Sacarle la pata de encima a pocos, pisar a las mayorías

«Trabajamos para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima«, dijo Mauricio Macri en la inauguración de la exposición rural en Palermo este año. En un discurso que buscó confrontar con el kirchnerismo, el mandatario intentó generar empatía a partir de su reconocimiento a un sector («El campo») al que caracterizó como «nuestra historia, nuestro emblema, nuestra tradición».

La genérica denominación de ese colectivo remite al cercano antecedente del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y las patronales rurales, cuya estrategia comunicacional se basó en apropiarse de ese término sin exhibir la complejidad y tensiones del denominado mundo agrario actual (fondos de inversión, grandes multinacionales, medianos propietarios, peones, puesteros, jornaleros). Como pieza de guión, Macri mencionó a «los pequeños productores» y habló de diversas economías regionales: productores de llama; de lana de ovejas; de yerba; olivos; cítricos. De esta forma, intentó ubicar a todas en mismo lugar cuando en realidad son un entramado diverso en lo económico, social, cultural. Mientras ese relato presidencial transita por las vías de la «armonía» y el «consenso», la historia y en particular el presente de las políticas agropecuaria es conflictivo: pocos, muy pocos, tienen cada vez más, mientras otros se quedan sin nada.

Pasado reciente

Lejos de haberle puesto la pata encima, los gobiernos kirchneristas permitieron una incesante expansión del agronegocio, duplicando el cultivo de soja transgénica (símbolo del modelo agroexportador). La década kirchnerista inició con cerca de diez millones de hectáreas sembradas para terminar su ciclo en torno a los veinte millones de tierras dedicadas a esa oleaginosa, según datos del propio gobierno. Esta expansión no sólo implicó el cambio de uso de suelo, con pérdida y desplazamiento de actividades como la ganadería a pasto, sino también la incorporación de nuevos territorios, desmonte mediante, más de 3 millones de hectáreas de bosques se arrancaron durante los mandatos del Frente Para la Victoria, a pesar de la sanción de una ley de bosques (2007). El kirchnerismo tampoco fue reacio a la aprobación de eventos transgénicos: desde 2003 avaló 27 contra siete que habían sido aprobados desde 1996.

Esta maquinaria no creció por casualidad, sino debido a su alta rentabilidad. Los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo destacaban que, las exportadoras de granos y aceite alcanzaban niveles de rentabilidad de hasta 17 por ciento en época de desaceleración del mercado internacional (2007-2009) con exportaciones por 25 mil millones de dólares, sumando doce firmas.

La concentración en el sector es otra herencia no cuestionada por el macrismo. En 2015, diez firmas despacharon el 63 por ciento de los granos; mientras que el resto se distribuyó entre 140 firmas, según datos de la Bolsa de Cereales. Entre las empresas que destacan aparecen A.D.M., Cargill, Bunge y Nidera.

Ese modelo de desarrollo agropecuario implicó además un fuerte impacto sanitario, debido al uso creciente de plaguicidas, más de 300 millones de litros por campaña, según declaran las propias empresas químicas. Afectando la salud de poblaciones rurales y peri-urbanas.

En simultáneo se activó un rotundo cambio socio-territorial. Los últimos datos en materia de composición de la población rural son de 2002, ya que el Censo Nacional Agropecuario de 2008 -en manos del INDEC- ni siquiera ha sido tomado como fuente por los propios informes del gobierno anterior. Las últimas cifras reflejaban que el 2 por ciento de las empresas agropecuarias controlaba el 50 por ciento de la tierra en el país. En los años siguientes, el panorama se tornó más complejo por el creciente uso de la práctica del arrendamiento, nuevas formas de sociedad, y la aparición de fondos de inversión. Esos números tienen de fondo la desaparición de miles de pequeños productores y campesinos. Recuerda el productor y militante rural Pedro Peretti que «en los noventa desaparecieron 103 mil explotaciones, 12 millones de hectáreas hipotecadas, pulverizaron más de 700 mil puestos de trabajo, dejaron 600 pueblos al borde de la desaparición y llenaron de pobreza rural migrada en todos los contornos de las grandes ciudades». El proceso, como demuestra la expansión de la frontera del agronegocio se agudizó.

El gran problema histórico, dice el miembro de la agrupación Grito de Alcorta, no resuelto por el kirchnerismo tampoco, es que «nunca se sabe quién es el dueño de la tierra en Argentina». «Es uno de los secretos mejor guardados quiénes y cuánto tienen en propiedad territorial. Es imposible averiguarlo, más aún cuando hay poca o nula decisión política de querer saber. Se conforman sociedades tipo mamushkas (una dentro de otras, y así varias), se las inscribe en Uruguay, se ponen testaferros», señala acerca de un mundo que conoce con detalle este militante disidente dentro de la Federación Agraria Argentina.

Disputas

Desde el kirchnerismo se dejó asentado que el corrimiento descontrolado de la frontera agrícola tiene sensibles consecuencias. En un informe publicado en 2013 por la Secretaría de Agricultura Familiar, destacó que al menos existen unas nueve millones de hectáreas en conflicto por este modelo, y las víctimas son más de 60 mil familias campesinas e indígenas en riesgo de perder su territorio.

Otro hecho a destacar durante la gestión anterior fue la creación de un Registro de Tierras, en el marco de la ley que buscó regular la extranjerización de lotes rurales.

Ese relevamiento arrojó que 16 millones de hectáreas (6 por ciento del total) estaban en manos extranjeras. La normativa 26.737 fijó límites a la adquisición de tierras de un quince por ciento del territorio a nivel nacional, provincial y departamentos por parte de una misma persona. También limitó a treinta por ciento la propiedad en manos de personas de una misma nacionalidad, aplicado al quince por ciento del territorio. En términos de superficie, la limitación por nacionalidad opera en un 4,5 por ciento. Además, resguardó los «cuerpos de agua de envergadura y permanentes» prohibiendo a los extranjeros la compra de tierras que limiten con esas áreas. La ley puso un tope de mil hectáreas por persona extranjera en la denominada zona núcleo, la más productiva. En el marco de esta norma aún se podían extranjerizar 20 millones de hectáreas. Es decir, se buscó tener mayor control sobre este rubro, resguardando algunas áreas estratégicas, pero no se tocó el fondo del modelo.

Por enumerar otras conquistas de sectores populares del mundo agrario con mayor o menor impacto, vale resaltar la Ley del Peón Rural, la Ley de Agricultura Familiar, y el freno a una nueva ley de semillas a medida de la multinacional Monsanto. El trabajo de la Secretaría de Agricultura Familiar había sido un cambio significativo, aportando técnicos en parajes de todo el territorio nacional a donde el Estado antes no llegaba. Sin embargo queda a la vista que la matriz del modelo de agronegocios no sólo que no fue desmontada, sino que obtuvo una notable expansión favorecida por políticas que lo apuntalaron.

Ir por todo y más

Pese a que las cifras demuestran la presencia de un sector de la economía con alta rentabilidad, gran nivel de concentración, y fuerte dependencia del mercado internacional, el macrismo entendió que aún faltaba más. Entre las principales medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno resaltó la reducción de las retenciones a las exportaciones de granos: cero por ciento para maíz, trigo y otras producciones; y 30 por ciento para soja, 5 por ciento menos de lo que estaba fijado. Según un análisis encabezado por Itaí Hagman, considerando la liquidación informada por el Centro de Exportadores y Cereales a abril (7.996 millones de dólares), «la transferencia hacia los exportadores de cereales asciende a 9.150 millones de pesos», en una estimación de mínima, al no considerar otros productos como la carne y productos de economías regionales.

Para profundizar este escenario, hay que agregar el despido de más de 250 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, organismo dedicado a potenciar en el territorio producciones familiares alternativas al modelo de agronegocios, la promoción de mercados locales de alimentos, y el intercambio de experiencias tendientes a fomentar el arraigo rural. En esa sintonía, se despidieron 600 trabajadores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores Agrarios (Renatea).

Fue la Corte Suprema de Justicia la que mediante un fallo de una causa que había estado frenada tres años, resolvió en vísperas de la asunción de Macri devolver el control del sector a Gerónimo Vengas, titular del Gremio UATRE. Este sindicalista forma parte del proyecto político del actual presidente y tiene una larga historia de cuestionamientos por operar en contra de los trabajadores que debiera defender. Aquí los números también son reflejo de este cambio: El Renatea no realizó denuncias entre diciembre de 2015 y mayo de este año sobre explotación laboral en el campo. En los tres años anteriores había realizado más de mil presentaciones por situaciones de explotación, con tendencia creciente.

Para completar el paquete tendiente a favorecer un esquema agrario menos soberano, Macri firmó el decreto 820/2016 en el que modificó la ley que regulaba la venta de tierras a extranjeros. La decisión, que ya ha sido cuestionado judicialmente por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, tiende a potenciar la adquisición de tierras argentinas en áreas naturales de alto valor estratégico por sociedades que ya no deben cumplir procedimientos administrativos orientados a identificar a los inversores, como bien lo explica Florencia Gómez, ex titular del Registro de Tierras Rurales. El propio decreto explicita las prioridades de Cambiemos, al plantear la necesidad de que «se faciliten y posibiliten las inversiones en el país» ya que la ley como estaba, presentaba «dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial». Durante su gestión, Gómez había detectado más de 1 millón 100 mil hectáreas proveniente de empresas radicadas en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo. Para esta abogada, la decisión de Macri apunta a multiplicar este tipo de prácticas.

Pisa fuerte

Frente a una expansión sin retrocesos del modelo de agronegocios en las últimas décadas, el proyecto político de Macri viene a pulverizar las contadas intervenciones del Estado que tenían algún grado de incidencia en favor de los sectores populares de la ruralidad. Las políticas actuales profundizan lo peor del ciclo iniciado con el decreto de desregulación de Carlos Menem de 1991, donde desaparecen la Junta Nacional de Granos, La Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar.

Al analizar el neoliberalismo en el campo latinoamericano y el caso argentino en particular, transitado entre inicio de los noventa y comienzos del siglo XXI, Giarraca y Teubal señalaban que «las transformaciones en el nivel de las producciones, la agroindustrialización creciente, la hegemonía de grandes empresas trasnacionales o nacionales, la concentración de la tierra ligada a la centralización del capital, no son, condiciones positivas para pensar las democracias». Apuntaban los autores que «circula un pensamiento que relaciona economía de mercado con el retiro de los estados nacionales; y como éstos históricamente desplegaron una carga de corporativismo, se considera tal retiro como positivo». El presidente lo expresa en sus discursos, decretos, y acciones.

Mientras Macri habla de «sacarle la pata de encima al ‘campo'», miles de mujeres y hombres que producen por fuera de la lógica del agronegocio, cosecheros, productores familiares fruti-hortícolas, pequeños tamberos, redes campesinas de producción y consumo sienten que los están pisando, demasiado fuerte, como para hacerlos desaparecer.

Fuente: http://latinta.com.ar/2016/08/sacarle-la-pata-de-encima-a-pocos-pisar-a-las-mayorias/

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