la seguridad de los y las periodistas y una censura que deviene de actores, que en última instancia son los censores de la libertad de expresión.
De acuerdo con un monitoreo de medios realizado por el Observatorio, departamentos como Escuintla, en donde se sabe operan estos grupos, apenas si publicaron 10 notas sobre hechos relacionados con la narcoactividad; el departamento de Quiché, fronterizo con México, apenas reporta 3 notas de este fenómeno.
Seis departamentos, Petén, Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, Zacapa y San Marcos, se ubican entre los que más publican notas sobre la narcoactividad por lo tanto se consideran de «alto riesgo» para la prensa; Petén y Alta Verapaz estuvieron bajo Estado de Sitio por dos meses debido a la presencia de estos grupos criminales.
Según el estudio, de parte del Estado existe incapacidad de impulsar una política de seguridad democrática, lo que estimula la presencia delincuencial sobre todo por la debilidad del sistema de justicia que ha sido permanentemente señalado por la falta de aplicación de una justicia pronta y cumplida.
En respuesta a la violencia que vive la región centroamericana, que tiene la mayor tasa de homicidios en el mundo, según la ONU, con 29.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, solo superada por la región sudafricana, los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) realizaron el 22 y 23 de junio de 2011 la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.
El objetivo de la conferencia era solicitar apoyo político, técnico y financiero de la comunidad internacional para atender los problemas de violencia, narcoactividad y crimen organizado que afecta a Centroamérica.
Ante este panorama el Observatorio de los Periodistas de Cerigua recomienda al gremio la adopción de protocolos y medidas de seguridad básicas, la denuncia de las violaciones a la libertad de expresión ante las entidades de derechos humanos, autoridades y organización de protección y la unidad del gremio, así como la realización del trabajo periodístico con ética y responsabilidad.
El informe del Observatorio fue recién presentado a la prensa por la directora de Cerigua, Ileana Alamilla y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales.
Fuente original: http://www.argenpress.info/2011/09/prensa-violencia-y-libertad-de.html