Diego Pastrana fue condenado en la plaza pública antes de que pudiera defenderse. El joven de 24 años fue detenido en España como supuesto autor de la muerte y violación de un bebé de tres años, la hija de su compañera sentimental. Un informe médico que luego resultó ser erróneo le hacía responsable del fallecimiento […]
Diego Pastrana fue condenado en la plaza pública antes de que pudiera defenderse. El joven de 24 años fue detenido en España como supuesto autor de la muerte y violación de un bebé de tres años, la hija de su compañera sentimental. Un informe médico que luego resultó ser erróneo le hacía responsable del fallecimiento de la pequeña, de las contusiones que tenía en su cuerpo y de ciertas marcas en su piel.
Durante los interrogatorios policiales defendió su inocencia, pero los agentes que le tomaban declaración no le dieron ninguna credibilidad, «le trataron como a un perro» y le advirtieron de la larga condena que le iba a caer por el grave delito que le atribuían, según los familiares y el abogado del joven. El informe médico y la acusación contra Diego fueron filtradas a los medios.
Cuando horas más tarde fue trasladado a los juzgados, ya había cámaras de televisión esperando para grabarle y vecinos de la mencionada localidad prestos a llamarle «sinvergüenza», «bandido» y otras lindezas. Ante el juez, reiteró su inocencia y solicitó un informe del forense para demostrarlo. Mientras tanto, su compañera, que acababa de perder a su hija, le defendía como una persona ejemplar ante los pocos periodistas que le hacían preguntas.
Sin embargo, la fotografía de Diego, el rostro de un hombre abatido y destrozado, ya se había extendido como la pólvora por los medios digitales y los noticieros de televisión. También su nombre y su apellido, a pesar de que la deontología periodística y los libros de estilo dicen que sólo se deben publicar las iniciales de una persona hasta que sea condenada por un tribunal.
A la mañana siguiente, su rostro aparecía en la portada de diarios nacionales y regionales junto a titulares que lo calificaban como «asesino» o «monstruo», sin ‘presuntos’ ni ‘supuestos’ al lado.
Pasadas unas horas, la autopsia del forense revelaba que la niña había fallecido como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico que se había producido días antes al caerse de un tobogán y que las marcas que había en su cuerpo eran fruto de una reacción alérgica a una pomada. Diego era absuelto por las autoridades judiciales ese mismo día, pero ya se había convertido en la última víctima de la ‘pena del telediario’, una condena psicológica difícil de borrar.
Su caso deja en evidencia la falta de rigor informativo y la voracidad por la imagen de algunos medios, una enraizada falta de respeto por la presunción de inocencia en la sociedad y la ausencia de un protocolo policial que garantice sin tapujos la protección de la imagen e identidad de los detenidos.
El reglamento deja en manos del agente que realiza la detención la forma en la que los supuestos autores de un delito son trasladados a las dependencias judiciales. Diego podría haber bajado del coche policía en el garaje del juzgado, y no en la puerta, con lo que se hubiese evitado la reproducción de su imagen y la consecuente vulneración a su derecho al honor y a la intimidad personal.
También se habría evitado si los medios hubiesen actuado con mayor profesionalidad, conforme marcan los cánones de la profesión. Los responsables de algunos de los diarios que fueron más crueles con Diego se escudaron en que su fuente (el informe de los médicos) les había «traicionado» y justificaron la publicación de su foto, su nombre y apellidos en el interés informativo de una «noticia» de tales dimensiones.
No sólo es cuestión de limitar el acceso de los medios a la imagen de los detenidos, sino de respetar la inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés. El caso de Diego no debe llamar la atención sólo porque no fuese responsable de los delitos que se le atribuían. Debe instarnos a respetar la inocencia de cualquiera hasta que se produzca el fallo judicial. Médicos, policías, periodistas y jueces cometemos errores, especialmente graves cuando se juega con el honor y el futuro de una persona. Mantener el sentido común y la responsabilidad por encima de sospechas y sentimientos viscerales es tarea de todos. ¿O acaso hemos olvidado ya aquellos tiempos en que las hogueras ardían con los cuerpos de «presuntas» brujas?
Fuente original: http://alainet.org/active/35184&lang=es