Hace más de diez días que no hay rastros del testigo clave contra el genocida Miguel Etchecolatz. Mientras tanto, crecen las amenazas a la Justicia, querellantes y organismos de derechos humanos. La búsqueda del albañil Jorge Julio López, que mantiene en vilo a toda Argentina, continúa en diversos puntos periféricos de la ciudad de La […]
Hace más de diez días que no hay rastros del testigo clave contra el genocida Miguel Etchecolatz. Mientras tanto, crecen las amenazas a la Justicia, querellantes y organismos de derechos humanos.
Sin embargo, a medida que pasan los días, la hipótesis del secuestro va ganando fuerza. Nilda Eloy, ex detenida-desaparecida, querellante y testigo junto con el albañil de 77 años, fue contundente en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo que encabezó el miércoles pasado para exigir al gobierno nacional la «aparición con vida ya» de su compañero.
«La mayoría de los indicios apuntan a que López fue secuestrado por la patota de la Policía Bonaerenese de la derecha fascista», dijo Eloy al leer un documento que fue suscripto por decenas de organismos de derechos humanos, partidos políticos, ONG y movimientos sociales.
Según las argumentaciones de ese mismo documento, el primer indicio es que «Julio fue uno de los testigos claves para que Etchecolatz fuera condenado a reclusión perpetua en una cárcel común».
López estuvo detenido-desparecido en el centro clandestino conocido como el Pozo de Arana y en la comisaría 5ª de La Plata. En el juicio identificó a Miguel Etchecolatz -que en ese entonces era la mano derecha de jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps- como su torturador. El testimonio del albañil también fue clave para desentrañar el fusilamiento de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco, un matrimonio asesinado por orden directa de Etchecolatz.
Además, en la marcha se recordó el secuestro que sufrió en el 2004 el fiscal del juicio, Carlos Dulau Dumm, y las amenazas para que éste se apartara de la causa; así como las intimidaciones que sufrieron los querellantes, testigos y abogados antes, durante y después del proceso contra el represor. «El aparato represivo intentó amedrentarnos: anónimos, amenazas telefónicas, aprietes fueron usados contra aquellos que ponían en riesgo la impunidad de la que gozaron durante 30 años», aseguró Eloy.
En este sentido, también debe tenerse en cuenta la carta recibida en las últimas horas por el presidente del tribunal que juzgó a Etchecolatz. Según la versión que difundió el diario Página/12, el texto sostiene: «Sabemos que usted, directa o indirectamente, está recibiendo presiones del Gobierno para actuar en función de los intereses que agredieron a la Nación y que hoy desde los cargos de poder, NO buscan Justicia sino venganza».
La carta, que llegó por correo al despacho del juez Carlos Rozanski, sigue con una serie de largas recomendaciones para luego concluir en una clara amenaza: «Le SUGERIMOS VEHEMENTEMENTE QUE NO ceda ante estas presiones». De lo contrario, «¡¡¡RENUNCIE!!!» y «sepa que esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo deberán rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial».
Pero Rozanski no fue el único magistrado que recibió la intimidación. El mismo texto, en sobre cerrado, con igual remitente («III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo-Barcelona-España»), llegó a manos de otros jueces y fiscales del interior del país que también investigan causas por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Para las organizaciones que encabezaron la marcha del miércoles, ésta y otras amenazas, así como la desaparición de Jorge Julio López, tienen una motivación evidente: «los genocidas saben que con esta sentencia (por la de Etchecolatz) peligra la impunidad de la que gozan, saben que esa es la puerta para que condenados sean todos». Por tal motivo, «no admitimos que se nos diga que (López) puede estar perdido debajo de un puente. ¿Tantos puentes hay en la zona de La Plata que las fuerzas de seguridad aún no pudieron encontrarlo?», se preguntaron.
De la misma forma, Nilda Eloy señaló en diálogo con APM que la idea de una desaparición accidental es insostenible para cualquiera que conozca a López, porque mostró una actitud inquebrantable y una gran disposición para dar su testimonio ante la Justicia desde 1999, cuando declaró por primera vez.
Incluso, el propio presidente Néstor Kirchner parece más inclinado hacia la hipótesis del secuestro. En un acto oficial, ofreció a los tribunales que juzgan delitos de lesa humanidad toda la estructura del Estado para solicitar protección a testigos. Asimismo, advirtió que, independientemente de como se resuelva el Caso López, los hechos demuestran que «el pasado no está ni derrotado ni vencido; al contrario, cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que está presente».
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián, ordenó hace una semana atrás una nueva purga en la Policía Bonaernse para separar de la fuerza a 60 efectivos que se desempeñaron en diferentes centros clandestinos de detención durante la última dictadura. Lo que cabe preguntarse, e investigar, ahora es cuántos represores actúan todavía en las Fuerzas Armadas, en las diferentes fuerzas de seguridad, como la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, y sobre todo en la SIDE.
Una de las líneas de investigación que trascendió recientemente indica que la desaparición de Jorge Julio López podría estar relacionada a una célula de ex policías bonaerenses vinculados a agencias de seguridad privada. Si bien este dato aún no pudo confirmarse, se trata de una pista para nada desdeñable si se tiene en cuenta la participación de estos elementos con la seguridad privada y de ésta como espacios de contención para los agentes del terrorismo de Estado desplazados de sus cargos en las últimas dos décadas.
En estas agencias los represores de antaño no sólo pueden seguir trabajando, sino que cuentan además con un aparato organizado para actuar según sus intereses, evadiendo cualquier tipo de control bajo la sombra de la impunidad.
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Durante la década de 1990, las compañías de seguridad proliferaron como hongos en toda América Latina, al punto tal que en algunos países, como El Salvador y Honduras, los efectivos privados de seguridad superan en cantidad a los cuadros policiales del Estado. El armamento y la tecnología que utilizan estas agencias, en su mayor parte de origen transnacional, también están en creciente desarrollo, a veces superando los propios recursos públicos.