La convocatoria a una movilización para el próximo 18 de febrero, efectuada por un sector del Ministerio Público Fiscal Federal, pone en discusión su representación, legitimidad y objetivos perseguidos. En el contexto actual las operaciones lanzadas para usufructuar la muerte del fiscal Nisman están a la orden del día, aunque resulta elocuente que todas convergen […]
La convocatoria a una movilización para el próximo 18 de febrero, efectuada por un sector del Ministerio Público Fiscal Federal, pone en discusión su representación, legitimidad y objetivos perseguidos.
En el contexto actual las operaciones lanzadas para usufructuar la muerte del fiscal Nisman están a la orden del día, aunque resulta elocuente que todas convergen en la búsqueda de erosionar al gobierno nacional.
Como integrante del Poder Judicial me asiste la libertad de expresar las razones por las cuales en el contexto descripto no asistiría a la marcha del silencio vomitada por los fiscales federales.
Entre ellas la voluntad de no ser instrumento de intereses solapados debajo de la convocatoria. Atento que no existe una racionalidad democrática que hile la marcha con el esclarecimiento de una muerte con repercusiones nacionales.
La pretensión de la convocatoria es confusa, el objeto perseguido es difuso. Parecería que existe una voluntad concreta de aportar al estado de confusión general, elemento que indudablemente es el combustible necesario para expandir la ofensiva opositora.
No participar parece razonable, cuando hay un intento de apropiación de la voluntad de esclarecimiento. La presentación de la convocatoria parecería invitar a un razonamiento binario por el cual si uno participa de la marcha desea el esclarecimiento y si no lo hace es cómplice en el encubrimiento de la muerte. Todos deseamos que se resuelva sigilosamente el deceso y el despedazamiento de un cuerpo es más propio de buitres y caranchos que de integrantes de una justicia democrática.
Tampoco deseo ser cómplice de una maniobra que tiene aristas vinculadas a preparar un escenario defensivo en términos de responsabilidades profesionales. Dicho en otros términos, si algunos de los convocantes están flojos de papeles respecto de sus participaciones judiciales, obstruyendo el esclarecimiento del atentado a la AMIA, como han manifestado familiares de las víctimas, deberán afrontar sus responsabilidades.
Otra línea convocante recorre el camino de unificar la oposición al proceso de democratización de la justicia y la férrea voluntad de descabezamiento de la procuradora general, Dra. Gil Carbó. Ambas cuestiones están engarzadas, al procurar mantener beneficios corporativos que han sido atacados de frente por la procuradora. Participar en la marcha conlleva un reforzamiento de la legitimidad de los convocantes en contraposición al intento de disipar beneficios concretos para estos sectores.
También diría que el aglutinamiento presentado permite entre ver parte del objetivo deseado, instituir a la justicia federal como víctima del poder político. Presentarlos como un reducto democrático donde se resiste el avasallamiento de un proceso político autoritario. Querer arrogarse la subsistencia republicana suena un tanto pretensioso, máxime cuando se ha puesto en el centro de la escena la vinculación entre sectores de la justicia federal y los servicios de inteligencia, a través de comportamientos simbióticos. Esto debe ser investigado, y no podemos convalidar un intento de expiar las responsabilidades en términos públicos y mediáticos. En esta línea podemos citar a titulo ilustrativo el comportamiento del Juez Federal, Bonadio, quien ante cada intento de juzgarlo por los pedidos de juicio político por denuncias muy graves, o incluso por cuestiones administrativas, invoca una nueva amenaza sufrida, o pasa a la ofensiva a través de los carpetazos.
En nada me representa éste sector convocante del poder judicial, que se ha opuesto a transparentar la designación y remoción de jueces, que reacciona alérgicamente frente a la posibilidad de hacer transitar estos temas bajo la soberanía popular.
Son estos mismos justicieros de corte conservador, quienes presionan en la sombra, dando texto al discurso de una oposición errática para impedir la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema, desconociendo la manda constitucional y las leyes vigentes.
Recae sobre estos sectores la reedición del rol que supo jugar el partido militar en los cortos intersticios entre dictaduras. Un actor político con capacidad de moldear parte de la política por fuera del juego de los actores democráticos. No podemos soslayar el nivel articulatorio existente entre estos sectores de la corporación judicial y arco opositor, del cual muchos de sus dirigentes ya han confirmado su participación.
Son estos mismos fiscales quienes irrumpen como ariete buscando suplir las deficiencias políticas de las instancias opositoras. Haciendo a veces de rueda de auxilio respecto de la legitimación no lograda en la arena política.
No participar de la convocatoria tiene razón de ser en tanto no se puede poner por fuera de uno la responsabilidad que le es intrínseca. Si es el propio Ministerio Público quien conduce la investigación por la muerte de Nisman, no parece lógico que sea los representantes de las fiscalías quienes solicitan que se investigue.
Para finalizar, en otro orden de cosas, podemos encontrar un hecho positivo en la irrupción de estos fiscales: el corrimiento del velo. Desde siempre las derechas sostuvieron un paradigma según el cual la justicia como poder del estado debía ser independiente, una afirmación en abstracto que utilizaban a su conveniencia. Aquí queda revelado como la justicia es un poder político y sus integrantes están atravesados por esta realidad. Reivindico el hecho político de los agentes judiciales, sean magistrados, funcionarios o trabajadores, siempre en el contexto interpretativo de la norma, pues el hecho intelectual de interpretar está ligado a la cosmovisión que lo determina (tamiz ideológico); también encuentro saludable la exteriorización de voluntad respecto de las políticas del servicio de justicia en pos de su mejoramiento o modificación, lo que no puede ser ponderado es el hecho de pavonarse como independiente de otros actores de la vida política y ser sujetos irremplazables de las acciones que éstos generan. Ante esta realidad, hoy más que nunca se torna indispensable que el pueblo tenga la posibilidad de expresar su respaldo o rechazo a estos sectores, y si la condición de posibilidad de concretarlo esta atado a la modificación de la Carta Magna, es un camino que deberá de recorrerse, ahora que nadie podrá tildar de oportunista, por cuanto no se está exigiendo re elecciones.
Mariano Massaro es Abogado – Periodista. Secretario General Asociación Judicial Bonaerense Departamental Quilmes. Integrante Mesa Ejecutiva CTA Pcia. Buenos Aires.
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