La decisión del Senado de posponer la discusión de la iniciativa de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, impulsadas por Televisa y aprobadas de manera acrítica, servil y lamentable por la Cámara de Diputados, es un hecho positivo que pone de manifiesto la sensibilidad y la sensatez que han […]
La decisión del Senado de posponer la discusión de la iniciativa de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, impulsadas por Televisa y aprobadas de manera acrítica, servil y lamentable por la Cámara de Diputados, es un hecho positivo que pone de manifiesto la sensibilidad y la sensatez que han imperado en la casona de Xicoténcatl, así como la eficacia de las expresiones sociales contrarias a esas modificaciones.
Es oportuno recordar que la iniciativa mencionada, cabildeada por el principal consorcio televisivo del país, significaría en los hechos la concentración de las radiofrecuencias concesionadas en manos de las compañías mediáticas más poderosas, las cuales podrían convertirse además, al quedarse con la parte del león de los nuevos servicios digitales, en empresas de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, el engendro de reformas legales elaborado por diputados dóciles conllevaría la marginación de los pequeños y medianos operadores de estaciones de radio, tanto los comerciales como los sociales, los institucionales y los comunitarios.
La iniciativa, en suma, es una apuesta por un modelo de comunicaciones electrónicas oligárquico, excluyente y favorecedor de los grandes capitales, en detrimento de los proyectos televisivos y radiofónicos surgidos de la sociedad, de los pequeños y medianos empresarios y de los centros públicos de educación superior. Los legisladores que lo promovieron, redactaron y aprobaron propugnan, ya sea por perversidad o por una indolencia injustificable, un México antidemocrático, amordazado en sus medios electrónicos por intereses comerciales y financieros, y despojado de una porción irrenunciable de soberanía el espectro radioeléctrico mediante asignaciones y consignaciones al mejor postor.
Por otra parte, cabe hacer notar la incongruencia de dos de los integrantes de la comisión senatorial de Comunicaciones y Transportes, los panistas Diego Fernández de Cevallos y Héctor Osuna, quienes durante muchos meses obstaculizaron en forma sistemática la iniciativa de reformas a las leyes referidas elaborada en el propio Senado, un proyecto mucho más coherente, cuidadoso y consensuado con diversos sectores de la sociedad, y en cambio pretendieron lograr la aprobación al vapor y sobre las rodillas del adefesio redactado y aprobado por la Cámara de Diputados. No hace falta especular para percibir los alineamientos reales de esos legisladores ni ubicar la identidad de sus verdaderos representados.
Desde otra perspectiva, si bien no se ha despejado del todo el peligro de que el año entrante se apruebe el impresentable dictamen de los diputados sobre telecomunicaciones, radio y televisión, debe señalarse que la movilización de personas y colectivos lúcidos y honestos ha conseguido tocar la sensibilidad del Senado y detener, al menos por el momento, la entrega casi total del espectro radioeléctrico a los intereses duopólicos. Con ello termina de descarrilarse, así sea en forma momentánea, el frenesí de reformas legales reaccionarias y antidemocráticas que incluyó, además, la intentona de otorgar al foxismo poderes transexenales para nombrar a funcionarios de dependencias fundamentales de la política financiera y de cercenar a las potestades del próximo Ejecutivo federal la capacidad para controlar tales organismos.
La alianza que detenta el poder el panismo foxista, el priísmo salinista y la bisagra entre ambos, Fernández de Cevallos debiera desistirse de intentar a estas alturas del sexenio nuevas trampas legislativas para perpetuarse en la cima o, al menos, para dejar tras de sí cotos de poder inamovibles, posiciones garantes de la continuidad del neoliberalismo y mecanismos póstumos de concentración de la riqueza, propósitos que no sólo atarían de manos a la próxima Presidencia de la República, sino que significarían una defraudación anticipada de la voluntad popular, la cual debe dar en las urnas, el verano del año entrante, su veredicto sobre esas y muchas otras cosas.