En las últimas semanas, se han producido distintos acontecimientos que añaden más incertidumbre al futuro de RTVE. En todo ellos, el Gobierno aparece por medio y no precisamente para contribuir a despejar el horizonte. Para quienes entendemos RTVE como un servicio público de comunicación que, efectivamente, ha de modificar su modelo de gestión y programación, […]
Para quienes entendemos RTVE como un servicio público de comunicación que, efectivamente, ha de modificar su modelo de gestión y programación, a fin de ajustarlo al nuevo tiempo audiovisual, las actuaciones del Ejecutivo no dejan de sorprendernos:
Encarga a un grupo de expertos un informe que devaluado y con mucho retraso llega al Congreso; precipita la aparición de nuevas emisoras de TV analógica; cede, a las primeras de cambio, a las presiones de las privadas, para reducir la tarifa publicitaria de TVE; cambian los informativos, pero se mantiene una programación de muy baja calidad y, en algunos casos, de pésimo gusto; no se frena sino que se estimula la producción externa; abandona la disputa por las grandes competiciones deportivas y, por tanto, renuncia a una más que segura audiencia; deriva, una vez más, toda la crisis de RTVE a los gestores económicos y, parece, a nuevos expedientes de regulación de empleo; en definitiva, a Zapatero ha vuelto a traicionarle el talante que alguno de sus ministros han sustituido por la tala.
No nos oponemos a debatir sobre el futuro de RTVE; rechazamos que este futuro lo definan, a golpe de expedientes, aquellos que nunca vieron con buenos ojos el informe de los expertos. El Parlamento debe debatir el modelo que apunta el informe del llamado Comité de sabios, y concluido este debate, negociar con los sindicatos de RTVE su puesta en marcha.
Sin embargo, el Gobierno o quien actúa en su nombre, prefiere «empequeñecer» el perfil de la empresa pública y sin prisa aunque sin pausa, cuestionar la viabilidad futura de la misma.