Hace apenas 18 años -el tiempo justo de tres periodos sexenales y de cuatro campañas presidenciales-, en la contienda presidencial de 1988, las pantallas de la televisión mexicana, privada y estatal, estaban cerradas para los partidos opositores. Televisa, el ya desde entonces poderoso consorcio de medios de comunicación electrónica, negó el acceso a sus señales […]
Hace apenas 18 años -el tiempo justo de tres periodos sexenales y de cuatro campañas presidenciales-, en la contienda presidencial de 1988, las pantallas de la televisión mexicana, privada y estatal, estaban cerradas para los partidos opositores. Televisa, el ya desde entonces poderoso consorcio de medios de comunicación electrónica, negó el acceso a sus señales a los candidatos opositores, Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional (FDN), y a Manuel J. Clouthier, del PAN.
La prensa y la radio de entonces, con algunas excepciones, se habían abierto a la crítica, a la pluralidad política y electoral que reclamaban los ciudadanos que aspiraban a la llamada «transición democrática». Pero en ese año, la televisión, sobre todo el consorcio Televisa, seguía renuente a lo que era una aspiración generalizada: la apertura de los medios a los aspirantes presidenciales opositores. La cerrazón de Televisa, el poderoso grupo mediático que entonces seguía siendo «un soldado del presidente» y que no ocultaba su preferencia priísta, no era más que una réplica del autoritarismo oficial. Gobernación ordenaba y Televisa obedecía.
Eran tiempos, los de 1988, de la gran ruptura al interior del PRI, de la salida de ese partido de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, entre muchos otros; tiempos del reagrupamiento de la izquierda mexicana en el entonces impensable FDN -que fue el antecedente del PRD-, y del nacimiento de lo que luego fue conocido como «la ola azul», en referencia al explosivo crecimiento de Acción Nacional. Pero también eran tiempos de protesta y de congruencia política.
Cárdenas y Clouthier, los dos poderosos tractores que abrieron surcos y empujaron la transición democrática mexicana, no dudaron en encabezar la protesta, desde sus respectivas trincheras, y en presidir numerosas marchas y plantones contra la cerrazón de Televisa, en cuyas pantallas no aparecían ni siquiera pagando los elevados costos del tiempo aire. Con la boca tapada en señal de protesta por la censura impuesta desde el gobierno de Miguel de la Madrid -censura obedecida de manera puntual por Televisa-, Cárdenas y Clouthier llegaron al extremo de proponer a los votantes un «boicot contra Televisa». Eran tiempos de verdadera oposición y de congruencia.
Así, mediante una efectiva comunicación de boca en boca, a través de los billetes de circulación cotidiana, de volantes y en plantones y mítines, los candidatos presidenciales del PAN y del FDN llamaron a los ciudadanos a apagar los canales de Televisa, en tanto que los anunciantes fueron invitados a retirar sus patrocinios. La arenga y la consecuente reacción social resultaron efectivas. Aunque de manera tardía, Televisa abrió un resquicio que permitió a los electores ver y escuchar en las pantallas de la televisión privada, hacia el final de la contienda, a los candidatos Cárdenas y Clouthier. Televisa entendió no sólo el significado de la democracia; el gobierno del pueblo, sino que pulsó la fuerza social.
La farsa como ley
Y viene a cuento el ejercicio memorioso porque 18 años después, luego de tres gobiernos sexenales y de cuatro campañas presidenciales -las de 1988, 1994, 2000 y 2006-, de por lo menos cinco reformas políticas, de que finalmente está entre nosotros la alternancia en el poder y una naciente democracia con procesos electorales son creíbles y al margen del poder presidencial, el poderoso grupo Televisa -ahora encabezado por el joven Emilio Azcárraga Jean-, no sólo se niega a reconocer los nuevos tiempos democráticos, sino que se empeña en regresar al pasado.
En los más recientes 18 años, el poder de la televisión privada, en especial de Televisa, pasó de ser un poder mediático sometido al poder presidencial -sometimiento que le permitió llegar a donde está-, al establecimiento de una nueva jerarquía de los poderes institucionales, en donde el poder de la televisión, Televisa y Televisión Azteca, se ha colocado por encima de las instituciones. En esos 18 años -suficientes para que una generación alcance su mayoría de edad-, el poder fáctico de la televisión y las televisoras es tal, que igual que en 1988, son capaces de condicionar las contiendas presidenciales. Por increíble que parezca, por absurdo que se antoje, en 2006 vivimos una situación similar a la que vivieron los electores en 1988.
Sí, en ese 1988 Televisa prohibió que los presidenciables opositores aparecieran y se expresaran en sus pantallas. Lo hizo por convicción y porque dependía del poder presidencial en turno. En 2006, ya sin la atadura del poder presidencial, pero con la certeza de que su poder construye o destruye a quienes aspiran al poder público, Televisa condiciona la difusión de los mensajes de los presidenciables, en sus canales, al reconocimiento legal, institucional, de su poder mediático. Televisa intenta legitimar la nueva jerarquía de los poderes, en donde el poder fáctico de las televisoras está por sobre los poderes institucionales.
Y es que la pretensión de imponer a toda costa la llamada «ley Televisa» -un conjunto de reformas a las leyes de Radio, Televisión y de Comunicaciones, en donde se sacrifica el beneficio social y se privilegia el beneficio empresarial, y en donde se le arrebatan al Estado facultades fundamentales para la regulación del espectro televisivo y radioeléctrico-, y las groseras presiones ejercidas sobre un blandengue Congreso mexicano, no son otra cosa que la consumación de esa nueva jerarquía de los poderes. La confirmación y hasta legalización de la televisión como poder fáctico, capaz de construir o destruir candidaturas a puestos de elección popular; sean diputados, senadores, gobernadores, jefes de gobierno o al mismísimo Presidente de la República.
El poder de facto
Pero el problema, como dice el refranero, «no es del indio, sino del que lo hizo compadre». Desde aquel 1988, la elección presidencial de la que surgió como presidente «ilegítimo» Carlos Salinas, los opositores sabían que una parte fundamental de la reforma política para transitar hacia la democracia era la reforma de la relación de los medios, en tiempos electorales, con el poder público y con los aspirantes a ese poder. Temerosos de enfrentarse al poder mediático, ni el PRI, ni el PAN, y menos el PRD, se atrevieron a tocar a las empresas de la radio y la televisión siquiera con el «pétalo de una reforma». Para qué una reforma, si era más fácil hacer lo que siempre hizo el PRI.
Todos prefirieron congraciarse con un poder cuya alianza resultaría decisiva -en los tiempos de elecciones competidas y creíbles y en la era de la globalización mediática-, por su probada presencia e influencia. Más aún, en el primer gobierno de la transición y la alternancia, como el de Vicente Fox, se olvidaron las protestas del Maquío Clouthier contra ese poder despótico de la televisión y la urgente modernización de la ley respectiva y, en cambio, se le entregaron más prerrogativas a los empresarios de la televisión y la radio. Sólo hay que recordar el decretazo. Y por si fuera poco, en su ambición desmedida de poder, el que había sido señalado como el elegido para suceder al «gobierno del cambio», el señor Santiago Creel, se atrevió a regalar casas de juego a Televisa, a cambio del favor mediático del poderoso consorcio. Parecía más rentable pagar favores que reglamentar.
Pero el asunto no se quedó en eso. Los ejecutivos de Televisa sabían y saben bien que sin reglas que acoten su poder en tiempos electorales -como ocurre en las democracias de la Unión Europea-, tienen a merced de su poder mediático y fáctico, y de sus ocurrencias empresariales, a todos aquellos que aspiren al poder público. Comen en su mano los que aspiren a ser parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y hasta Judicial. Por eso calcularon el momento del golpe final. Es decir, planearon el mejor escenario para impulsar la «ley Televisa». Y esos tiempos ideales eran los tiempos electorales, una ruta precisamente el parejo de la elección presidencial de julio de 2006. ¿Por qué en esta fecha? ¿Por qué no cuando inicio el gobierno de la alternancia? ¿Por qué no cuando inicie el próximo gobierno?
Precisamente por eso, porque los actuales son tiempos de impunidad. Los partidos políticos, los candidatos al Congreso, y los aspirantes presidenciales, todos, están dispuestos a vender no sólo su alma al Diablo, sino sus principios, su ideología, su congruencia, todo, con tal de alcanzar el poder, y sobre todo el poder presidencial. Si para ser presidentes los señores Obrador, Madrazo y Calderon requerían doblar la cintura ante Televisa, estarían dispuestos a todo. Y en efecto, los tres la doblaron.
Candidatos farsantes
Pero si resulta una grosera farsa democrática la maniobra de Televisa frente a la ley que por todos los medios intenta imponer, no es menos grosera y menos farsante la actitud asumida por los tres más importantes partidos políticos y sus respectivos candidatos presidenciales. Hoy se escandalizan desde el periódico oficial, pasando por los intelectuales que se dicen de izquierda y hasta el candidato López Obrador, porque las representaciones del PRI y el PAN en el Senado de la República se dicen dispuestos a aprobar la «ley Televisa». ¡Que horror, el PRIAN fue doblegado por Televisa!, gritan a los cuatro vientos.
Pero se les olvida que el PRD, el PAN y el PRI, el PVEM , el PT y Convergencia aprobaron esa misma ley, por unanimidad y sin discusión, en la Cámara de Diputados. Y esa impensable unanimidad se dio apenas el pasado 1 de diciembre de 2005. Más aún, sin esa unanimidad y sin esa aprobación, no habría llegado la minuta de la «ley Televisa» al Senado. El asunto resulta más ridículo y la farsa es aún mayor cuando el senador ex priísta, hoy perredista del primer círculo de López Obrador, Cesar Raúl Ojeda, grita que dará a conocer nombres y apellidos de senadores priístas y panistas quienes por intereses personales aprobarán la «ley Televisa». Cuánta congruencia. Sólo que se le olvida al senador tabasqueño que también tendrá que dar los nombres de los perredistas que en la Cámara de Diputados promovieron activamente la aprobación de esa ley.
Tendrá que dar los nombres y los intereses que movieron a Pablo Gómez, el jefe de los diputados del PRD, y a toda la bancada de su partido que decidieron aprobar la «ley Televisa». Pero sobre todo tendrá que dar el nombre y los intereses de la diputada tabasqueña Dolores Gutiérrez, entre muchos otros, que hace tres meses defendían ardorosamente la «Ley Televisa», que aprobaron esa reforma, y que hoy esconden la cabeza como si nada. Una perla al respecto. La diputada Dolores Gutiérrez, exitosa periodista de radio en Tabasco hasta hace tres años, severa crítica de López Obrador, al que calificaba de un peligro en el poder, fue llevada a la Cámara de Diputados por la entonces dirigente del PRD, Rosario Robles. A la vuelta de los meses, cuando la señora Robles fue defenestrada, Dolores Gutiérrez cambió de cachucha, despotricó contra Rosario Robles, se volvió más lopezobradorista que Nico, activa promotora de AMLO y, por si fuera poco, como secretaria de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, fue la principal promotora de la «ley Televisa». Decía que era una ley «maravillosa». ¿Qué le dieron a cambio? Esto también tendrá que explicarlo su paisano Raúl Ojeda.
PRD: farsantes
Y es que a pesar de que hoy el PRD intenta «sacarle al bulto» y «lavarse la cara», la realidad es que con el aval de AMLO, todo el grupo parlamentario del PRD en San Lázaro intentó congraciarse con Televisa. Por eso el candidato presidencial del PRD ordenó el aval a la «ley Televisa» en San Lázaro. Y por eso hoy juega a la farsa de la oposición a esa ley, cuando juntos el PAN y el PRI pretenden sacarla adelante en el Senado. Más aún, si desde ese 1 de diciembre de 2005 todos los partidos aprobaron, por unanimidad, la «ley Televisa» en San Lázaro, desde entonces el candidato presidencial López Obrador guardó silencio, no dijo ni una palabra, lo mismo que los dirigentes del PT y Convergencia, sus aliados electorales, lo mismo que Felipe Calderón y que Roberto Madrazo. Todos guardaron un silencio cómplice.
Y entonces aparece una pregunta elemental. ¿Por qué hasta ahora habla López Obrador? ¿Por qué hasta ahora expresa una débil protesta? No por congruencia, no porque esté en contra, no porque pretenda arremeter contra Televisa. No, la respuesta es muy simple. Habla hasta ahora, se queja de manera suave, porque es parte de la farsa que montaron todos los partidos y todos los candidatos para aprobar la «ley Televisa». López Obrador se queja de manera débil, porque sabe bien que la ley ya está cocinada, y que se cocinó con el aval del PRD y del candidato López Obrador en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. El Senado es sólo la «cámara revisora». Pero fue en la Cámara de Diputados donde se elaboró la ley, donde se dieron los pasos iniciales para sacarla adelante, donde se dio el aval a una reforma elaborada en las oficinas de Televisa.
¿Por qué el periódico oficial, el propio López Obrador y todos los perredistas no alzaron la voz en la Cámara de Diputados? ¿Por qué se quedaron callados, porque avalaron? Porque estuvieron de acuerdo en la «ley Televisa» y porque hoy que ya es prácticamente un hecho su aprobación, quieren pasar el costo al PAN y al PRI, partidos cuyos candidatos, Roberto Madrazo y Felipe Calderón, también son parte de la misma farsa. Lejos están Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo Pintado y Felipe Calderón Hinojosa de la estatura de Cárdenas y Clouthier en 1988. Y si no, al tiempo.