El secretismo del gobierno de George W. Bush ha obligado a los ciudadanos de Estados Unidos a recurrir a fuentes de información alternativas. Buena parte de esa corriente pasa a través de Internet. «Bush ha elevado el secretismo, con un gran aumento en la cantidad de documentos reservados», dijo Steven Aftergood, director de uno de […]
El secretismo del gobierno de George W. Bush ha obligado a los ciudadanos de Estados Unidos a recurrir a fuentes de información alternativas. Buena parte de esa corriente pasa a través de Internet.
«Bush ha elevado el secretismo, con un gran aumento en la cantidad de documentos reservados», dijo Steven Aftergood, director de uno de los principales programas de «gobierno abierto»: el Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS).
«Han dificultado mucho la obtención de documentos asequibles por la Ley de Libertad de Información (FOIA), y el trámite insume mucho más tiempo. También impusieron ‘reglas mordaza’ a una cantidad sin precedentes de empleados del gobierno», advirtió Aftergood.
Los sitios de «gobierno abierto» en la red mundial de computadoras Internet ofrecen una amplia gama de información.
En las páginas web del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington se puede consultar los manuales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los años 60 a los 80, incluidos los métodos aprobados de abuso de prisioneros.
Además, aparece allí una de las piezas que le faltaban al rompecabezas del golpe de Estado de 1953 contra el ex primer ministro de Irán Mohammad Mossadeq: nada menos que explicaciones sobre el papel que jugaron en aquella instancia los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Y se acaba de publicar la transcripción de telefonemas en que el ex secretario de Estado (canciller) estadounidense Henry Kissinger regañaba a funcionarios de alto nivel por sus gestiones en 1976 contra las violaciones de derechos humanos por parte de las dictaduras militares de Chile y Argentina.
OpenTheGovernment.org es una coalición de 33 organizaciones dedicadas a luchar contra el secretismo gubernamental y promover la libertad de información.
En su sitio apareció hace poco una evaluación del Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa sobre «el impacto posible del fiscal general designado Alberto Gonzales» en «el derecho del público a estar informado», basada sobre los antecedentes del funcionario como juez de la Corte Suprema de Justicia de Texas y como asesor de la Casa Blanca.
El Proyecto FAS sobre Secretismo Gubernamental publica el sitio web Secrecy News. Uno de sus últimos titulares rezaba: «Los estadounidenses pueden ser obligados ahora a cumplir con regulaciones que desconocen y cuya publicación está prohibida».
Como ejemplo, Secrecy News informó sobre el intento de una ex legisladora conservadora de subir a un vuelo comercial.
«Fue conducida aparte por personal de la aerolínea para un registro adicional, incluido un cacheo para detectar armas o material no autorizado. Ella pidió una copia del reglamento que autorizaba el cacheo, pero se le informó que no podría verlo», indicó la publicación electrónica.
La ex legisladora preguntó las razones. Fue en vano: «No estamos obligados», dijo un funcionario de la Administración de Seguridad de Transporte. «Se trata de información delicada de seguridad. Ella no podría verla, ni nadie más», agregó Secrecy News.
La pasajera «se negó a someterse a registro adicional» sin conocer el reglamento secreto, y, por lo tanto, «no fue autorizada a viajar», concluye el relato.
«La variedad de fuentes de información en Internet aumentó sustancialmente durante el gobierno de Bush. Las solicitudes de datos a través de la Ley de Libertad de Información están en aumento, pues alcanzaron los tres millones anuales en 2003», dijo Aftergood.
«Detrás del fenómeno hay un apetito creciente por datos oficiales. Es un impulso saludable que debe ser respetado en una democracia, no desdeñado», argumentó.
Otro sitio, BushSecrecy.org, patrocinado por la organización Public Citizen, documenta la obsesión del gobierno por el secretismo, y explica todos los pasos que deben darse para combatir esta tendencia.
Este sitio aporta vínculos a iniciativas y gestiones del gobierno que suponen trabas a la libertad de información, así como a documentos claves, entre ellos decretos, material legislativo, sentencias judiciales y memorandos de carácter jurídico.
La Coalición de Periodistas por un Gobierno Abierto se estableció «para dar información puntual en materia de libertad de información y sobre lo que hacen las organizaciones de periodistas para promover la transparencia en el gobierno».
El sitio web de la coalición informó que «el Departamento (ministerio) de Seguridad Interna exige a sus 189.000 empleados y a otros funcionarios fuera del gobierno federal la firma de acuerdos de reserva sobre información».
«Romper el acuerdo implicaría perder el trabajo, fuertes multas y penas de cárcel», agrega el informe.
Al igual que otros sitios web, esta coalición transmite un boletín gratuito por correo electrónico. Algunos sitios cobran una suma de dinero por los documentos. Uno de ellos es InsideDefense.com, alimentado por periodistas expertos apostados en el Pentágono, si bien su boletín, The Insider, es gratuito.
Secrecy News reseñó en una de sus últimas ediciones otras fuentes de información en Internet, entre ellas:
— GlobalSecurity.org, que asegura aportar «recursos insondables sobre todos los aspectos de la política nacional de seguridad».
— La Estantería de Recursos ofrece noticias sobre información política del gobierno y vínculos a documentos.
— El Agujero de la Memoria recoge y publica registros y documentos esquivos que han sido retirados del dominio público.
— Cryptome promete una rica colección de documentos nuevos oficiales y extraoficiales sobre política de seguridad.
— El Centro Electrónico de Información sobre Privacidad ofrece documentos desclasificados e informes sobre políticas de criptografía y privacidad.
— El Instituto Nautilus se especializa en políticas sobre armas nucleares y estrategia.
Algunos de estos sitios son dirigidos por ciudadanos particulares, usualmente asociados con universidades. Por ejemplo, la Guía de Documentos Desclasificados y Materiales de Archivo sobre Política Exterior de Estados Unidos y Política Mundial es obra de David N. Gibbs, de la Universidad de Arizona.
Mientras, FOI.net suministra recursos sobre libertad de información en Estados Unidos y en el Extranjero. El sitio es dirigido por Alasdair Roberts, de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Siracusa.
¿Acaso la proliferación de estos sitios electrónicos originó alguna respuesta positiva en las políticas del gobierno de Bush?
«Casi todas las últimas tendencias estadísticas son negativas, en dirección a un mayor secretismo», dijo Aftergood. «Por lo tanto, sería una exageración decir que la tarea de desafiar el secretismo del gobierno ha tenido un impacto.»
«El valor real de este trabajo radica en el hecho de que representa la creación de canales alternativos para el acceso del público a la información gubernamental», añadió. «Es una respuesta constructiva que elimina parte de la vulnerabilidad del público al secretismo oficial.»