«El derecho a la comunicación no es una cuestión de libertad de expresión, no es una autonomía de línea editorial, en ese ámbito nos estamos jugando los derechos humanos. Solo si logramos el derecho a la comunicación podremos hacer realizable los demás derechos: a la educación, a la salud, a la igualdad económica, a la […]
«El derecho a la comunicación no es una cuestión de libertad de expresión, no es una autonomía de línea editorial, en ese ámbito nos estamos jugando los derechos humanos. Solo si logramos el derecho a la comunicación podremos hacer realizable los demás derechos: a la educación, a la salud, a la igualdad económica, a la dignidad», afirma Francisco Sierra Caballero, director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) con sede en Quito, Ecuador, quien a finales del pasado mes de agosto asistió como expositor principal de la Octava Semana Internacional de la Comunicación organizada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) de Bogotá, así como cumplió con otros compromisos académicos.
Para Sierra Caballero, quien acaba de asumir apenas hace tres meses la Dirección General de CIESPAL, su reto al frente de este importante centro de pensamiento es impulsar una atractiva agenda comunicacional que apueste por la integración regional y el impulso del pensamiento alternativo en esta materia.
En Latinoamérica sostiene este docente universitario español e investigador social de amplia trayectoria, «desafortunadamente no se ha avanzado en una agenda comunicacional común, supranacional, aunque ha habido algunas manifestaciones de representantes de países de Unasur en el sentido que hay que situar el tema en el ámbito de la integración regional. Si hablamos de comunicaciones, de gobernanza de Internet, de copyright, de temas que son estratégicos para el futuro como la soberanía tecnológica, el desarrollo de nuestra industria cultural, requerimos de una agenda común», recalca.
En el ámbito regional, el director de CIESPAL resalta los ejercicios democráticos que en materia de acceso comunicacional se vienen dando en algunos países de América Latina que apuntan a abrir el debate público sobre la regulación y organización de sistemas de comunicación públicos y la definición de una estructura más equilibrada en cuanto a la propiedad de los medios.
Francisco Sierra Caballero, doctor en Ciencias de la Información y posgraduado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNED. Se desempeñó como profesor titular de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde dirigió además el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLÍTICAS) y la Revista para el Desarrollo Social de la Comunicación (REDES.COM). Experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea, ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades y centros de investigación de Europa y América Latina. Autor de numerosos estudios y ensayos en materia de comunicación y desarrollo, políticas de comunicación y teoría de los medios, su último trabajo bibliográfico lleva por título: «Políticas de comunicación y educación. Crítica y desarrollo de la sociedad del conocimiento» (Gedisa, Barcelona, 2006). Es director de Centros Asociados del Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y Secretario Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).
El gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa postuló su nombre para que fuera elegido como director de CIESPAL, centro de pensamiento de la comunicación a nivel hemisférico, por un periodo de cinco años. Desde este organismo internacional fundado por la UNESCO y la República del Ecuador en 1959, se propone generar una sinergia con los sectores sociales, las universidades, los medios de comunicación comunitarios y alternativos, entre otros, para impulsar y desarrollar una estrategia comunicacional a nivel de América Latina que tenga como espíritu la integración, democratización del derecho a la comunicación y el impulso del pensamiento crítico y emancipatorio.
Geopolítica de la comunicación
Aprovechando su presencia en Bogotá, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net dialogó ampliamente con Sierra Caballero y estas fueron sus reflexiones:
– Recientemente en CIESPAL se realizó un interesante conversatorio para abordar el tema de la geopolítica de la comunicación y la integración. ¿Dentro del contexto de disputa política, económica e informativa en que se debate América Latina, qué es la geopolítica de la comunicación?
– Muchos colegas y periodistas me lo han preguntado porque parecería un oxímoron en el sentido de que la política nada tendría que ver con la comunicación. En buena medida porque hay una inercia, una tradición en comunicación muy técnica, muy profesionalista, poco política, y efectivamente en América Latina estamos asistiendo a un proceso de democratización. Lo que hay que situar es el paso de las políticas democráticas a las visiones geopolíticas: procesos de integración, reposicionamiento de la región no tanto solo por el sueño de la Patria Grande sino también porque solo de ese modo América Latina va a poder tener un proyecto propio, autónomo, de cohesión, de desarrollo, de articulación y de identidad para avanzar en los sueños emancipatorios y libertarios. Entonces la geopolítica, la economía política y el pensamiento crítico desde la comunicación es situar una visión estratégica. Ello porque desde la comunicación mercantilista no se tiende a pensar de manera estratégica los procesos, en esta caso geopolíticos, de vertebración de la región, a partir de una visión amplia de los retos que tiene por delante. Y en CIESPAL precisamente el proyecto que tenemos es situar en la agenda pública los procesos de integración regional; la agenda de comunicación en proyectos como Unasur o CELAC; porque de ello depende en buena medida el avance de los mismos, así como la emancipación y el desarrollo de América Latina. Pongamos el caso de los fondos buitre que pareciera que es una cuestión exclusivamente económica pero tiene que ver también con política: cómo están informando; quiénes se informan sobre la situación de la crisis financiera en la región en el caso argentino. Evidentemente son agencias con intereses que marcan enfoques y visiones sobre la economía argentina y la situación que viven otros países. Estamos viviendo un momento en que esa agenda geopolítica es estratégica, por eso vamos a insistir en el análisis en torno a las políticas democráticas y de integración en Unasur, haciendo estudios comparados sobre procesos regulatorios de Uruguay, Argentina, Brasil y desde luego la Ley de Comunicación ecuatoriana. Esa visión comparativa, supranacional, geopolítica, es estratégica, no es un oxímoron. Hay reflexión poca, escasa en el campo académico, y por eso este tipo de temas los vamos a impulsar desde CIESPAL porque creemos que es importante para el desarrollo y los avances democráticos que ha habido en comunicación a nivel regional.
– No obstante el avance tecnológico en las comunicaciones, usted ha señalado que los latinoamericanos estamos desconectados. ¿Por qué?
– Por varias razones: primero no tenemos agenda común, necesitamos políticas públicas que piensen lo supranacional, pongamos el caso de la política de telecomunicaciones para desarrollar las propias tecnologías, para garantizar la soberanía tecnológica y una gobernanza democrática de Internet. Esto no se está planteando de manera articulada o coordinada, se está haciendo de manera aislada, y también conocemos poco porque los medios y las agendas de información vienen marcadas del norte. Conocemos poco de la realidad, por ejemplo en el área andina hay poca conexión entre sus países. Necesitamos avanzar en una agenda común y en una mayor conectividad entre las universidades, en el mundo profesional, en las políticas públicas de comunicación. Aquí cabe un dicho de Néstor García Canclini: somos diferentes, es verdad; desiguales cada vez menos, decía yo, gracias a las políticas de igualdad impulsadas por los gobiernos progresistas de la región, pero estamos desconectados. Para mí esta desconexión desde CIESPAL es estratégica porque si hacemos agendas en común, conectamos a las comunidades académicas, hacemos proyectos de convergencias, sea en telecomunicaciones o en derecho a la comunicación con los movimientos populares, pongamos el caso de los medios comunitarios, estaremos en capacidad de enfrentar los retos que tiene la región en términos de desarrollo económico, de autonomía y soberanía tecnológica, para poner un ejemplo.
Por una perspectiva progresista del derecho a la comunicación
– Democratizar la palabra desde CIESPAL se ha planteado usted como desafío al asumir la Dirección General de esta importante institución. ¿Empecemos por explicar que es CIESPAL, una institución que nació en 1959, y cuáles son los retos de su gestión en los próximos cinco años?
– CIESPAL tiene una larga trayectoria, sin embargo me he encontrado con una institución que no ha ido acompañando los procesos de democratización y por esa razón nos proponemos cumplir tres objetivos: primero, acompañar las luchas de los movimientos populares y de las organizaciones sociales que reivindican el derecho a la palabra y en ese ámbito CIESPAL tiene que cumplir un papel de articulación de pensamiento, de convergencia de movimientos populares de liberación para el desarrollo de una agenda común en el nivel regional. Un segundo objetivo que es más académico pero muy importante, es que tenemos que recuperar la potencia del pensamiento latinoamericano en comunicación. Tenemos que impulsar una comunicología del Sur, un pensamiento desde el Sur para el Sur por cuanto América Latina tiene un pensamiento propio que hay que valorizar porque desafortunadamente en nuestras universidades y en sus mallas curriculares no está ese pensamiento sobre comunicación. Además de ello tenemos una gran potencia creativa y de transformación desde el punto de vista del pensamiento, todo lo cual debe estar valorizado en nuestras universidades, en la formación de periodistas, en la capacitación, en el impulso del pensamiento crítico emancipatorio que ha sido una tradición potente latinoamericana. Y el tercero y fundamental tiene que ver con la capacidad que tiene CIESPAL de articulación entre sociedad civil, organizaciones profesionales, industria cultural, poderes públicos y academia. Y en esa labor de mediación o puente vamos a trabajar intensamente para lograr una perspectiva progresista del derecho a la comunicación y las demandas de reivindicación de la palabra que pide la ciudadanía. Creo que estamos viviendo un proceso de transformación con la convergencia digital, la gente está tomando la palabra, quiere participar en la comunicación, tiene algo que decir y quizás los medios convencionales no están dando esa voz y esa sensibilidad que está demandando la ciudadanía. CIESPAL tiene la labor de articular esos procesos de convergencia para hacer posible que esta dinámica se dé y convertirlo de esta manera en un centro de pensamiento emancipador.
– ¿Desde su óptica de docente e investigador, considera que la comunicación es política?
– Sin duda alguna, si estamos hablando de comunicación estamos hablando de lo común, de la cívicas, estamos hablando de derechos, de ciudadanía. La comunicación es la realización de la subjetividad, de la construcción de ciudadanía, del espacio en común, de la vida en sociedad. Plantear esto no significa hacer grandes esquemas transversales y de complejidad que articulen una reflexión sobre sistemas y contextos. Pensar sistema de comunicación y contextos es justamente politizar las posibilidades de organización del sistema en su entorno. Por tanto pensar la comunicación inevitablemente desde una perspectiva crítica es pensar la política; es pensar la vida en común; y yo soy de la idea de que comunicación es construcción de comunidad, de proyectos de vida común.
Los monopolios mediáticos como actores políticos
– Si la comunicación es política, deontológicamente hablando ¿hasta dónde es legítimo y ético que canales de televisión como NT24 cuya sede está en Colombia, se haya convertido en la Fox News latinoamericana para desprestigiar y atentar contra los gobiernos progresistas de la región? Y también, ¿hasta dónde es legítimo que un gremio conservador como Andiarios que asocia a todos los periódicos colombianos, que no sobra decirlo, son de propiedad del establecimiento, haya asumido una posición netamente política para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de su muy publicitada campaña «Todos somos Venezuela» enviando papel a los diarios de corte fascista en ese país?
– Lo que es legítimo como libertad de expresión es que estos medios de comunicación sean opositores y planteen una crítica permanente a los gobiernos. Lo que no es legítimo es presentar su punto de vista o cualquier otro como ataques a la libertad de expresión. Todos sabemos por ejemplo que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ocultó, reivindicó y defendió la posición de medios como Mercurio en Chile y de otros periódicos de la región que fueron cómplices de la violación sistemática de los derechos humanos en situaciones como la de la Operación Cóndor, y por tanto cuando habla de libertad de expresión hay que plantear cuestiones sustantivas: su acción no es independiente, son emisores con una posición política, legítima, la pueden tener contra un gobierno, pero dese luego lo que no pueden hacer y ahí entramos en el tema de los límites, es, como ha sucedido en Venezuela, organizar golpes de Estado o incitar a la sedición y a la contrarrevolución en procesos de transformación histórica, y ello desde luego no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Y esto está documentado, se pueden comprobar los nexos entre estos medios y la SIP con los procedimientos de sabotaje. Esa posición ya no es legítima. Es legítimo tener una posición editorial contraria al gobierno, pero no lo es coordinar otras formas de organización con la USAID, la agencia estadounidense de «cooperación». A mí lo que me llama la atención es que justamente los que más hablan de libertad de expresión no toleran otras líneas editoriales. Es decir, no aceptan que haya medios públicos en la región, no soportan que otros actores denuncien ciertas prácticas periodísticas que podríamos llamar contrarias al derecho de la información, por lo que tenemos que ir haciendo un poco de pedagogía. Quienes tanto hablan de libertad de expresión son los primeros liberticidas de ella, porque la libertad de expresión consiste en mantener una autonomía de opinión, contraria si quieren al gobierno, pero dese luego respetando el derecho y los derechos humanos. Hemos vivido capítulos recientes como en Ecuador en el que un medio de comunicación se atreve, aprovechando la difusión de canales de televisión en este caso de Colombia, a argumentar que su cierre es debido a una acción de acoso del gobierno. Quien quiera analizar objetivamente los hechos puede constatar que está también objetivamente demostrado que el cierre se debe a otras razones. Yo he tenido recientemente debates en Ecuador sobre la constitucionalidad de convertir la comunicación en servicio público esencial y he escuchado opiniones de representantes de periodistas en contra de esta posición que para rebatirla sostienen que dicha conversión es propio del régimen de Mussolini o del de Franco. Esto significaría entonces que Inglaterra, Alemania, España, Portugal, los países nórdicos que tienen las conquistas más avanzadas en derechos profesionales y en el derecho a la libertad de expresión, son regímenes fascistas, y yo no lo sabía hasta la fecha. Lo que no se puede decir son barbaridades en los medios de comunicación y hacer campañas que son contrarias a la verdad, igual que en España un presidente del gobierno se permite decir que los haberes han aumentado cuando los datos estadísticos demuestran lo contrario, amparándose en la libertad de expresión. Eso es mentir, difamar u orquestar golpes de Estado y esto no lo ampara la libertad de expresión, diga quien lo diga, por tanto hay que situar las cosas en sus debidos términos.
– Las agendas comunicacionales de los monopolios mediáticos vienen impuestas desde el norte. Sin embargo se vienen haciendo esfuerzos por trazar agendas desde el sur. ¿Cuál es su visión? ¿Se está avanzando en ello?
– Creo que muy lentamente. Hay grandes avances en el marco del Estado-Nación. Los procesos regulatorios que ha habido en Argentina, Ecuador, en Bolivia, entre otros, han sido muy positivos pero necesitamos avanzar desde una perspectiva supranacional por el tema de la convergencia digital. El único episodio pero muy puntual de cooperación ha sido la TDT, la Televisión Digital Terrestre con la adopción de la norma nipo-brasileña, que va a permitir un desarrollo de la industria audiovisual propia, con el caso excepcional de Colombia. Desafortunadamente no se ha avanzado en una agenda común, supranacional, aunque ha habido algunas manifestaciones de representantes de países de Unasur en el sentido que hay que situar el tema en el ámbito de la integración regional. Si hablamos de comunicaciones, de gobernanza de Internet, de copyright, de temas que son estratégicos para el futuro como la soberanía tecnológica, el desarrollo de nuestra industria cultural, requerimos de una agenda común. Cierto es que hay voluntad, hay sensibilidad y conciencia de que eso es importante pero creo que hay que avanzar de manera mucho más rápida porque los procesos que se están dando en industrias estratégicas como las telecomunicaciones afectan el desarrollo y la autonomía de los países.
El pensamiento en América Latina ha sido cooptado
– Otra de las limitantes es que la academia en América Latina esta aprisionada y cooptada por el pensamiento del norte y por lo tanto aislada de la realidad de la región. También allí es prioritario lograr revertir la situación…
– Eso está escrito en documentos del Pentágono, en los denominados Documentos de Santa Fe I y II, en los objetivos estratégicos de Estados Unidos respecto de la región. Los años 80 y 90, las décadas neoliberales tenían varios objetivos, uno de ellos es el pensamiento: la universidad, la academia, procesos de cooptación, cambio de agendas de investigación, despolitización del trabajo intelectual de los académicos. Cuando hago una crítica y autocrítica señalo que históricamente los estudios de comunicación han pensado poco estratégica y políticamente. Y si hubo una época dorada de los años 70 de crítica, de pensamiento emancipador, los años 80 y 90 no han pasado en balde en la universidad. Hoy me encuentro que hay procesos de políticas públicas avanzadas en varios países de la región que no están acompañados de las agendas de investigación de los académicos. Hay que investigar cuestiones prioritarias: industria cultural, economía política, derechos humanos, derecho a la comunicación, pensamiento estratégico de integración regional, y no se está haciendo, creo que en general, hay excepciones claro está, que la academia no está a la altura de los tiempos en la formulación de políticas avanzadas por lo que considero que la universidad tiene la obligación moral con la ciudadanía, con sus países, con los pueblos latinoamericanos, con este proyecto de integración y de avance de la región, de estar acompañando estos procesos.
– Volviendo al ámbito de las comunicaciones y desde un punto de vista académico, se podría señalar que el Informe McBride impulsado por la Unesco en 1980 (cuyo título «Voces múltiples, un solo mundo», redactado por una comisión presidida por el Premio Nobel de Paz irlandés Seán MacBride), para analizar el desequilibrio en el mundo en los ámbitos tecnológicos y de la información quedó en los anaqueles teniendo aún tanta vigencia ¿Ese importante diagnóstico comunicacional a nivel mundial quedó en nada?
– Fue boicoteado por los Estados Unidos, quedó en nada, quedó como papel mojado, en proyectos técnicos de capacitación, pero existe el espíritu McBride. La voluntad en CIESPAL y en los espacios críticos y de articulación de pensamiento emancipatorio es justamente revivir en política práctica, concreta a nivel nacional y regional, una agenda en común y si alguien en el mundo puede liderar esta transformación de las industrias culturales y de comunicación es América Latina porque fue la que abanderó las políticas públicas en la UNESCO, precisamente Luis Ramiro Beltrán (periodista y comunicólogo boliviano), a quien este 23 de septiembre le hacemos un homenaje por lo que significó, cómo convocó al pensamiento crítico latinoamericano y de otras regiones para discutir en la década de los 70 lo que fueron los antecedentes del Informe MacBride: una alternativa de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Ese espíritu MacBride hay que recobrarlo y hay que hacerlo desde la academia, desde los movimientos populares, desde las necesidades de los pueblos latinoamericanos y de otros pueblos para hacer alianzas y plantear este reto. Por eso desde CIESPAL nos proponemos discutir el tema de gobernanza de Internet. Queremos la democratización, no puede seguir siendo Estados Unidos el que controle. Y ya no se trata de una batalla de Estados Unidos y la Unión Europea, queremos que haya procesos y gobiernos multilaterales y en esa agenda y en ese espíritu MacBride hemos de avanzar, retomar el legado de ese documento que si hoy hiciéramos el diagnóstico sería mucho más grave de lo que hicieron Juan Somavía, Hubert Beuve-Mary, Gabriel García Márquez, entre otros, que participaron en la elaboración del Informe. El diagnóstico fue terrible, bueno, la situación hoy en día es muchísimo peor que en 1980, razón por la cual hay razones de sobra para ese enfoque político, democrático, de avance, retomando un poco las palabras y enseñanzas del maestro Luis Ramiro Beltrán: necesitamos repensar, articular, revivir ese espíritu MacBride, claro en otro contexto, mucho más complejo, más grave hoy en día desde el punto de vista de concentración del poder de información como se ha descubierto con WikiLeaks y con Edward Snowden.
Necesidad de articular redes y alianzas sociales
– Usted ha señalado la importancia de aprender de los lenguajes de los vínculos. ¿En qué consiste?
– Justamente es un pensamiento muy gramsciano, del concepto de hegemonía, de articular alianzas, bloques históricos, procesos de empoderamiento, coordinación, convergencia. Si CIESPAL tiene una razón de ser como organismo internacional, como centro de pensamiento, es su capacidad de articular redes, por lo que estamos trabajando con actores comunitarios para hacer real un concepto de comunicación para el Buen Vivir capaz de crear procesos contrahegemónicos ante esta situación en la que nos jugamos todo. Yo siempre digo que el derecho a la comunicación no es una cuestión de libertad de expresión, no es una autonomía de línea editorial, en ese ámbito nos estamos jugando los derechos humanos. Solo si logramos el derecho a la comunicación podremos hacer realizable los demás derechos: a la educación, a la salud, a la igualdad económica, a la dignidad. Pongamos el ejemplo de las finanzas y la información, sobre lo cual vamos a convocar un evento para analizar el tema en profundidad. Cuando estamos debatiendo la cobertura sobre los fondos buitre pareciera que hay un mal manejo del gobierno y la agenda viene marcada por cuatro fuentes básicas de información económica internacional: Reuters; Bloomberg del antiguo alcalde de Nueva York, que son virtuales monopolios; Wall Street Journal y Financial Times. Si uno ve la conexión del señor Rupert Murdoch y sus empresas se constata que el 99% de la información financiera internacional está concentrada en el muro de Wall Street. Y evidentemente si quieren destruir una economía como la de España, como la de Grecia o como la de Argentina perfectamente lo pueden hacer. Entonces es una cuestión que tiene que ver con el derecho a la comunicación, a la información pública. Si no acometemos esa lucha y la democratizamos el derecho económico de la autonomía y soberanía de la política financiera de la Argentina o de otro país no se podrá hacer real, o se corre el riesgo de que puedan especular contra una moneda local de cualquier nación. Por ello el derecho a la comunicación y a la información es central para garantizar los derechos humanos, razón por la cual no podemos abstraernos desde CIESPAL de ese reto y de ese deber moral.
Posconflicto en Colombia no solo debe rehabilitar víctimas sino también democratizar derecho a la comunicación
– En su visita a Bogotá tuvo la oportunidad de hablar con funcionarios del Ministerio de Cultura de Colombia sobre su visión en torno de las experiencias de países vecinos en la aplicación de leyes regulatorias de Comunicación. Si bien es cierto que hablar en este país de la posibilidad de una Ley de Comunicación constituye un pecado de lesa patria y quien lo haga no lo bajan de «castro-chavista» (risas), habida cuenta que los medios están más concentrados que en la Argentina con el Grupo Clarín, ¿cuál es la percepción que le dejó la reunión con funcionarios del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos?
– Yo soy de la idea de que Colombia sí o sí va a cambiar. El escenario de posconflicto va a implicar otro espacio público, otra realidad. Es verdad probablemente que las empresas dominantes en el sector y que los profesionales de la información no estén en general a la altura de los cambios pero la sociedad colombiana va a liderar un cambio, va a transformarse. En ese escenario mi percepción es que respecto de muchos derechos, entre los cuales incluyo el derecho a la comunicación, va a haber necesariamente cambios. En ese sentido, me alegra saber que existen muchas expectativas aunque me resulta curioso e interesante ver cómo ha sido el proceso de la política pública en Colombia en esta materia. Empezando por la TDT, en la que el país se ha salido de la norma nipon-brasileña, lo cual le va a perjudicar pues ya lo están viendo los propios sectores interesados que cuando tengan que exportar telenovelas o productos audiovisuales el costo se va a incrementar notablemente en razón a que los otros países tienen otras norma estándar, lo que va a exigir adaptar. En ese escenario lógicamente uno a priori pensaría que no hay condiciones, pero yo soy de la idea de que en Colombia estamos asistiendo a un proceso de transición interesante. Previsiblemente habrá un proceso de democratización y gobiernos de progreso a medio plazo y en esos escenarios abrir el diálogo a los actores desde el Ministerio de Cultura es vital. Y lo que he percibido desde la Dirección General de Política de Comunicación de ese Ministerio es que hay voluntad de escuchar a los actores como primer paso para democratizar la palabra. Por mi parte les he manifestado que tienen todo el respaldo de CIESPAL para acompañar ese proceso de democratización. He percibido también expectativas en sectores de la academia colombiana, del sector de la comunicación, que están un poco recelosos y reacios a debatir o a ilusionarse con un proceso de democratización. Por lo tanto en este escenario yo no hablaría tanto de impulsar una ley que en un marco político de estructura y de teoría del Estado no se dan las condiciones en Colombia, pero en una etapa de transición, dialogar, abrir espacio y foros ciudadanos con los diferentes agentes culturales, movimientos sociales, medios comunitarios y diferentes sectores, construir en los territorios las demandas de acceso y democratización de la palabra puede ser muy positivo y además puede contribuir a esa nueva construcción de dominio público, de espacio público, de democracia deliberativa y de democracia participativa. Puede ser un aporte importante para el proceso de paz, pero sobre todo para una nueva Colombia. Yo estoy ilusionado de que pueda haber ese proceso, intuyo que se va a dar en el momento en que se abra el espacio público. También hay que señalar que el conflicto no puede ser justificante de acusación para que se digan barbaridades como he visto en los medios sobre el actual Presidente de Colombia a quien algunos sectores lo califican como «castro-chavista», y no entiendo cómo esos mismos medios puedan plantear este tipo de temas en la agenda porque no es serio y no pueden seguir el camino de Rupert Murdoch, quien ha sido denunciado en Inglaterra por malas prácticas, por corrupción, por espiar. Creo que ese modelo de malas prácticas periodísticas no son adecuadas. Por eso es tan necesario generar un proceso de abrir la palabra, ciudadanizar los medios, de hablar de ciudadanía cultural, de ciudadanía mediática, de plantear en la agenda la necesidad del derecho a la palabra de los medios comunitarios. Porque Colombia tiene una rica tradición, la más innovadora en toda América Latina y en todo el mundo en medios comunitarios, en comunicación para la paz, en mediación intercultural, esto hay que ponerlo en valor y ya no tanto como resistencia al conflicto sino como propuesta de política de gobierno y CIESPAL va a estar ahí respaldando, auspiciando e impulsando. Quizás los medios no tengan una receptividad tan positiva a ese diálogo pero desde luego harían un flaco favor al país y a su propia legitimidad como empresas y como profesionales de la información ir en contra de un proceso democrático deliberativo sobre cuál es la agenda, y aquí hay experiencias magníficas de medios públicos y comunitarios de ciudadanizar el derecho a la palabra y a la comunicación. Todo esto debe estar formando parte de una política de Estado justamente si queremos que en el nuevo contexto de posconflicto haya ciudadanos a los que se les garantice su dignidad, sus derechos, su palabra, su voz, su memoria, y que por lo tanto tengan espacios de interlocución y de diálogo con el Estado para construir el modelo de país que se quiere. El problema de la comunicación en Colombia no es solo del gobierno sino también de sectores que por décadas de neoliberalismo han dispersado, privatizado, ocluido cualquier espacio común de encuentro. Que no sea entonces una política de Estado o de gobierno la regulación en materia comunicacional sino de proceso constituyente, de articulación, de modelo de comunicación deseable para crear ciudadanos que tengan la posibilidad de ejercer su derecho a la cultura, porque el posconflicto no solo debe rehabilitar a las víctimas sino también hacer posible el reconocimiento del ciudadano en el espacio público, en la platea mediática, y eso los profesionales y los medios lo deben entender, si no van a sufrir la desconexión o afrontar una crisis irreversible de legitimidad y credibilidad.
Fuente original: http://www.cronicon.net/
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