El nombramiento de Carmen Cafarell como nueva directora general del Ente público Radio Televisión Española no supone, en principio, ningún cambio sobre los que se han hecho antes e incluso en distintos regímenes políticos desde la creación de la televisión pública estatal en 1956:siempre lo ha decidido el Gobierno y así ha sido ahora. La […]
El nombramiento de Carmen Cafarell como nueva directora general del Ente público Radio Televisión Española no supone, en principio, ningún cambio sobre los que se han hecho antes e incluso en distintos regímenes políticos desde la creación de la televisión pública estatal en 1956:
siempre lo ha decidido el Gobierno y así ha sido ahora. La diferencia esta vez estriba en que simultáneamente se ha creado el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, encargado de elaborar en nueve meses un informe vinculante para el Ejecutivo que luego tendrá su ulterior traducción en las disposiciones normativas que permitan hacer efectivo su contenido.
Los seis miembros, de reconocida auctoritas , como reza su nombramiento en el BOE, de este Consejo presidido por Emilio Lledó Iñigo e integrado además por Fernando Fernández Savater, Victoria Cámps i Cervera, Enrique Bustamante Garrido y Fernando González Urbaneja, tienen que «elaborar un informe sobre el régimen jurídico, incluido el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de los medios de comunicación de titularidad estatal». Y «todo ello con el fin de impedir los controles políticos externos y para que puedan desempeñar con profesionalidad e independencia los cometidos que les corresponden en una sociedad democrática avanzada, garantizando así la veracidad de la información, la libertad de opinión, la difusión del pluralismo cultural y la participación política de los ciudadanos».
La tarea no es difícil, basta con aplicar el sentido común, estudiar el derecho comparado y no dejarles que practiquen la competencia desleal contra los privados. La clave estará en la voluntad política de Zapatero de llevar adelante la propuesta y en convencer a los grupos parlamentarios para que la ley se apruebe por unanimidad y se aplique a todos los medios públicos, sean estos de titularidad estatal, autonómica, provincial o local. En un sistema político como el nuestro, en el que las diecisiete comunidades autónomas tienen las mismas competencias que el Gobierno central para crear y decidir el funcionamiento de medios públicos de comunicación en su ámbito territorial, no bastará con que el Gobierno central se desarme unilateralmente y decida que los medios de titularidad estatal sean de verdad públicos y dejen de pertenecer al gobierno de turno, será necesario que todos los demás hagan lo mismo. Aquí radica el auténtico reto para Zapatero, en convencer a todos los partidos, incluido el suyo, de que los medios de comunicación públicos no son instrumentos al servicio de los políticos sino de los ciudadanos y por tanto neutrales y capaces de satisfacer todos los gustos y todos los colectivos. En España no hay precedentes de que estos medios no vayan contra nadie, y sí tradición de todo lo contrario: de que se empleen contra la oposición. Como en el Reino Unido, cabe pedir que los problemas, si los tienen, los tengan sólo con el Gobierno.