Liberar la verdad en los medios de comunicación es educar en revolución. En las más avanzadas sociedades del llamado desarrollo, la tendencia a responsabilizar socialmente a los medios de comunicación, es puntualmente controlada por organismos del Estado. En el tan paradigmático aunque controvertido Estados Unidos, país con cuyo estatus tanto se sueña en estas regiones […]
Liberar la verdad en los medios de comunicación es educar en revolución.
En las más avanzadas sociedades del llamado desarrollo, la tendencia a responsabilizar socialmente a los medios de comunicación, es puntualmente controlada por organismos del Estado. En el tan paradigmático aunque controvertido Estados Unidos, país con cuyo estatus tanto se sueña en estas regiones caribeñas, se vienen aplicando desde 1934 tres importantísimas leyes que protegen a los usuarios de los medios de comunicación, con rígidos controles legales tanto a radios como a estaciones de televisión en sus emisiones nacionales. Sin embargo esa política no aplica para sus emisiones al exterior. Así la incidencia de sus productos mediáticos que llegan «enlatados» al mundo del subdesarrollo mantienen variables estratégicas intervencionistas hacia pueblos subordinados y gobiernos complacientes.
La confabulación de la clase dominante venezolana y sus títeres políticos, han contribuido con estas acciones durante cuarenta años de la llamada democracia representativa. Lo han hecho desde 1959 hasta 1999 para solo citar la última porción de destrucción social proveniente del intervencionismo imperialista en el país.
Sin embargo como decíamos antes, el marco ético, informativo, educativo, rige en Estados Unidos mediante una ley de televisión infantil -por tomar un ejemplo- vigente desde 1990 que determina un horario protegido de 7am a 10:00pm.. Otro ejemplo es la Ordenanza sobre la Decencia en los medios de comunicación, cuyo contenido está signado en la Ley de Telecomunicaciones de 1996 que obliga a la Responsabilidad Social de los Medios. También en la Unión Europea existen abundantes normativas al respecto. En España rige la Ley de Comunicaciones de 1999 -por citar una- protegiendo a los usuarios, en especial a niños y adolescentes.
Por su parte los gobiernos de Gran Bretaña vienen aplicando desde 1990 una Ley regente de Responsabilidad Social en televisión. También Francia tiene reguladas las comunicaciones mediante dos rígidas normativas de Ley y Suiza controla las responsabilidades mediáticas desde 1991 con su llamada Ley Federal sobre Radio y Televisión.
En América Latina como ejemplos de importancia citaremos el de México, con su Ley Federal de Radio y Televisión del 2001 que ha regulado los lineamientos de conducta de los medios. En Colombia, los acuerdos legislativos de 1996 han implementado eficientes regulaciones y obligado a la actividad responsable de los medios y en Chile, la Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo del año 2001, establece cierto equilibrio mediante el derecho a la réplica. ¿Cuál es el espíritu de estas leyes que han adquirido perfiles universales y que en nuestro medio son objeto de tan deshonesta discusión en el marco de tantas falsedades publicitarias?
El objetivo fundamental, el alma del nuevo proyecto de regulación sobre la responsabilidad social en radio y televisión en Venezuela, es el de proteger a los usuarios que han venido constituyendo hasta hoy una suerte de rebaño en el corral de las falsas comunicaciones. Consumidores mediáticos dependientes del orden impuesto por los intereses particulares de dueños y apoderados de radios, diarios y televisoras, subordinados a su vez, al «supremo» interés del gran capital trasnacional.
Lo citado, que constituye solo unos ejemplos, descubre el desatino de cierta intelectualidad venezolana dedicada a las tareas de difusión mediática: dueños, directores y algunos distinguidos trabajadores de radio y televisión que cuentan con el respaldo del llamado Servicio Interamericano de Prensa (SIP) con sede en EU, que responde exclusivamente a los intereses económicos de ciertos tradicionales medios del continente, cuyos dueños y gerentes se turnan presidiéndolo. En este degenerado caldo del engaño y la desinformación, aparecen también organismos como el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, cuyos voceros en franca oposición a la nueva ley propuesta por la administración Chávez, han calificado en medio de su franca estupidez opositora, de «regímenes totalitarios» a los países que legislan controlando las responsabilidades de los medios. ¿Será que también se oponen a sus adorados EU, Inglaterra, Francia, Suiza, México, Colombia, Chile…por hacerlo?
¿Será que ignoran su deber profesional o simplemente deforman por inconscientes, la información? Es lo segundo sin dudas, porque no es posible que desconozcan el Derecho Internacional Comparado, sobretodo cuando por reflejo cuestionan a países que controlan esas instancias como los que antes hemos señalado. ¿Pueden profesionales ilustrados confundir tan alegremente libertad con responsabilidad? En el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está bien explicada dicha contraposición. Por si no lo recuerdan dice lo siguiente: «En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta solamente a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el respeto y reconocimiento a los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática».
El actual proyecto venezolano de liberación que intenta regular y hacer cumplir la Responsabilidad de los Medios de Comunicación, en su Artículo 3 recoge esa tendencia internacional cuando expresa: ..«el respeto a la libertad de expresión e información sin censura, dentro de los límites propios de un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia, y con las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad». Unicamente la Ley en democracia, puede garantizar los derechos de la sociedad evitando en este caso, el crecimiento de una negatividad desbordante; constituida hasta ahora en un gravísimo impuesto social, alienante y deformante de la libertad y la información que la población venezolana ha tenido que absorver, ante la ausencia de otras alternativas.
La población venezolana ha padecido una vez más de «mal-nutrición». Ahora que empieza a comer más y mejor gracias al impulso gubernamental de mercados populares no especulativos, padece esta deficiencia comunicacional a través de una campaña masiva de promociones engañosas basadas en la mentira dirigida. Tal vez haya que reconocer allí su propia ineptitud y preparación para seleccionar acertadamente, las fuentes de comunicación que pudieran serle verdaderamente provechosas para salir del largo letargo, impuesto durante los gobiernos de la destrucción.
Por fin ha llegado la hora Bolivariana de actualizar derechos; de resolver entre lo ilusorio y lo real, lo maligno y lo virtuoso, en un ambiente de libertad y respeto a los demás. «Con libertad ni ofendo ni temo», escribía hacia 1825 José Gervasio Artigas conduciendo la liberación de la Provincia Oriental del Río de la Plata -hoy Uruguay- en ese entonces colonia del imperio español.
La responsabilidad de un exitoso proceso de emancipación, en todos los campos de la vida cotidiana, debe conducir a un estado soberano de libertad que no dependerá ni de ofensas ni temores.*