Hoy se cumplen 13 meses de la injusta detención de nuestros familiares y compañeros, detenidos el 16 de julio de 2004 para convertirlos en prisioneros de la llamada Causa Legislatura . Son 15 hombres y mujeres que ese día participaron de una movilización contra el Código Contravencional Por tercera vez, la justicia les ha negado […]
Hoy se cumplen 13 meses de la injusta detención de nuestros familiares y compañeros, detenidos el 16 de julio de 2004 para convertirlos en prisioneros de la llamada Causa Legislatura . Son 15 hombres y mujeres que ese día participaron de una movilización contra el Código Contravencional Por tercera vez, la justicia les ha negado la excarcelación. La primera, la jueza Silvia Ramond. La segunda, la misma Cámara que liberó a María Julia Alsogaray y Omar Chabán, alegando que podían fugarse. La tercera, el tribunal oral Nº 17, el mismo día que la justicia se la concedió a Raúl Castells, a pesar de haber presentado una «caución moral» que garantizaba el pleno cumplimiento del proceso legal, firmada por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo; el Serpaj; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; el cura de la iglesia de Constitución y el pastor de la Iglesia Metodista Evangélica de Flores.
Hoy comienza su huelga de hambre Pablo Martín Amitrano , 30 años, porteño, vendedor de panchos. Es la única manera que tiene un inocente tras las rejas de expresar lo que siente: desesperación por la indiferencia, por la injusticia, por el abuso de sus derechos.
Nosotros, sus familiares y compañeros, sabemos que Pablo es el primero pero no el último de los prisioneros que escogerá este camino de exponer su salud -lo último que les queda- para que los escuchen.
No pudimos, en estos largos 13 meses, defenderlos de los atropellos judiciales, quizá porque no quisimos que sean utilizados por las internas políticas ni los shows mediáticos. Aún así, comprobamos hoy que el gobierno los sigue utilizando como un « caso testigo » para vaya a saber qué especulación electoral.
Nuestros familiares, nuestros compañeros, son mujeres y hombres sin militancia política; trabajadores a los que solo les quedó la calle para ganar el sustento de sus familias. Gente pobre, que conoce sus derechos y los defiende.
Si gente así está hoy injustamente detenida, alejada de sus hijos, sus madres, sus familias, es porque algo muy grave sucede en la Argentina.
Hoy, hay 15 hombres y mujeres acusados de privación ilegítima de la libertad y coacción agravada por participar de una manifestación, sin más pruebas que los testimonios de los policías que los atraparon de civil, sin identificación Es grave que esto suceda, pero mucho más que una, dos, tres veces, la justicia lo convalide. Es grave que el fiscal encargado de acusarlos ni siquiera se tome la molestia de mencionar en su alegato a algunos de los detenidos, pero más grave es que solo unos pocos se indignen por esto.
Así, cada uno de estos hombres y mujeres se fue convirtiendo en un «paquete» llamado Causa Legislatura mediante el cual el poder político-judicial nos quiere hacer creer que ha investigado los sucesos ocurridos en la Legislatura, el día en que se transformó en un escenario montando para dirimir las internas del gobierno (varios ex funcionarios que cayeron ese día ya dieron cuenta de ello en sus declaraciones públicas) y arrasar con los derechos de los que menos tienen, pero no se callan.
Con dolor, pero con firmeza y como desde hacer 13 meses, acompañeremos el reclamo de justicia de nuestros familiares y compañeros hasta que nos escuchen.
Nuestro mensaje es simple: tenemos derecho a reclamar trabajo, tenemos derecho a manifestar nuestra opinión públicamente, tenemos derecho a protestar contra una norma que nos obliga al hambre. Nos han hecho creer, sin embargo, que con la Causa Legislatura se cruzó un límite. Nos han refregado los embates a la puerta del Palacio Legislativo para que así lo creamos. Pues bien: trece meses después para nosotros está claro qué límite se cruzó ese día. Ninguno de los detenidos ha sido identificado como el autor de esos desmanes, pero ahí siguen: encerrados.
Hacemos responsable al gobierno de haber cruzado un umbral, de haber convertido en rehenes de la política a nuestros familiares y compañeros, violando todos los límites de nuestros derechos hasta convertirlos en delitos.
Sabemos que la realidad de nuestro país está repleta de conflictos; que no es fácil -por más que nos lo quieran hacer creer- que la justicia sea justa, que la política sea limpia, que la democracia sea democrática. Pero también sabemos que si desde hace 13 meses hay 15 hombres y mujeres inocentes tras las rejas, es porque algo más injusto, más sucio y más autoritario estamos permitiendo que suceda.
Todos podemos hacer algo para exigir la libertad de los presos y presas de la Legislatura: hablar de ellos, hablar con ellos, gritar sus nombres en un cartel o en una carta.
Cualquier cosa que hagamos es importante.
Cualquiera, menos el silencio.
Familiares y compañeros de los presos y presas de la legislatura
Quienés son los 15 hombres y mujeres de la «Causa Legislatura»:
Cárcel de Ezeiza
Marcela Sanagua: 28 años, 2 hijos de 10 y 2 años. Mujer en situación de prostitución.
Margarita Meira: 55 años. Fundadora del Comedor Comunitario «Madres de Constitución», 3 hijos, una nieta y otro en camino.
María del Carmen Ifrán Ferreira: 55 años, un hijo y un nieto. Mujer en situación de prostitución
Antonio Israel Medina: 21 años. Vendedor ambulante de garrapiñadas.
Cárcel de Marcos Paz
Horacio Daniel Ojeda: 29 años, dos hijos. Vendedor ambulante.
Cárcel de Devoto
Eduardo Marcelo Ruiz: 31 años, 2 hijos, de 10 y 3 años. Vendedor ambulante.
Jorge Antonio Nieva: 41 años, militante GLTTB de derechos sociales y políticos.
Eduardo Héctor Suriano: 46 años, ayudante de albañil.
Fabián Scaramella: 26 años, dos hijos, albañil y vendedor ambulante.
Héctor Gómez: 36 años, un hijo. Vendedor ambulante.
César Gerez: 29 años, un hijo. Vendedor ambulante.
Carlos Santamaría: 22 años, tres hijos, de 4, 3 y 1 año. Vendedor ambulante de garrapiñadas en invierno y de anteojos de sol en verano.
Jesús Fortuny Calderón: 35 años, tres hijos, anticuario.
Adolfo Sánchez: 23 años, dos hijos. Albañil.
Pablo Martín Amitrano: 30 años. Vendedor ambulante de panchos