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Muchos procesos, pocos juicios y menos condenas a genocidas

Un balance contradictorio en Derechos Humanos

Fuentes: La Arena

Sobre el final del año algunas novedades implicaron más procesamientos para ex oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que reforzó la idea de que hubo avances en derechos humanos. Eso sí, por ahora militares condenados no hay ninguno. Antes que la feria judicial de enero sosiegue las actividades de los juzgados federales que anidan en […]

Sobre el final del año algunas novedades implicaron más procesamientos para ex oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que reforzó la idea de que hubo avances en derechos humanos. Eso sí, por ahora militares condenados no hay ninguno.

Antes que la feria judicial de enero sosiegue las actividades de los juzgados federales que anidan en avenida Comodoro Py 2002, hubo noticias frescas en la causa de la Escuela Mecánica de la Armada (Esma). Este fue uno de los casi 500 centros clandestinos de detención, torturas y muerte que funcionaron durante la dictadura militar.

El juez Sergio Torres dictó el procesamiento con prisión preventiva de 33 oficiales que actuaron en ese antro, de los cuales 8 son nuevos imputados en la megacausa. El resto, encabezado por los viejos conocidos del expediente, Jorge «Tigre» Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Radice, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, etc, ya estaba detenido. La fuerza naval había sufrido otra baja el mes anterior, cuando el juez federal de Mar Plata ordenó la detención del contraalmirante retirado Juan Carlos Malugani, ex jefe de la base naval de Mar del Plata, que también hizo las veces de centro clandestino.

Con esos procedimientos se engrosó la estadística que meses atrás había presentado el subsecretario de derechos humanos de la Nación, Rodolfo Matarollo, ante un comité de la ONU. Según ese estudio, en el país había abiertas mil causas contra responsables de violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura. Unos 230 represores estaban presos. La abrumadora mayoría de éstos, comenzando por el ex genocida Jorge R. Videla, está en sus respectivos domicilios, gozando de la exención de prisión alegando tener más de 70 años de edad. Una minoría está en establecimientos carcelarios por haber violado las condiciones de arresto domiciliario, entre ellos el ex general Carlos G. Suárez Mason, que murió estando alojado en Marcos Paz.

Completando un panorama de cambios en cuanto a la Esma, el predio de la misma -que fuera destinado a museo de la Memoria en marzo de 2004- ya fue desocupado por todas las escuelas de la Armada, que en estos dos años hicieron todo el lobby posible para no irse. Los padres de los alumnos, el obispo castrense Antonio Baseotto y el abogado Florencio Varela, defensor de varios responsables de la represión, hicieron numerosos actos en la puerta, sobre avenida Libertador, para clamar en contra del traslado.

Esa resistencia cavernícola fue inútil. El último mes el gobierno inauguró varias secciones del Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos. Este puede visitarse en el lugar que antes fue la capital regional de la muerte, cuando la fuerza naval estaba capitaneada por el almirante Emilio E. Massera, quien decía combatir por la vida.

Mejor que en Chile

Las diligencias del juez Torres y las de su colega Daniel Rafecas en lo tocante al Primer Cuerpo de Ejército, más las que llevan adelante jueces federales del resto del país, infunden más ánimo en los familiares de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Contradictoriamente, cada una de esas medidas desata la furia de los detenidos y sus familiares, más la de sectores cavernícolas alojados en las propias Fuerzas Armadas, en actividad pero sobre todo en retiro, parte del clero, del empresariado y el mundillo político, etc.

Una expresión de descontento con aquellos procesamientos, que pueden anticipar futuras condenas a esos mismos personajes, fue dada por los actos de mayo y octubre último realizados por ese espectro de ultraderecha en la Plaza San Martín. «Argentinos por la Memoria Completa» y «Víctimas del Terrorismo en Argentina» fueron los convocantes de superficie de esas manifestaciones que reclamaron la impunidad vía una amnistía completa para todos los militares procesados y los primeros condenados, caso del comisario Miguel Etchecolatz.

Frente a ese coro que clama por una «solución política» al problema de los juicios -un revival de la consigna de los militares «carapintadas» en la Semana Santa de 1987-, desde el campo de la democracia se defiende lo actuado por la justicia, aunque esta defensa debería estar más matizada, como se verá más adelante.

Los defensores de lo actuado aquí ponen en la balanza, en contraste, lo sucedido en Chile. Cuando falleció el ex dictador Augusto Pinochet, los organismos de derechos humanos trasandinos deploraron que la muerte del tirano no hubiera estado precedida de una condena judicial y recordaron que en Chile hay sólo diez militares detenidos por las atrocidades cometidas entre 1973 y 1990.

En ese sentido hay a favor de nuestro país no sólo una cuestión cuantitativa de procesados y detenidos. Fundamentalmente la diferencia a favor se cuenta en términos políticos: aquí no es previsible que la muerte de Videla sea honrada en el Colegio Militar con una ceremonia y honores propia de un ex comandante en jefe.

Pero de allí a las exageraciones suele haber sólo un paso. En el mejor momento del alfonsinismo, algunos de sus partidarios llegaron a decir que su juicio a las ex Juntas Militares había sido superior al juicio de Nuremberg. Nada que ver. En Alemania, luego de la finalización de la Segunda Guerra, hubo un proceso a los jerarcas nazis capturados que terminó con 12 condenas a la horca, 7 condenas a prisión perpetua y 3 absoluciones. Nuremberg sería el equivalente a lo que se ha cantado en numerosas marchas de derechos humanos en Argentina: «Paredón, paredón, a todos los milicos que vendieron la Nación». Y obviamente nada de eso ha sucedido.

Todo lo que falta

La enumeración de lo hecho sirve también, visto desde otro ángulo, para saber cuánto falta en derechos humanos.

Es para reflexionar que el único ex militar condenado fue el capitán Adolfo Scilingo, que recibió 670 años de prisión por parte de la justicia española que lo juzgó por su participación en los vuelos de la muerte.

Pero los tribunales nuestros no han condenado a ningún militar. Etchecolatz es un policía retirado y el «Turco Julián», también procede de esas filas. En ese aspecto suena vergonzoso que a treinta años de sus crímenes, personajes como Videla, Massera y el general Luciano B. Menéndez, por citar sólo a tres, aún no hayan ido a juicio (los dos primeros sí fueron en 1985, pero luego resultaron indultados, valga la aclaración). ¿Cuándo serán sentados ante un tribunal para que se haga justicia? ¿Acaso el gobierno y los jueces desconocen que justicia lenta no es justicia? Salvo que estén esperando que se mueran y que la señora naturaleza les diga a esos señores que los busca la parca, y se eviten así el tener que leerles los cargos y arriesgarse a votar las condenas.

Esos casos de parálisis son emblemáticos. Menéndez afronta cuatrocientas causas sustanciadas en Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Catamarca y demás provincias que son asiento del Tercer Cuerpo de Ejército. Pero nunca fue enjuiciado ni condenado. ¿Lo será alguna vez o saldrá del paso arguyendo, como Pinochet, una demencia senil u otra excusa?

Según los últimos relevamientos, en la dictadura funcionaron 488 Centros Clandestinos de Detención. Como hasta el informe Matarollo existían 230 represores detenidos, el presidente Néstor Kirchner urgió a la justicia a avanzar hacia los juicios. Lo hizo con una ironía ajustada a la realidad, marcando la diferencia entre la cantidad de CCD y represores presos, al preguntarse si los detenidos no tenían vigilancia.

Once días atrás, al entregar los premios «Azucena Villaflor», el jefe del Ejecutivo volvió a reclamar la aceleración de las causas. «No puede ser que las expedientes estén parados meses y años en Casación y otros lugares», se quejó.

Todo el mundo sabe que en Casación están magistrados como Alfredo Bisordi y fiscales como Juan M. Romero Victorica, que han cajoneado años las causas por derechos humanos. Kirchner lo sabe muy bien. ¿Por qué no toma medidas para cambiar sus integrantes como hizo al comenzar su gobierno con la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Es de esperar que en 2007 llegue por fin el día de los juicios y las condenas ejemplares por genocidio. Y que, como parte del mismo problema, aparezca con vida el testigo Julio López, hoy secuestrado por el bando genocida, en el que se quiso escarmentar y aterrorizar a todos los testigos de estos juicios.

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