Comenzaron a funcionar a fines de los ’70, hay mas de 2500 en Argentina y en ellas trabajan alrededor de 50 mil personas. Fomentan programas hechos por los propios vecinos y denuncian situaciones injustas, por ello, muchas veces los periodistas que trabajan en ellas son perseguidos y amenazados, incluso, de muerte.
«Dedicate a otra cosa… ¿no te da miedo que te prendan fuego el auto o la casa?, fue el mensaje que Marisol Vázquez escuchó una tarde cuando contestó el teléfono de su casa. La amenaza se produjo unas semanas después de que la periodista denunciara unos casos de gatillo fácil en la localidad de Merlo en su programa Crónicas urbanas, emitido por Radio Ciudad de Merlo.
Pero esa no fue la primera vez que la joven periodista sufría un «apriete». A mediados del 2003, ella y su esposo, Luis Romano, recibieron llamadas telefónicas en las que un hombre les manifestaba el enojo del intendente peronista Raúl Othacehé por las denuncias que la pareja realizaba de casos de desnutrición y falta de insumos hospitalarios.
Sin embargo, el peor susto se produjo cuando unos motociclistas siguieron a los hijos del matrimonio y los amenazaban de muerte. Si bien la pareja reconoció a los motociclistas en una marcha y los denunciaron como punteros peronistas, los motociclistas siguen sueltos.
Este tipo de amenazas se reproducen en otras radios del gran Buenos Aires y de la Capital. FM Bajo Flores, una radio comunitaria creada hace 8 años que comenzó con un alcance de 6 cuadras a la redonda y que ahora abarca los barrios de Flores, Floresta, Lugano, Parque patricios y Boedo, sufrió varios episodios por lo menos «extraños».
«Al principio, cuando denunciábamos la situación de nuestros vecinos de las villas 11 y 14, como teníamos un alcance de seis cuadras a la redonda, sólo recibíamos algunas llamadas intimidatorias, pero cuando instalamos una antena para poder llegar más lejos, nos la robaron a la semana», relata Mariela Pugliese, operaria y vecina de la FM.
Pugliese también denuncia dos casos puntuales. Cuando la radio comenzó a hacerse más conocida en los barrios, un periodista de Clarín fue a hacerles una nota. Sin embargo, esta nunca fue publicada. «El periodista volvió muy apenado y nos dijo que el editor del diario le había ordenado no publicar la nota porque `iba en contra de un cliente ‘».
Otro caso que recuerda Pugliese es el de Ezequiel Demonti, el chico que fue arrojado al Riachuelo por policías: «Cuando desapareció Ezequiel su padre vino a la radio y contó lo que le habían comentado los amigos de su hijo», relató Publiese y destacó que porque FM Bajo Flores fue la primera en dar la noticia, «sufrieron durante semanas llamadas telefónicas anónimas e intimidatorias».
Por su parte, Eduardo Nájera que trabaja en la radio desde fue fundada, resalta que la FM va a seguir denunciando los casos de abuso de autoridad y las necesidades de la zona, aunque piensa que, como ahora tiene un mayor alcance, «van a haber más problemas».
Un caso emblemático en radios comunitarias es FM La Tribu, que funciona desde hace más de 15 años en el barrio de Almagro por iniciativa de estudiantes de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con producciones independientes y propias, todas con una carácter alternativo y denuncista. Fueron estas caractetísticas las que en hicieron que a fines de agosto de 1993 la radio sufriera una atentado con una bomba molotov en la puerta de entrada, afortunadamente sin consecuencias.
A más de 10 años, aún no se encontraron los culpables, pero las amenazas siguen. «Siempre recibimos llamadas o e mails en los que se amenaza a la radio en general o a algún programa en particular. Ya estamos acostumbrados, pero no por eso dejamos de denunciar los abusos y de fomentar la cultura popular», enfatiza Rodrigo Tornero, programador y conductor de uno de los progrmas de la FM.
Otra radio emblemática por la cantidad de años que esta al aire es FM En Tránsito, que comezó por inciativa de la Cooperativa La Calle como un periódico en la zona de Castelar, pero que siempre difundió «la realidad de la calle».
Pocos periodistas «comprometidos» (como les gusta denominarse) se salvan. Participan en programas recientes o con años de antigüedad, en radios comunitarias o en espacios comprados a radios comerciales, todos alguna vez recibieron por lo menos una llamada anónima.
Clara Britos, propietaria, editora y directora del periodico La Tapa de la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires y colaboradora del programa «El reloj» emitido por FM Urbana del barrio de Caballito viene soportando desde hace años amenazas de muerte para ella y su familia, atentados y otras violaciones por sus denuncias contra políticos y funcionarios públicos.
A mediados del 2003, Britos recibió una llamada telefónica en la cual le hicieron escuchar la voz de su hijo con una producción sonora mezclada con llantos y gritos y una voz que le anunció que podía llegar a ver a su hijo en las mismas condiciones en que terminaron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. (Cabe señalar que Britos es una de las testigos más importantes de los asesinatos de los dos militantes del movimiento de desocupados Aníbal Verón.).
En otra oportunidad cuando Britos se disponía a hacer la denuncia en el programa El reloj, sufrió el intento de incendio de su casa, que no fue concretado porque su hijo pudo alertar de esta situación a la familia.
Britos lleva alrededor de quince denuncias hechas por amenazas de muerte y atentados. La primera la realizó en enero de 2000, cuando sufrió un violento y arbitrario allanamiento del Grupo Halcón, Brigada de Lomas de Zamora. A la semana recibió su primera amenza de muerte y, a partir de ahí, hubo varios atentados, inclusive le tirotearon la casa y llegaron a golpear a su esposo, hijos y suegra.
Una ley de la dictadura
Desde su nacimiento, a fines de los ’70, las radios comunitarias son sentenciadas por las leyes argentinas de ilegales y las personas que las impulsan de delincuentes. Sin embargo, eso no impidió su rápido desarrollo. A principios de los ’80, sumaban 60, en el ’88, llegaban a mil y ahora, el Comité Nacional de Radiodifusión (CONFER) reconoce unas 2150, mientras que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) señala que hay 2800 radios alternativas de las que viven entre 40 y 50 mil familias.
Su desarrollo pódría haber sido mayor, pero la ley 22.285 inspirada en la Doctirna de Seguridad Nacional y promulgada bajo la última dictadura militar, limitó su crecimiento, permitió su cierre y la persecución de las personas que trabajan en ellas porque de acuerdo a su artículo 45: «las licencias se adjudican a una persona física o a una sociedad comercial regularmente constituida en el país». De modo que las instituciones sin fines de lucro quedan excluidas y sin posibilidad de expresar su voz.
La aplicación de éste artículo mostró su caracter represivo cuando en 1988, año en el que casi no quedaba barrio sin su FM de baja potencia, el entonces interventor del CONFER, Pedro Sánchez, prometió «desterrar hasta la última radio ilegal»y cerró las FMs «truchas» de mayor alcance hasta ese momento. Otro gobierno que se amparó en esa ley para beneficiar a los grandes grupos comunicacionaels fue el de Carlos Menem, quien en mayo de 1991 firmó un decreto y cerró 3 mil emisoras de baja potencia en todo el país. Si bien el año pasado, en una histórica medida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la radio comunitaria cordobesa La Ranchada, la medida no sentó presendente.
Al respecto, Carlos Pelioli, operador de FM Libre, una nueva radio alternativa que abrió sus puertas en la Mutual Sentimiento en el barrio de chacarita señala que si bien no recibieron amenazas, «una primera gran censura es el CONFER y la legislación argentina de radiodifusión». Si bien el proyecto de lanzar FM Libre comenzó hace dos años, recien en junio la pusieron al aire porque no podían sacar el permiso de propagación: «Nos dijeron durante meses que nos abstengamos de emitir, pero nos cansamos. No pueden negarnos nuestro derecho a una democracia participativa».