En vista de la generalizada degradación institucional que produce el macrismo, ahora con medidas abiertamente ilegales y autoritarias que denigran el derecho de huelga, queda clara la urgencia por recuperar el rol del Estado democrático. Ése es el camino señalado por algunos colectivos que comprenden cada vez más la necesidad de una profunda Reforma Constitucional […]
En vista de la generalizada degradación institucional que produce el macrismo, ahora con medidas abiertamente ilegales y autoritarias que denigran el derecho de huelga, queda clara la urgencia por recuperar el rol del Estado democrático.
Ése es el camino señalado por algunos colectivos que comprenden cada vez más la necesidad de una profunda Reforma Constitucional que establezca palmariamente que la educación, la salud y la previsión social son asuntos de responsabilidad básica del Estado, irrenunciable e insustituible, igual que el control de los recursos naturales en todo el territorio nacional, en superficie y subsuelo.
El Manifiesto Argentino, que nació con esta idea, puso el tema en la agenda política nacional con la idea de que la Reforma abarque el articulado completo, declarando además a todo el Poder Judicial en comisión a fin de organizar una administración de justicia nueva, diferente, moderna y democrática, con una judicatura designada por concursos de antecedentes y oposición, y con supervisión internacional. Y una Corte Suprema de nueve miembros designados por voto popular, que paguen impuestos y con mandatos de 10 años sin reelección.
Esa nueva y profunda Carta Magna debe surgir del voto popular y no del Congreso, porque el actual sistema constitucional es de origen espurio, toda vez que la última Constitución legal fue la de 1949, derogada ilegítimamente por «Bando Revolucionario» del 27 de abril de 1956 durante el gobierno de facto de la autocalificada «Revolución Libertadora». Ese acto autoritario, antipopular y oligárquico ilegalizó en sí todas las normas dizque constitucionales posteriores.
El repertorio de cambios necesarios abarca todos los campos: desde establecer que para la función pública esté prohibido haber tenido o tener cuentas offshore, a desautorizar toda prescripción de delitos de funcionarios. Y, por supuesto, incluirá nuevas legislaciones en defensa de la industria, el comercio, el agro, el petróleo, la minería, la producción en general y el trabajo, y desde luego el perfeccionamiento del sistema representativo mediante formas de democracia participativa capaces de controlar con firmeza todas las representaciones.
Y hay mucho más, porque una Constitución es un pacto de convivencia, un acuerdo nacional que garantiza que ningún sector tenga ventaja sobre otros; eso es la Paz que asegura el crecimiento de una nación.
Los que proponemos y trabajamos para ello no nos pasamos los días haciendo diagnósticos o historiando nostalgias, como algunos pueden pensar. Nada más concreto que un servicio a la república desde un Ideario entendido como vía para la acción y la participación, por supuesto del lado de los trabajadores y los humildes. Por eso El Manifiesto Argentino gana credibilidad día a día y crece en todo el país sin dobles discursos, sin prontuarios y sin haber especulado jamás con dineros públicos. Conducido por gente que anda en subte, en tren y en bondi, y que banca el puchero familiar laburando como toda la vida, no tiene ni acepta jefatura política alguna. Ni la de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), a quien se aprecia, respeta, defiende y acompaña.
Con la propuesta de una Confluencia Nacional y Popular («confluencia» es mejor vocablo que el desgastado «Frente») se propone una amplia y generosa unidad que inicie en octubre próximo la recuperación, refundación y profundización del rumbo que significó lo mejor del kirchnerismo durante los últimos 12 años.
Estas ideas y propuestas -que ganan terreno de manera sostenida en todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego- permiten conjeturar el problema del liderazgo y las alianzas. Porque hay quienes sostienen que si la ex presidenta se pusiera militantemente a la cabeza de la oposición, estos tipos no durarían ni un mes más, lo cual es imposible saber más allá del entusiasmo de sus incondicionales. Pero lo que sí es posible es que en las elecciones de octubre se les dé una paliza electoral, que es la vía democrática de la cual nunca, jamás, se apartó ni debe apartarse el pueblo.
Para lograr ese gran triunfo electoral en la próxima primavera son imperiosos por lo menos dos factores, que quizás no se están viendo: uno es un liderazgo fuerte cuanto antes, que bien puede ser el de aquella CFK que signó los mejores rumbos de autodeterminación, soberanía económica e inclusión social y que la llevaron decir en la Unasur y Naciones Unidas lo que había que decir, y además defendiendo la causa Malvinas como nadie.
El otro es una apertura ideológica que conduzca a las fuerzas nacionales y populares a unir en los reclamos no sólo al pueblo peronista, sino también, y especialmente, a los muchos radicales que no se doblan y que en todo el país están furiosos por la claudicación de su Comité Nacional; a los muchísimos socialistas dispersos y desencantados, y a vastos sectores de la izquierda nacional no sectaria, que existe y está huérfana. Porque la cuestión, hoy, no es peronismo o antiperonismo. La cuestión hoy es pueblo u oligarquía.
Hay tiempo para ello, aunque no demasiado. Hay un liderazgo simbólico muy claro, y muchos esperan además una conducción que no se termina de ver. El mismo Juan Domingo Perón decía que «conducir no es imponer; conducir es persuadir». Verbo este último, por cierto, que acaso no por casualidad distinguió a Raúl Alfonsín en sus mejores momentos.
Lo que es seguro es que de cara a octubre el movimiento nacional y popular tiene un liderazgo simbólico extraordinario y aunque todavía es visible cierta desbandada y la depresión de algunos sectores populares, es posible y es urgente volver a enamorarlos con la causa y contra el régimen, como diría Hipólito Yrigoyen.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/26761-reforma-constitucional-y-futuro