El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, modificó el marco legal provincial, adhirió el RIGI y espera abrir el paso a la megaminería con el Proyecto Calcatreu. Con operaciones mediáticas y promesas laborales, la aprobación avanza sin escuchar las voces de comunidades mapuche, pobladores y productores locales que advierten sobre la contaminación, la crisis hídrica y el modelo de producción local.
“La mayoría de quienes estamos acá somos hijas e hijos de productores y productoras ganaderos, nos hemos criado viendo los cerros. Entonces, nos da impotencia y tristeza que el mismo Estado que dejó a nuestra gente reducida a los pedregales, ahora quiera venir por ese territorio porque tiene ‘recursos’, como ellos le dicen. Para nosotras y nosotros no son recursos, son la vida que tienen esa mahuida (montaña).” Las palabras son de Fernanda Neculman, werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, en respuesta a las operaciones mediáticas con las que el gobierno provincial de Alberto Weretilneck quiere mostrar licencia social para la instalación del proyecto Calcatreu, una mina de oro y plata ubicada en la localidad homónima a 60 kilómetros de Ingeniero Jacobacci. Un organismo provincial ya aprobó la «viabilidad» y el 30 de agosto se realizará una audiencia pública. Comunidades mapuches y organizaciones socioambientales de la zona resisten y explican: “No hay minería metalífera que pueda ser sustentable”.
El régimen Weretilneck para la megaminería
El avance de la megaminería en Río Negro no es nuevo ni nació con el Regimen de Incentivo para la Grandes Inversiones (RIGI), al que la provincia fue la primera en adherir el 12 de julio pasado, aunque el clima de época ayuda para darle un nuevo impulso. En diciembre de 2011, la Legislatura provincial derogó la Ley 3981, que prohibía el uso de cianuro y mercurio en proceso de explotación de minerales metalíferos, conocida como «Ley Anticianuro».
La nueva normativa, que lleva el número 4738, fue una propuesta del entonces gobernador Carlos Soria, histórico dirigente peronista, quien había asumido el 10 de diciembre de ese mismo año como candidato del Frente para la Victoria y fue asesinado, durante una pelea matrimonial, en enero de 2012.
Además de derogar la Ley Anticianuro, la 4738 creó el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam) y estableció que ese organismo se encargaría de las siguientes etapas de evaluación: Estudio de Impacto Ambiental, Dictamen Técnico, Dictamen del Consejo Provincial del Medio Ambiente y, finalmente, Audiencia Pública.
Doce años después, en diciembre de 2023, el gobernador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) logró que la Legislatura le apruebe, recién asumido en su tercer mandato no consecutivo, un paquete de medidas para favorecer a la megaminería: una nueva Ley de Tierras y modificaciones a las leyes de Código de Procedimientos Mineros de Río Negro, Copeam y Regalías Mineras.
Proyecto Calcatreu, entre operaciones y promesas mediáticas
El 28 de julio pasado, el gobernador Weretilneck posteó en su cuenta de X: “En vísperas de la próxima audiencia pública, Ingeniero Jacobacci se mostró unido y orgulloso de apoyar la minería. En el polideportivo, la comunidad participó con genuino interés, defendiendo el proyecto y mostrando su compromiso”.
La publicación fue seguida de decenas de notas de medios locales y provinciales tanto gráficos como audiovisuales que se hicieron eco de ese mensaje. Los artículos periodísticos incluyeron, además, fotos sacadas de contexto de María Torres, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche. Las imágenes mostraban a Torres saludando al intendente de Jacobacci, José Mellado, quien se ha expresado ya a favor de la minería, pero habían sido tomadas durante un acto escolar anterior.
“Hay una decisión muy clara sobre hacia dónde quiere ir el gobierno provincial. Hay un mensaje muy claro. Apostamos al desarrollo productivo”, dijo en diálogo con el portal Minería es Futuro, el secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, en una nota publicada el 9 de agosto. Y, por supuesto, agregó: “El proyecto Calcatreu es la garantía que se necesita para poner en prioridad los proyectos exploratorios y que esto traiga mayor inversión en la provincia, que es lo que hoy estamos buscando”.
Patagonia Gold Corp es la compañía que busca llevar adelante la explotación de oro y plata ubicado en el macizo de Somuncurá, 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, en la meseta rionegrina. El proyecto Calcatreu se encuentra en la divisoria de tres cuencas: la subcuenca del Arroyo Quequetrile (al noreste), la del Arroyo Calcatapul (hacia el sureste) y la subcuenca de Tres Lagunas (al oeste).
El 43 por ciento de las acciones de Patagonia Gold son de Carlos Miguens, ex director de Cervecería Quilmes y de la Minera El Desquite (rechazada en Esquel, Chubut), y actual director de M.B. Holdings (Miguens Bemberg Holdings) y de Agropecuaria Cantomi. Según el portal oficial de la minera, se estima que desarrollar la operación, a lo largo del ciclo de vida total del yacimiento, demandará una inversión de entre 200 y 250 millones de dólares.
En el plano laboral, desde la empresa y el Gobierno dicen que generará 300 puestos de trabajo calificado directos y 400 puestos de trabajo indirectos y que “se pasaría de un sueldo promedio de 600 mil pesos a sueldos que superarán el millón y medio de pesos”, promesas difíciles de resistir en tiempos de crisis.
Las voces que el Gobierno no quiere escuchar
El 15 de agosto, el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam) aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Calcatreu” y confirmó la “viabilidad del proyecto”. La composición de ese Consejo había sido aprobada en la Resolución 984-2024. Sus integrantes son miembros de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Fundación Instituto Barilochense para el Análisis de Políticas Públicas (Ibapp) y de la comunidad Lof Peñi Mapu.
En esa misma resolución se rechazó la posibilidad de que se integren al Copeam el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CoDeCI), la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche y la comunidad mapuche Lof Putrren Tuli Mahuida. Estas organizaciones, junto a la Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeo y otras entidades, denunciaron en conferencia de prensa las operaciones del gobierno de Weretilneck.
“Al CoDeCI y a la Coordinadora del Parlamento Mapuche nos dijeron que no teníamos representación legítima. Y a la Lof Putrren Mahuida se le respondió que no es colindante al yacimiento, y por eso no se le permitió participar en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Lo único que tenemos es el informe de impacto ambiental presentado por Patagonia Gold, un documento de 2.821 hojas con partes en inglés. Esto forma parte de esa inmensa metodología para que no estemos informados de todo de lo que implica este proyecto. Es parte de su cerco mediático e informativo”, explica Neculman a Tierra Viva.
Por su parte, la Fundación Ibapp, que sí fue aceptada, no es conocida (ni reconocida) por las comunidades ni asambleas de Jacobacci y la zona. Se trata de una organización con sede en San Carlos de Bariloche, nacida en 2019 para —según se presentan en la red Linkedin— “conseguir y aportar recursos a los efectos de que el equipo de la fundación piense e implemente soluciones a los desafíos y problemas locales”. Su director ejecutivo y cofundador es el abogado Juan Segundo Bellocq, miembro de la Sociedad Rural de Bariloche y Jefe Regional de Anses durante el período 2016-2019.
El siguiente paso para el avance del proyecto Calcatreu será la Audiencia Pública, que se realizará el 30 de agosto en el Gimnasio Municipal de Jacobacci; pero las organizaciones y comunidades no tienen ninguna expectativa en que se trate de un verdadero espacio de debate.
“Están apretando a empleados estatales para que llenen el lugar y más personas afines. Otro temor que tenemos es que traigan otras fuerzas de seguridad como Gendarmería, más allá de la policía provincial conocida por sus ‘excesos’, sobre todo cuando se trata de comunidades del Pueblo Mapuche y luchadores sociales. El punto es que es probable que quienes no estamos de acuerdo con el proyecto no podamos ingresar”, cuenta una vecina de Jacobacci, que prefiere resguardar su identidad.
“Históricamente, la región vive de la actividad ganadera, principalmente de la cría de ovejas, chivas y algo de vacuno. Nuestro sostén es la lana y el mohair, y después los chivitos y corderos que vendemos en la época de las fiestas”, cuenta a Tierra Viva Carlos Mardones, presidente de la Cooperativa Ganadera Indígena, una organización gestada hace más de 50 años por campesinos mapuches que cansados de que el “mercachifle” (intermediario) se lleve sus animales a cambio de algunos víveres y favores, se unieron para comercializar su producción.
La cooperativa nuclea 247 asociados de los cuales 200 son de Río Negro y 47 son de Chubut. Carlos cuenta que son todos pequeños productores: “Casi ninguno supera los 500 animales”, precisa. “La gente que está en el campo hoy son personas mayores, muchos tienen pensiones y con eso y la venta van viviendo. Nuestra cooperativa logró crecer mucho, en algún momento tuvimos apoyo estatal con financiamiento. Gracias a la Ley Ovina pudimos como cooperativa tomar créditos y darle adelantos a los productores asociados y después sacábamos a licitación y negociábamos mejores precios; también pudimos compras vehículos. Sin embargo, este último año esos créditos ya no están, lo que nos ofrecen es mínimo y no alcanza para paliar las necesidades de nadie. Lo que uno ve es que apostaron todo a la minería, entonces es muy difícil porque nos dejan sin recursos”, describe.
Un modelo de «desarrollo» que niega la crisis hídrica y la contaminación
El gobierno de Río Negro declaró en 2022 la crisis hídrica en toda la provincia. Las causas son múltiples y van desde la crisis climática global, que hace que haya menos nevadas y lluvias, hasta las obras que agrandan los mallines (humedales) que están en las nacientes de algunas cuencas por parte de los dueños de las estancias. El resultado es el mismo: las aguas superficiales y subterráneas se secan, las napas bajan y, en algunos casos, la perforación para encontrar pozos muy profundos se hace muy difícil por el tipo de suelo y roca.
“Hace tres años que estamos sin agua en el territorio. Alrededor de donde se desarrollará el proyecto Calcatreu también hay gente que está sin agua. Hace más de diez años que tenemos problemas hídricos y la provincia no hizo nada”, describe María Victoria Lefinir, integrante de la comunidad mapuche Nehuen Co, ubicada en el Paraje Chaiful (65 kilómetros al sudeste de Jacobacci) y miembro de la Mesa de Productores en Emergencia por el Agua.
Lefinir también percibe que todos los “esfuerzos” provinciales están apuntados a la minería. “Además de Calcatreu hay otros emprendimientos, como uno litio, a unos 80 kilómetros de Jacobacci, que está en etapa de exploración. Es muy difícil pelear contra esto porque el Gobierno manipula a la gente y aprovecha la necesidad de trabajo que tenemos en la zona”, afirma.
“El problema de la minería metalífera es que utiliza sustancias tóxicas como cianuro y mercurio. Todo lo que quede en el territorio, en la boca de la mina, en el dique de cola, en las escombreras va a tener una alta concentración de estas sustancias, con la posibilidad de que se produzcan drenajes ácidos, que son derrames provocados a partir del agua de lluvia. Estos son los impactos clásicos. La escala va a depender del tamaño del yacimiento”, señala Leonardo Salgado, de la Asamblea Socio Ambiental de Cipolletti.
“Lo que evaluamos —asegura Salgado— es que no hay relación entre los beneficios que esto va a traer a la comunidad y el impacto que va a provocar y por eso nos oponemos. No es que nos oponemos a todo, de hecho, toda la Línea Sur (la zona de meseta) de la provincia es minera, hay una minería de bentonita, de diatomita, de rocas de aplicación de construcción, y con respecto a toda esa minería no hay en principio una objeción, a menos que no cumpla con normas ambientales. Desde las asambleas socioambientales nos oponemos a Calcatreu por la utilización de sustancias tóxicas que son propias de ese tipo de minería”.
Pero la actividad minera rompe más que rocas. Mardones cuenta que cuando se comenzó a hablar del proyecto Calcatreu se interesó por leer sobre lo que había ocurrido en otras zonas con emprendimientos de megaminería. «Cuando se van las mineras nadie se hace cargo de lo que queda, como las aguas contaminadas. Pero además rompe familias, porque algunos necesitan el trabajo y van a trabajar ahí; mientras a otros integrantes de la familias quizás las actividad los perjudica. Rompe organización porque si estos proyectos mineros avanzan va a ser cada vez más difícil la producción ganadera en la zona, entonces, por ejemplo, nuestra cooperativa va a desaparecer”, advierte.